La Cancillería contrató una auditoría forense para revisar 52 contratos de 2022 a 2024. Son años del gobierno de Gustavo Petro. El contrato, por $286 millones, lo firmó el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. El contratista es la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa (UID). Lo reveló El Espectador el viernes 20 de noviembre, con base en documentos de la entidad.
Según esos documentos, el objeto es la «prestación de servicios profesionales especializados de auditoría forense con componente investigativo y enfoque de detección». La UID tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2026.
Los 52 contratos fueron celebrados por mínima cuantía. Es la modalidad para compras y servicios de bajo valor. La Cancillería los había «identificado previamente». Los documentos no precisan su valor total, el criterio de selección ni cómo se escogió al contratista.
La auditoría recopilará, verificará, analizará y correlacionará los expedientes contractuales y los documentos administrativos. También revisará la información financiera y societaria de los contratistas. Y examinará los informes de supervisión.
Entre lo que buscará están las inconsistencias documentales y los comportamientos inusuales. Además, revisará posibles conflictos de intereses, acuerdos entre contratistas y esquemas de fraude. También mirará el uso irregular de estructuras societarias y otros riesgos de corrupción.
El trabajo debe establecer, además, si hay elementos para «decisiones o actuaciones posteriores». La entidad aclaró que el contrato no declara responsabilidad de nadie ni demuestra corrupción. Los hallazgos, según su planteamiento, serán «asuntos por verificar».
Según los documentos preparatorios, es la primera vez que la Cancillería y su Fondo Rotatorio contratan una auditoría así. El Fondo Rotatorio indicó que la UID ha trabajado con la Adres y la Uaesp. También con el Ministerio de Educación y el Departamento de Control Interno de Cali.
Esta auditoría es distinta de otra revisión de este año. Esa revisión cubrió los procesos de contratación de 2026. Tras ella, la entidad trasladó 19 contratos a la Contraloría. La Cancillería precisó entonces que los montos observados no equivalen a un detrimento probado.
El anuncio se suma a lo que el Gobierno de De la Espriella dice sobre el estado en que recibió la entidad. Sobre la Cancillería, el llamado «Libro de la Verdad» señala 712 cargos de planta. Frente a ellos, hay 764 contratos de prestación de servicios. También plantea un déficit de funcionamiento de $168.425 millones para lo que resta de 2026. Son señalamientos del Gobierno actual, no cifras verificadas de forma independiente.
La Fiscalía ya había dicho que ese libro no «implica automáticamente el inicio inmediato de investigaciones formales».
La auditoría pone bajo examen a funcionarios y contratistas de 2022 a 2024. Petro ha rechazado antes señalamientos de irregularidades en su contratación. En el empalme calificó de «persecución política» las auditorías que se anunciaron entonces. Sobre el «Libro de la Verdad», dijo que 23 de sus hechos son políticas públicas y no delitos.
Fuentes: El Espectador, Infobae, La Tapa, CR Prensa, Diario del Sur, Fiscalía General de la Nación.