Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), fue capturado en Neiva. Fue entre el 6 y el 7 de noviembre. El Gaula Militar Huila lo anunció en X el 7 de noviembre, con el CTI de la Fiscalía y la Policía. Según el Diario del Huila, un juez de control de garantías legalizó la captura.
La Fiscalía le atribuye cuatro delitos: concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, falsedad material en documento público y fraude procesal. La Nación informó el 8 de noviembre que la Fiscalía Segunda Especializada contra delitos informáticos los imputaría ante un juez de Bogotá. Hasta el 9 de noviembre no se conocía el resultado de esas audiencias ni la medida de aseguramiento.
El Gaula Militar dijo que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y la Fiscalía habrían sido víctimas de acciones ilícitas. Habría sido entre 2017 y 2023. Según El Tiempo, un juez emitió una orden de captura contra Oyola el 7 de mayo. Sería por presuntas irregularidades informáticas en la UNAD, como alteración de notas y matrículas.
Un informe interno de la DNI actual, revelado por Noticias Caracol, va más lejos. Dice que Oyola «hackeó entidades del Estado para que contrainteligencia tuviese acceso a las bases de datos». Afirma también que lidera una red para cambiar los resultados de la votación del 21 de junio. El Tiempo advierte que esas afirmaciones «deberán ser contrastadas por las autoridades judiciales». El documento lo produjo la administración de Abelardo de la Espriella sobre funcionarios del Gobierno anterior. Ningún fiscal ni juez ha formulado esas acusaciones.
No se conoce la versión de Oyola ni el nombre de su defensor. Hasta el 10 de noviembre no aparecían en X ni en la cobertura de los medios nacionales y del Huila.
Jorge Lemus, exdirector de la DNI, dijo a El Tiempo que Oyola llegó antes de que él dirigiera la entidad. Lo contrataron en febrero de 2024. Estaba en el área que actualizaba el Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC). Sobre si Oyola entregó ese trabajo, dijo:
«No sé si él la entregó o no porque yo salí de la entidad en enero pasado».
Jorge Lemus, exdirector de la DNI
El informe interno dice, en cambio, que Oyola fue «puesto a disposición» de Lemus, quien lo habría reubicado en el grupo de tecnología. Es un señalamiento de un documento interno, no probado.
El 9 de noviembre, la Contraloría ordenó revisar de forma prioritaria cinco contratos de la DNI. Suman cerca de $20.783 millones. Incluyen un helicóptero no tripulado por $9.000 millones y tres sistemas antidrones por $8.340 millones. También hay computadores, un sistema biométrico, mobiliario de la sede de Funza y el SIIC v.2. Es una revisión, no una conclusión de irregularidades.
Oyola fue asistente en la unidad de trabajo legislativo del hoy gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera. Villalba no está señalado de ningún delito. Dijo a El Tiempo que lo conoció «como a un joven cualquiera». Según él, solo le ayudaba con las redes sociales.
«Nunca hizo nada tecnológico o de sistemas y mucho menos lo recomendé para algún cargo».
Rodrigo Villalba, gobernador del Huila
Gustavo Alberto Lozano Ferro, exdirector de Tecnologías del Consejo Nacional Electoral, también habló con El Tiempo. Dijo que solo vio a Oyola una vez, más o menos el año pasado. Agregó que desconoce por qué lo vinculan y que no ha sido notificado de ninguna investigación.
La Misión de Observación Electoral (MOE) pidió controles. Alejandra Barrios, su directora, dijo a Blu Radio que la DNI «sin controles suficientes es una vulnerabilidad a la seguridad nacional». Barrios no ató sus palabras al caso de Oyola.
Siguen pendientes la imputación, la medida de aseguramiento y la revisión de la Contraloría.
Fuentes: Gaula Militar (X), Diario del Huila, El Tiempo, Noticias Caracol, Infobae, La Nación, Blu Radio, Contraloría General, MOE.