A tres meses del terremoto del 10 de agosto, la pregunta de dónde está la plata de las donaciones tiene tres respuestas, porque son tres bolsas distintas. Una es pública. Otra es una donación privada anunciada por el Presidente. La tercera es de una fundación privada. De dos de ellas no hay un balance público de cuánto entró, cuánto se gastó y en qué. Hasta ahora, nada de lo revisado muestra un desvío o una irregularidad: lo que falta es información.
La primera bolsa es el Fondo Patria Milagro, conocido como Fondo Milagro. Es un patrimonio autónomo de derecho privado, creado en la emergencia económica y administrado por Fiducoldex. Su dinero es sobre todo público. El Decreto 1488 del 6 de octubre adicionó $624.656 millones al presupuesto de 2026, de recursos de crédito externo. Según el decreto, el fondo es «destinatario ejecutor de la totalidad de la adición presupuestal».
El Gobierno ha hablado de más cifras. El 7 de octubre anunció el arranque del fondo con «$1 billón». Ese anuncio solo documenta los $624.656 millones; no se conoce el desglose del resto. También se habló de $2,7 billones más en noviembre. Es una proyección: no significa que ese dinero esté disponible.
Tampoco hay un saldo público. El 17 de octubre, ante la Comisión Accidental Bicameral, habló el viceministro de Hacienda Andrés Quevedo. Dijo que el patrimonio autónomo «ya fue constituido» y «cuenta con los recursos». No dio cifras. La comisión pidió planes de acción y un cronograma. No se conoce un informe de ejecución posterior.
El manejo del fondo tiene letra menuda. Fiducoldex lo administra por contratación directa, con el contrato 6.001-2026. Cobra cerca de $248,6 millones al mes, sin IVA, y su duración es indefinida. Si el valor no cambia, eso suma unos $3.000 millones al año. Además, los recursos permanecen en la Cuenta Única Nacional, bajo el Tesoro, hasta que se cumplan condiciones de desembolso. El contrato no aparece en la consulta de datos abiertos del Secop, que puede tener rezago.
«Ausencia de criterios públicos y verificables para la priorización de proyectos y beneficiarios».
Transparencia por Colombia, 18 de septiembre
Esa organización pidió el 18 de septiembre publicar todos los contratos del fondo en el Secop. También pidió limitar la contratación directa. La representante Catherine Juvinao va más lejos. Dijo el 4 de noviembre que se están creando las condiciones para que el fondo «opere como un contratadero». Según ella, los manuales del fondo permitirían adiciones sin el tope del 50 %. Además, una norma suspendería 20 días hábiles la verificación de publicación en el Secop. Es su lectura de los manuales, no un hallazgo oficial.
La segunda bolsa son las donaciones privadas. El 13 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella agradeció en X una donación del Grupo Urbina. Eran $20.000 millones «al Fondo Milagro». No hay confirmación pública de Fiducoldex ni de Hacienda de que ese dinero haya llegado. Además, el 25 de octubre, en su alocución, el Presidente dijo: «Los aportes de los empresarios, las fundaciones y los donantes privados no ingresan al Fondo Patria Milagro». Las dos afirmaciones no cuadran, y el Gobierno no ha explicado cómo se concilian. Tampoco ha desglosado cuánto de los «más de $1 billón» comprometidos por privados es donación.
La tercera bolsa es la de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, de la primera dama, Ana Lucía Pineda. Es privada, no administra recursos del Estado y se creó el 7 de julio. Según su informe de gestión, del 7 de julio al 16 de octubre recibió $54.589 millones. El 81 % viene del Grupo Gilinski, unos $44.217 millones. Están condicionados a reconstruir seis sedes educativas y de salud en Cali.
El informe dice dónde está el dinero. Está en entidades financieras vigiladas por el Estado, aunque no nombra bancos. Hay una fiducia administrada por Credicorp, una interventoría técnica de ACI Proyectos y una auditoría de PwC. Los gastos administrativos son de $11,9 millones. Se aprobó un primer giro de $6.400 millones a la fiducia. El informe no lo presenta como gasto ejecutado. El gasto real en obra no tiene una cifra pública.
Hay una duda aritmética. Las obras de Cali tienen una referencia de $61.988 millones, más que los $44.217 millones del Grupo Gilinski. El informe no explica de dónde saldría la diferencia.
Pineda y su junta decidieron reservar el dinero para una segunda fase, sobre todo de vivienda. Ella niega irregularidades y dice que no tiene «nada que ocultar».
La rendición de cuentas de la fundación pasó por un juzgado. El senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, le envió 20 preguntas el 1 de octubre. La fundación respondió el 20 de octubre que lo pedido era «improcedente». Aun así, entregó información «de manera voluntaria y de buena fe». Según los reportes de prensa, el Juzgado 126 Penal Municipal de Bogotá amparó el derecho de petición. Le ordenó complementar la respuesta en 48 horas desde la notificación.
Debe aclarar, entre otras cosas, si recibió donaciones de contratistas del Estado. También debe entregar el inventario de ayudas en especie y datos agregados de beneficiarios. El juez dejó claro que no se pueden exigir documentos inexistentes ni revelar donantes personas naturales. El texto del fallo no se conoce. Tampoco se sabe si la fundación ya cumplió o si lo impugnó.
Ocampo dijo en X el 5 de noviembre: «Ahora vamos a saber dónde está la plata».
Para ti, que quieres saber si la ayuda llega, hay tres preguntas abiertas. ¿Cuánto ha desembolsado el Fondo Milagro y en qué contratos? ¿Entraron o no las donaciones privadas al fondo? ¿Cuánto de lo que tiene la fundación se ha convertido en obra? Presidencia, MinHacienda, Fiducoldex y la fundación no han publicado esas respuestas.
Fuentes: Decreto 1488 de 2026, alocución presidencial del 25 de octubre, informe de gestión de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, Prensa Senado, Transparencia por Colombia, Portafolio, Vanguardia, La República, El Colombiano y La Silla Vacía.
