Un ciudadano recibe un extracto bancario. Allí aparecen cuotas de un crédito que nunca solicitó. Otro descubre una línea telefónica abierta a su nombre. Algunos aparecen reportados en centrales de riesgo por compras que jamás realizaron. Estas situaciones ocurren con frecuencia en Colombia. Sin embargo, desde mayo existe una herramienta legal para enfrentarlas.
La Ley Estatutaria 2573 de 2026 fue promulgada el 19 de mayo pasado. Esta norma introduce un cambio fundamental en la responsabilidad empresarial. Ya no basta con que un banco afirme que alguien aceptó un crédito. Tampoco es suficiente que un operador de telefonía diga que activó un servicio. Ahora las empresas deben demostrar qué controles aplicaron antes de aprobar cualquier operación.
Las entidades financieras y comerciales tienen plazo hasta noviembre para adaptarse. La ley entró en vigor en mayo. No obstante, su régimen general comienza seis meses después de la promulgación. Este período permite a las empresas ajustar sus sistemas de verificación de identidad.
Santiago Montoya es CEO de AUCO. Esta compañía se especializa en validación de identidad y firma electrónica. Montoya explica el alcance de la nueva normativa. “Las empresas deben validar la identidad antes de autorizar cualquier producto o crédito y conservar las pruebas de ese proceso. Si no pueden demostrar que la persona realizó la solicitud, pueden perder el derecho a cobrar y tendrán que asumir la pérdida”, señala el experto.
Esta disposición traslada la carga de la prueba. Anteriormente, las víctimas debían demostrar que no realizaron la operación. Ahora las empresas deben probar que sí hubo verificación adecuada. Este cambio representa un giro significativo en la protección al consumidor.
Cuando alguien descubre un cobro indebido, debe actuar rápidamente. El primer paso es comunicarse con la entidad responsable. Debe solicitar la suspensión inmediata del cobro. También es necesario pedir que se detengan los intereses. Los gastos de cobranza igualmente deben congelarse mientras se investiga la situación.
Los expertos recomiendan no realizar ningún pago durante la investigación. Un desembolso podría interpretarse como aceptación de la operación. Esta acción debilitaría la posición de la víctima. Por tanto, es fundamental mantener la postura de rechazo hasta aclarar los hechos.
El reclamo no puede limitarse a una llamada telefónica. La ley exige dejar constancia formal de la comunicación. Es indispensable obtener un número de radicado. La fecha de la comunicación debe quedar registrada. Además, se debe solicitar copia de los documentos utilizados para aprobar el producto.
Los correos electrónicos son evidencia valiosa. Los mensajes de texto también sirven como respaldo. Los extractos bancarios deben conservarse cuidadosamente. Las capturas de pantalla pueden resultar útiles. Toda esta documentación cobra importancia si el caso llega ante una autoridad.
Existe un plazo crítico que no puede ignorarse. La persona afectada tiene 20 días hábiles después de suspender el cobro. En ese período debe presentar una denuncia formal. Esta se radica ante la Fiscalía General de la Nación. También puede presentarse ante la Policía Nacional. La denuncia debe señalar un posible caso de falsedad personal.
El incumplimiento de este plazo tiene consecuencias. Si no se denuncia a tiempo, la entidad puede reanudar el cobro. Los intereses también se reactivarían. La única excepción ocurre si la empresa encuentra evidencia de fraude por su cuenta. Por ello, actuar dentro del plazo es fundamental para proteger los derechos.
Con la denuncia radicada, se abre otra posibilidad. El ciudadano puede solicitar una marcación especial en las centrales de riesgo. Esta marca lo identifica como “Víctima de Falsedad Personal”. Se trata de una alerta diferente al reporte por mora.
Esta marcación no castiga el puntaje crediticio de la persona. Su función es advertir sobre una posible operación fraudulenta. Permanece mientras se desarrolla la investigación. De esta manera, se protege el historial financiero de la víctima. Además, se previenen nuevos intentos de suplantación.
El contexto en el que surge esta ley es preocupante. El fraude digital continúa creciendo en Colombia. MinTIC y el Comando Conjunto Cibernético monitorean estos delitos. A través de ColCERT, han documentado la evolución del fenómeno.
