Tren de carbón del Cerrejón, con locomotoras amarillas y blancas y vagones negros, por un camino de tierra en La Guajira
Foto de archivo: tren de carbón del Cerrejón, La Guajira / Daniel Luis Gómez (Flickr, Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

La Ley de Rescate Económico propone subir el impuesto nacional al carbono. El proyecto se radicó el 29 de octubre en la Cámara de Representantes. Los generadores de energía (Andeg) calculan que el aumento llegaría a la factura de luz. Sería de 5 % a 6 % para los hogares y de 8 % a 9 % para la industria. El primer debate está previsto para la primera semana de diciembre y nada está aprobado.

El Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara (328 en Senado) dedica los artículos 53 a 55 a este tributo. El artículo 54 fija la tarifa general por tonelada de CO2 equivalente. Será de 0,87 UVT en 2027, 1,23 UVT en 2028 y 1,59 UVT desde 2029. La exposición de motivos cita 0,876 UVT para 2027, pero el articulado dice 0,87.

Hoy la tarifa es de $29.070,49 por tonelada de CO2 equivalente. Con la UVT de 2026 ($52.374), 1,59 UVT equivale a unos $83.275. La UVT de 2027 será distinta, así que esa cifra es una referencia de El Centavo.

El impuesto también se calcula por unidad de combustible. Según el artículo 54, la tonelada de carbón pasaría de 2,267 UVT en 2027 a 4,048 UVT desde 2029. Con la UVT de 2026, eso es cerca de $118.700 y $212.000 por tonelada, según cálculo de El Centavo.

La tabla no se limita al carbón. Gravaría además el fuel oil, el ACPM, el jet fuel, el queroseno, la gasolina, el GLP y el gas natural. Por ejemplo, la gasolina pasaría a 0,014 UVT por galón desde 2029, unos $733 con la UVT de 2026. La exposición de motivos explica el motivo. La Ley 2277 de 2022 dejó al diésel, al gas natural y a la gasolina con una carga baja frente a sus emisiones.

El proyecto también toca la compensación. Hoy quien certifica carbono neutro puede dejar de pagar hasta 50 % del impuesto. El artículo 53 baja ese tope a 25 %. La no causación «no podrá exceder, en ningún caso, el veinticinco por ciento (25 %) del impuesto que se habría causado de no aplicarse este mecanismo». Además, la tarifa se ajustaría cada año con IPC más 2 puntos, en vez de IPC más 1.

Según la exposición de motivos, el Gobierno busca fortalecer la señal de precio y aumentar el recaudo. Con la regla actual, dice, llegar al tope de 3 UVT tardaría 175 años; con el cambio, 69. Calcula que el impuesto aportaría 0,03 % del PIB en 2027 y 0,06 % en 2030. La gradualidad, añade, busca mitigar efectos sobre la oferta energética.

Ese documento no trae el efecto sobre la factura de los hogares. La cifra la dio Andeg, un gremio con interés en el tema. Su presidente, Alejandro Castañeda, explicó, según Colprensa y La Opinión, que el carbón y los líquidos marcan el precio en contratos y en bolsa. Por eso el costo se traslada a todo el sistema. El gremio estima más de $51 adicionales por kilovatio hora con la tarifa plena. Calcula también un alza de 1,5 % a 8 % en el costo de la generación térmica.

«Estas presiones elevarían los costos de generación térmica y podrían trasladarse al componente de generación de la tarifa de energía que pagan los usuarios, con efectos sobre la competitividad empresarial y el costo de vida de los hogares».

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg

Castañeda también cuestionó, según Valora Analitik, la rebaja de la no causación. Dijo que la restricción va «en contravía con lo planteado en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 y la agenda ABC del Gobierno Nacional, dado que marchitaría el mercado de bonos de carbono en el país». Según Valora, Andeg calcula además un efecto neto negativo de $3,8 billones a 2029. El recaudo neto sería de $1,2 billones.

Fenalcarbón, el gremio de los carboneros, también se opone. Su presidente, Carlos Cante, pidió al Gobierno una senda gradual de al menos 20 años. Según el gremio, $212.000 por tonelada equivaldrían a cerca de 70 % del precio del carbón en boca de mina. Advirtió que afectaría a térmicas, siderúrgicas, cementeras y coquizadoras. «Colombia necesita una política energética que garantice abastecimiento confiable, precios competitivos y sostenibilidad», dijo Cante.

El articulado mantiene el 20 % del recaudo para el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Crea además el Fondo para la Sustentabilidad y la Resiliencia Climática (FONSUREC), adscrito al Ministerio de Ambiente. La exposición de motivos habla de eliminar el 80 % de la destinación específica para dar flexibilidad al Gobierno.

Según la exposición de motivos, los proyectos de agricultura, silvicultura y deforestación evitada (REDD+) concentran el 76 % de la no causación. Son el mercado de bonos que, según Andeg, se marchitaría con el nuevo tope.

El primer debate será en las comisiones económicas conjuntas. La Opinión lo ubica el 1 y 2 de diciembre. El cronograma del Gobierno, según Valora, habla de la primera semana del mes. Los ponentes fueron designados el 13 de noviembre; el coordinador es Guillermo Alvira Acosta.

El proyecto tiene 106 artículos. Las leyes de financiamiento de 2024 y 2025 se hundieron en comisiones. Por eso no hay garantía de que esta avance.

Fuentes: texto radicado del Proyecto de Ley 477 de 2026 (Cámara de Representantes), Valora Analitik, La Opinión, Colprensa, La Razón y Semana.

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