Si llevas más de 90 días sin pagar dos o más deudas con dos o más acreedores, puedes pedir una negociación de deudas, la llamada «quiebra personal». Es la insolvencia de persona natural. La regula el Código General del Proceso, reformado por la Ley 2445 de 2025. Desde que se acepta la solicitud, los cobros se frenan. La deuda, en cambio, no desaparece.
Esas obligaciones vencidas deben sumar al menos el 30 % de tu pasivo total. Antes de la reforma, el porcentaje era del 50 %. Las deudas que pagas por libranza o descuento de nómina no cuentan, salvo que se hayan dejado de abonar. Basta tu declaración bajo juramento.
También puede pedirla el pequeño comerciante persona natural con activos inferiores a 1.000 salarios mínimos. Para 2026 son $1.750.905.000. No cuentan la vivienda familiar ni el vehículo de trabajo. Quedan excluidos quienes controlan sociedades en insolvencia empresarial.
El trámite va ante un centro de conciliación autorizado o una notaría con conciliadores inscritos. Puede ser virtual, sin importar dónde vivas. Si la deuda supera la mínima cuantía, necesitas abogado. La solicitud lleva las causas de tu situación y una propuesta de pago clara. También exige la lista de acreedores, de bienes y de procesos.
Cuando aceptan la solicitud, cambian varias cosas. No pueden iniciarte procesos de cobro. Los que están en curso se suspenden, incluida la ejecución de embargos de bienes, de sueldo y de cuentas. Además, se suspenden los descuentos por nómina y por libranza, salvo alimentos. Lo que se descuente igual es «ineficaz de pleno derecho», según la ley.
Los servicios públicos tampoco se pueden cortar por deudas anteriores. Según la ley, «…no podrá suspenderse la prestación de los servicios públicos domiciliarios en la casa de habitación ni en el lugar de trabajo del deudor». Si ya los cortaron, deben restablecerlos. La regla cubre otros contratos de pago periódico, como arriendo, educación y salud.
La cobranza también tiene límites. Si un acreedor te cobra tras conocer la admisión, recibe primero un llamado de atención y luego una amonestación. A la tercera vez se posterga el pago de todas sus obligaciones. Desde la cuarta, la Superfinanciera o la SIC pueden multarlo con el 10 % de lo cobrado.
Después viene la negociación. Dura 60 días desde que queda en firme la aceptación. Se pueden sumar 30 más si tú y un acreedor lo piden juntos. El acuerdo lo aprueban acreedores que representen más del 50 % de los votos. Su plazo máximo es de 5 años. Solo se amplía si más del 60 % de los votos lo aprueba.
Si no hay acuerdo, el caso pasa a un juez civil para la liquidación del patrimonio. Allí se liquidan tus bienes para pagar a los acreedores. El saldo que quede se vuelve «obligación natural»: ya no se puede cobrar por vía judicial. Pero ese beneficio se pierde si omites ingresos, bienes o deudas con dolo, ocultas bienes o simulas deudas.
La insolvencia no borra el reporte. Abierta la liquidación, el dato negativo caduca un año después de la fecha de la providencia. Si luego pagas el saldo, el acreedor debe informarlo para eliminarlo. Para volver a usar el trámite hay que esperar. Son 5 años si cumpliste un acuerdo. Si pasaste por liquidación son 10 años, o 15 si te negaron el beneficio.
Los codeudores y fiadores no quedan cobijados. Los procesos en su contra continúan, porque el acreedor conserva sus derechos frente a ellos. Las deudas de alimentos tampoco se suspenden.
Sobre el costo, la ley ordena que el trámite sea gratuito en los consultorios jurídicos de las facultades de derecho y en los centros de entidades públicas. Debía implementarse a más tardar el 1 de enero de 2026. Un proyecto de decreto del Ministerio de Justicia, publicado el 28 de julio, propone topes de deuda para esos centros. Las expensas, como comunicaciones y gastos secretariales, las paga quien solicita. Si no las paga, se entiende que desistió.
Los centros privados cobran dentro de topes que fija el Gobierno según el monto de la deuda. Conviene preguntar el valor antes de iniciar. Además, ningún empleador puede tener en cuenta que estés en este trámite. Si el empleador es un servidor público, hacerlo es causal de mala conducta.
El uso crece. Según Sicaac, hubo cerca de 10.400 solicitudes de personas naturales en 2024 y cerca de 18.700 en 2025. Las proyecciones para 2026 llegan a 26.640. Adriana Correa Restrepo, del FGA Fondo de Garantías, dice que el récord «exige una conversación seria sobre sostenibilidad, cultura de pago y capacidad operativa del sistema». Es vicepresidenta corporativa de esa entidad.
Esta nota es orientación general y no reemplaza la asesoría de un abogado. Antes de decidir, pide cita en un consultorio jurídico o una notaría de tu domicilio. Reúne la lista de tus acreedores, tus bienes y tus ingresos.
Fuentes: Ley 2445 de 2025, Código General del Proceso (Título IV), proyecto de decreto del Ministerio de Justicia (28 de julio de 2026), Sicaac, FGA Fondo de Garantías.
