La Contraloría General de la República emitió este 5 de noviembre de 2026 una Advertencia Especial al Ministerio de Salud y Protección Social por riesgos en el uso de recursos para infraestructura hospitalaria. Según el organismo, al 30 de junio de 2026 la cartera registraba $10,18 billones en transferencias y subvenciones condicionadas pendientes de legalización.
Legalizar una transferencia condicionada significa que quien recibió el dinero, como un hospital o una entidad territorial, demuestre cómo lo gastó según las condiciones fijadas. Por eso, que esos recursos estén sin legalizar no equivale a que se hayan perdido. Una Advertencia Especial es una alerta preventiva: no es un fallo de responsabilidad fiscal y, hasta ahora, nadie ha determinado un detrimento patrimonial.
El seguimiento lo hizo la Contraloría Delegada para el Sector Salud durante el primer semestre de 2026. Revisó una muestra de 40 proyectos de infraestructura y equipos médicos financiados entre 2022 y 2025, por $1,03 billones.
De esos 40 proyectos, 22 requieren «especial vigilancia fiscal». Suman $541.194 millones, es decir, el 52,77 % del valor de la muestra. Entre esas situaciones, según el ente de control, están retrasos y suspensiones en su desarrollo.
Además, solo el 1,61 % de los recursos asignados entre 2022 y 2025 corresponde a proyectos reportados como terminados. La cifra mide valor asignado, no cantidad de obras, y tampoco dice cuántos hospitales funcionan hoy.
La Contraloría identificó varias fallas recurrentes en los proyectos revisados:
– Deficiencias en estudios y diseños.
– Cambios de alcance frente a lo aprobado.
– Mayores cantidades de obra y actividades no previstas.
– Insuficiencias presupuestales.
– Débil trazabilidad de los recursos.
– Diferencias entre lo construido y lo aprobado.
Según el organismo, estos problemas pueden afectar los costos, los plazos y la funcionalidad de las obras.
El contralor Jorge Eliécer Laverde Vargas reiteró la advertencia sobre el riesgo inminente de pérdida de recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En su comunicado, la entidad afirmó que «no basta con ejecutar los recursos y terminar las obras», y anunció que mantendrá una vigilancia fiscal rigurosa.
Según lo que se conoce de la advertencia, no nombra hospitales, departamentos ni contratistas. Tampoco incluye recomendaciones formales ni plazos. Además, no separa lo girado en administraciones anteriores de lo que ya administra el Gobierno actual. La muestra cubre proyectos de 2022 a 2025, y el corte de los $10,18 billones es del 30 de junio de 2026, antes de la posesión del nuevo Gobierno el 7 de agosto.
Este no es el primer aviso sobre el tema. En septiembre, la ministra de Salud, Ana María Vesga, informó que, de una asignación principal de $4,4 billones en agosto, unos $4,3 billones estaban comprometidos y solo $1,3 billones obligados. También dijo: «Cada peso comprometido será revisado y cada irregularidad será denunciada». La Contraloría, por su parte, dio opinión contable negativa a la vigencia 2025 del Ministerio y no feneció su cuenta.
A finales de octubre, el Ministerio denunció ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría asignaciones hechas entre el 1 y el 6 de agosto por $885.000 millones. Ese es un proceso distinto al de esta advertencia.
Hasta la mañana del 5 de noviembre, el Ministerio de Salud no se había pronunciado sobre la Advertencia Especial.
Fuentes: Portafolio, La República, El Tiempo, ConsultorSalud, Infobae.