Los datos revelan una tendencia alarmante. El fraude digital representó el 79,83 % de los incidentes registrados. Este porcentaje corresponde a los últimos dos años. Las modalidades más frecuentes incluyen el phishing. También destaca el uso no autorizado de cuentas de correo electrónico.
Existe un patrón temporal en estos delitos. Los meses de julio, agosto y septiembre concentran más reportes. Históricamente, estos períodos han mostrado mayor actividad fraudulenta. Las autoridades recomiendan extremar precauciones durante estas fechas.
La inteligencia artificial agrega complejidad al problema. Las técnicas de suplantación se han sofisticado notablemente. Ya no basta con solicitar una fotografía de la cédula. Los delincuentes pueden manipular imágenes con herramientas avanzadas.
Montoya advierte sobre los nuevos desafíos. “La validación de identidad no puede reducirse a pedir una fotografía de la cédula. Se debe comprobar que el documento sea auténtico, que la imagen haya sido capturada en tiempo real, que los datos coincidan y que la persona que realiza el trámite esté presente. Esto permite detectar fotocopias, documentos manipulados o imágenes creadas mediante inteligencia artificial”, explica el experto.
La verificación robusta requiere múltiples capas de seguridad. Primero, debe confirmarse la autenticidad del documento. Segundo, la imagen debe capturarse en tiempo real. Tercero, los datos deben coincidir entre sí. Cuarto, debe verificarse la presencia física de la persona. Solo así pueden detectarse fotocopias alteradas. También se identifican documentos manipulados digitalmente. Incluso pueden descubrirse imágenes generadas por inteligencia artificial.
Las autoridades han emitido recomendaciones para la ciudadanía. Nunca se deben compartir fotografías de la cédula por mensajería. Los códigos de seguridad tampoco deben enviarse por estas vías. Los enlaces recibidos desde números desconocidos deben evitarse. Además, es importante consultar periódicamente el historial crediticio.
La revisión regular del historial permite detectar anomalías tempranamente. Cualquier operación desconocida puede identificarse a tiempo. Esto facilita la respuesta rápida ante posibles fraudes. La prevención sigue siendo la mejor estrategia.
La nueva ley representa un cambio en la cultura de la seguridad financiera. Las empresas deben invertir en tecnología de verificación. Los procesos de aprobación deben fortalecerse. La documentación de cada operación debe ser exhaustiva.
Para los consumidores, la norma ofrece mayor protección. Ya no cargan solos con la responsabilidad de probar su inocencia. Las empresas deben demostrar que actuaron con diligencia. Este equilibrio busca reducir la impunidad en casos de suplantación.
El período de adaptación hasta noviembre es crucial. Las entidades deben implementar sistemas robustos de verificación. Deben capacitar a su personal en los nuevos procedimientos. También necesitan establecer protocolos claros de documentación.
Los bancos enfrentan el mayor desafío. Manejan productos financieros de alto riesgo. Un error en la verificación puede generar pérdidas significativas. Por ello, muchos están adoptando tecnologías biométricas avanzadas. El reconocimiento facial se está volviendo común. La verificación de huellas digitales también se expande.
Los operadores de telefonía tienen retos similares. La apertura de líneas fraudulentas es frecuente. Estas se utilizan para cometer otros delitos. Por tanto, la verificación rigurosa beneficia a todo el ecosistema.
El comercio también debe adaptarse. Las compras financiadas requieren validación estricta. Los créditos de consumo no pueden aprobarse sin verificación adecuada. Cada sector debe desarrollar protocolos específicos según sus riesgos.
La implementación de la ley traerá cambios operativos. Algunos trámites podrían volverse más lentos inicialmente. Sin embargo, la seguridad adicional justifica este costo. Con el tiempo, los sistemas se optimizarán. La tecnología permitirá verificaciones rápidas y confiables.
Los ciudadanos deben conocer sus nuevos derechos. La información es la primera línea de defensa. Saber qué hacer ante un cobro indebido marca la diferencia. Actuar dentro de los plazos legales es fundamental.
