Una directiva de la Fiscalía de 2023 prohíbe inspeccionar el lugar de trabajo de un periodista si eso puede revelar sus fuentes. Ahora la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Juan Pablo Barrientos, director del medio de investigación Casa Macondo, denuncian que la Fiscalía ordenó una inspección judicial a ese medio. Casa Macondo ya enfrenta denuncias penales y una orden judicial de retirar una investigación. Según la FLIP, la inspección la ordenó la Fiscalía 315 Local de Bogotá.
Hasta las 6:00 a. m. de este 10 de noviembre no se encontró un pronunciamiento de la Fiscalía. La orden no ha sido publicada.
Barrientos escribió en X, en un mensaje que Casa Macondo compartió: «La Fiscalía acaba de ordenar una inspección judicial a Casa Macondo, en contravía de la Directiva 003 de 2023». Cuestión Pública y El Veinte difundieron el mismo hecho. Cuestión Pública lo anunció el 9 de noviembre:
Lo que dice la FLIP sobre la orden
La FLIP publicó un comunicado en un hilo de X, a las 10:00 p. m. del 9 de noviembre. Allí describe el contenido de la orden. Según la fundación, la Fiscalía 315 Local de Bogotá ordenó verificar los soportes de publicaciones «supuestamente contra Francisco Bernate». La FLIP dice que Bernate no ha sido objeto de investigación del medio.
La diligencia, según la FLIP, contempla correos, documentos, comunicaciones y fechas de recepción. La fundación añade que la orden dice que no exigirá identificar fuentes protegidas. Sin embargo, advierte: «los documentos y sus fechas de recepción pueden revelar quién entregó la información».
La FLIP dice también que Barrientos desconoce quién presentó la denuncia. La orden menciona a Bernate como presunto afectado, aunque, según la fundación, sería el abogado del denunciante. Esa falta de claridad, dice, dificulta ejercer una defensa efectiva.
La fundación afirma que la orden «desconoce las garantías del trabajo periodístico y pone en riesgo la reserva de las fuentes». La ubica en una presión judicial más amplia. Según la FLIP, Barrientos enfrenta 13 denuncias penales activas.
La FLIP pidió dejar sin efecto los requerimientos que comprometan el secreto profesional. También pidió garantizar a Barrientos el acceso a la información necesaria. Dijo que puso el caso en conocimiento del despacho de la fiscal general.
El Veinte exigió revocar la orden. Cuestión Pública escribió que va «en contravía a la directiva 003 de 2023». Esa conclusión es de la FLIP, de Barrientos y de esos medios. Ninguno ha mostrado el documento.
La versión de Casa Macondo
Casa Macondo publicó el 10 de noviembre un reel en Instagram, de unos dos minutos. En la descripción, el medio dice que enfrenta «denuncias penales, una orden judicial de censura y ahora una inspección de la FiscaliaCol a nuestros archivos». Añade: «Son actuaciones distintas, pero todas comprometen el ejercicio de nuestro oficio».
«Investigamos al poder porque podemos. Seguiremos haciéndolo. No tenemos miedo».
Casa Macondo, en Instagram
Qué dice la Directiva 003 de 2023
La Directiva 003 de 2023 es una instrucción interna de la Fiscalía, no una ley. Su título es «Por medio de la cual se imparten lineamientos con respecto a las entrevistas y la prueba testimonial en el proceso penal». La firmó el entonces fiscal general, Francisco Barbosa. La FLIP la fecha el 12 de abril de 2023; la Fiscalía la presentó el 20 de junio de ese año.
La FLIP resumió su contenido cuando se presentó. Los fiscales no pueden pedir a periodistas entrevistas o testimonios para que revelen sus fuentes. Tampoco pueden inspeccionar el lugar de trabajo, el medio o la casa de un periodista cuando eso pueda revelar esas fuentes. El literal sobre secreto profesional, reproducido por la revista Cambio, dice: «Los periodistas no pueden ser citados a entrevista o testimonio».
Como fundamento, la Fiscalía citó el artículo 20 de la Constitución, sobre libertad de información, y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aparte, el artículo 74 de la Constitución dice que «el secreto profesional es inviolable».
La prohibición de la directiva, entonces, es sobre inspecciones que puedan revelar fuentes. Cuestión Pública y El Veinte la presentan como una prohibición general. Sin conocer la orden, no se puede saber cuál de las dos lecturas aplica.
La FLIP ya criticó la directiva en 2023. Dijo que se limita a la protección de la fuente y que no agrega medidas para el ejercicio periodístico. Recordó además un compromiso pendiente: desde octubre de 2020, la Fiscalía prometió crear una mesa de trabajo con la prensa.
Dos casos anteriores
En octubre de 2023, un investigador del CTI le avisó al director de Revista Raya, Edinson Bolaños, de una orden de la Fiscalía 515 Local para inspeccionar judicialmente los archivos y las fuentes del medio. El 30 de octubre llegó un oficio que pedía informar las fuentes de una investigación sobre el coronel Esparza.
El 2 de noviembre de 2023, la Fiscalía dijo en X que compulsó copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para establecer si el fiscal violó la Directiva 003. La FLIP pidió más medidas que esa.
En marzo de 2024, la revista Cambio recibió la comunicación de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Pedía acceso al expediente que sirvió de fuente a una nota de la periodista Sylvia Charry. Cambio la calificó de arbitraria.
La Fiscalía respondió que «reitera su compromiso con la libertad de prensa» y compulsó copias por una posible violación de la directiva. En los dos casos, la respuesta llegó en pocos días y fue disciplinaria.
El pleito con el magistrado Ibáñez
En agosto de 2025, Casa Macondo publicó una investigación sobre el magistrado Ibáñez Najar, entonces presidente de la Corte Constitucional.
El 9 de febrero de 2026, la jueza Catalina María Manrique Calderón, del Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva, resolvió una tutela en segunda instancia. Ordenó a Casa Macondo eliminar la investigación y abstenerse de publicar contenidos que atenten contra la intimidad, la honra o el buen nombre del magistrado. Debía además publicar un aviso de retiro por orden judicial durante 30 días.
Casa Macondo acató «bajo protesta». La FLIP rechazó el fallo y dijo que «el umbral de escrutinio público es necesariamente más amplio» cuando se trata de altos funcionarios. Esa orden es de un juzgado, no de la Fiscalía, y es un proceso distinto de la inspección que ahora se denuncia.
Según El Expreso, la Corte Constitucional evalúa si mantiene o levanta esa orden.
Lo que falta
Falta la versión de la Fiscalía. Falta también el documento de la orden, el número del proceso y el delito que se investiga. Se buscaron pronunciamientos de la Fiscalía en sus cuentas y páginas oficiales. Hasta las 6:00 a. m. del 10 de noviembre no había ninguno sobre este caso. La nota se actualizará si la Fiscalía se pronuncia.
Fuentes: FLIP, Juan Pablo Barrientos, Casa Macondo, Cuestión Pública, El Veinte, El Expreso, Fiscalía General de la Nación, Constitución Política, Vanguardia, La Silla Vacía, El Espectador, Cambio.
