Mujer de cabello rizado habla por celular junto a una ventana con gesto de preocupación
Imagen de referencia: mujer hablando por teléfono / Shixart1985 (Wikimedia Commons, CC BY 2.0). Recorte de El Centavo

Desde esta semana, bancos, telcos y comercios que dan crédito deben frenar el cobro si una persona dice que fue suplantada. Lo ordena la Ley Estatutaria 2573 de 2026. Fue sancionada el 19 de mayo y publicada en el Diario Oficial 53.496 del 20 de mayo. Su artículo 13 la hace regir dentro de los seis meses siguientes a su promulgación, un plazo que se cumplió esta semana. El texto no fija el día exacto.

«Deberá suspender de manera inmediata el cobro del bien y/o servicio incluyendo los intereses, gastos de cobranza y demás que se pudieren haber generado».

Ley 2573 de 2026, artículo 8

Esa es la regla central. La Corte Constitucional, que revisó la ley antes de su sanción, declaró ese inciso constitucional bajo condiciones, según la compilación de la Secretaría del Senado. Cuando la persona se opone al cobro, la entidad debe avisarle que tiene 20 días hábiles. En ese plazo debe denunciar ante la Fiscalía y entregar los soportes. La entidad tampoco puede decidir por su cuenta que no hubo suplantación. Según el artículo 10, eso solo lo determinan las autoridades judiciales.

El artículo 6 pone deberes al ciudadano. Debes avisar a la entidad apenas te enteres y aportar una prueba sumaria. También debes denunciar ante la Fiscalía o la Policía. Además, tienes que presentar la prueba de validación de identidad que te pida la entidad.

Si la persona lo pide, la entidad debe entregarle copia de los documentos con los que aprobó el producto. El artículo 5 dice que «bajo ninguna circunstancia podrá negarse la entrega de esta información a la persona».

Si apareces en una central de riesgo por una deuda que no contrataste, la entidad tiene 10 días hábiles. En ese tiempo debe cotejar los documentos y pedir la corrección del dato. El reporte debe llevar la leyenda «Víctima de Falsedad Personal». Según el artículo 7, esa leyenda no puede tomarse como reporte negativo ni bajar la calificación de riesgo.

Suspender el cobro no borra la deuda. Si no presentas la denuncia y los soportes en los 20 días hábiles, la entidad puede reanudar el cobro. Lo haría con intereses desde el momento en que lo suspendió, y también puede reportarte a las centrales.

La suspensión dura hasta que un juez ponga fin a la actuación penal. Si se comprueba la suplantación, quedas exonerado de los cobros y de los reportes negativos. Si no existió, la entidad puede cobrar con todos los intereses, «como si nunca se hubiera suspendido». Mientras tanto, la prescripción no corre. Quien alegue una suplantación falsa responde penalmente por falsa denuncia.

Hasta ahora, la carga de demostrar la suplantación recaía en el ciudadano. La ley adopta la «carga dinámica de la prueba»: prueba quien está en mejores condiciones de hacerlo. Por eso bancos y telcos deben entregar lo que recibieron al aprobar el producto.

Santiago Montoya, CEO de AUCO, describió el origen del problema. Dijo que «la falla de fondo es que durante años muchas empresas validaron datos, pero no validaron personas». AUCO vende servicios de validación de identidad, así que es parte interesada.

La ley dio seis meses a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superfinanciera para reglamentar los protocolos de identificación. Deben hacerlo con el MinTIC. El Gobierno también debe diseñar una «ruta pública integral» de atención en ese plazo. No se encontró que esos protocolos ya estén expedidos.

Camila Vivas Valencia, en una columna de Asuntos Legales, la calificó como una protección necesaria, pero aún sin reglas claras. Advierte que sin lineamientos técnicos puede haber uso oportunista con reclamaciones infundadas. Señala que entidades y supervisores tienen el mismo plazo. Así, los bancos implementan sin conocer el criterio de los supervisores. A su juicio, la definición de suplantación podría cubrir cualquier uso no autorizado de una tarjeta.

También cuestiona el alcance de suspender los reportes a las centrales. Señala plazos que no coinciden: 10 días hábiles para responder la queja y 15 para resolver reclamos antes de que opere el silencio positivo.

En la práctica, ganan las víctimas de suplantación, sobre todo en telecomunicaciones. Pierden las entidades con controles débiles, porque ahora les toca aportar la prueba.

Conviene guardar el radicado de cada reclamo. Según el artículo 11, si la entidad no cumple, cada autoridad puede actuar con sus facultades, como la SIC y la Superfinanciera. Esta nota es informativa y no reemplaza la asesoría de un abogado.

Fuentes: Ley 2573 de 2026 (Secretaría del Senado), Valora Analitik, Asuntos Legales.

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