Las centrales de riesgo también ajustan sus procedimientos. Deben diferenciar entre reportes por mora real y posible fraude. La marcación como víctima de falsedad personal requiere procesos específicos. Estos deben proteger el puntaje crediticio de personas inocentes.
La Fiscalía General recibirá más denuncias por falsedad personal. Debe prepararse para procesar estos casos eficientemente. La coordinación con entidades financieras será esencial. Solo así pueden resolverse las investigaciones en tiempo razonable.
La Policía Nacional también cumple un papel importante. Recibe denuncias y conduce investigaciones preliminares. Su capacidad de respuesta afecta la efectividad de la ley. Por ello, la capacitación en estos delitos es prioritaria.
El impacto de la ley se medirá en varios indicadores. La cantidad de casos de suplantación debería disminuir. Las pérdidas por fraude para las empresas podrían reducirse. La confianza del consumidor en el sistema financiero debería aumentar.
Sin embargo, los delincuentes también se adaptan. Buscarán nuevas formas de burlar los controles. La batalla contra el fraude es continua. Requiere actualización constante de tecnologías y procedimientos.
La educación financiera de la población es complementaria. Los ciudadanos deben entender cómo proteger su identidad. Deben reconocer intentos de phishing y otras modalidades de fraude. La prevención individual refuerza la protección legal.
Las empresas de tecnología tienen oportunidades en este contexto. Los sistemas de verificación de identidad tienen demanda creciente. Las soluciones basadas en inteligencia artificial son especialmente valiosas. Pueden detectar patrones de fraude que escapan al análisis humano.
La firma electrónica también gana relevancia. Proporciona evidencia irrefutable de que alguien realizó una operación. Su implementación generalizada fortalecería todo el sistema. Además, facilita los trámites legítimos sin sacrificar seguridad.
La protección de datos personales es otro aspecto crítico. Las empresas deben custodiar adecuadamente la información recopilada. Una filtración podría facilitar nuevos casos de suplantación. Por tanto, la ciberseguridad debe ser prioritaria.
El costo de implementar estos sistemas preocupa a algunas empresas. Sin embargo, las pérdidas por fraude suelen ser mayores. La inversión en seguridad es económicamente justificable. Además, la ley no deja opción: es obligatoria.
Las pequeñas y medianas empresas enfrentan desafíos particulares. Pueden carecer de recursos para sistemas sofisticados. No obstante, existen soluciones escalables para diferentes tamaños de operación. Proveedores especializados ofrecen servicios adaptados a cada necesidad.
La colaboración entre empresas puede ser beneficiosa. Compartir información sobre patrones de fraude ayuda a todos. Las asociaciones sectoriales pueden facilitar esta cooperación. También pueden desarrollar estándares comunes de verificación.
Los consumidores deben permanecer vigilantes. Revisar regularmente extractos bancarios es fundamental. Cualquier cargo desconocido debe cuestionarse inmediatamente. La detección temprana facilita la resolución del problema.
Las redes sociales representan un riesgo adicional. Compartir demasiada información personal facilita la suplantación. Los delincuentes recopilan datos de múltiples fuentes. Con esta información, pueden parecer legítimos ante sistemas de verificación débiles.
La ley también tiene implicaciones para el comercio electrónico. Las compras en línea requieren verificación rigurosa. Los métodos de pago deben incorporar múltiples factores de autenticación. La seguridad no puede sacrificarse por conveniencia.
El futuro de la identificación digital está en evolución. La tecnología blockchain podría ofrecer soluciones innovadoras. Las identidades digitales verificables ganarán importancia. Estos desarrollos podrían hacer la suplantación extremadamente difícil.
Mientras tanto, la Ley 2573 de 2026 marca un hito importante. Reconoce que la suplantación de identidad es un problema serio. Asigna responsabilidad clara a las empresas. Proporciona herramientas efectivas a las víctimas.
El éxito de la norma dependerá de su implementación. Las empresas deben tomarla en serio. Las autoridades deben hacerla cumplir. Los ciudadanos deben conocerla y utilizarla.
La reducción del fraude beneficia a toda la sociedad. Las empresas ahorran en pérdidas. Los consumidores recuperan confianza. El sistema financiero se fortalece. La economía funciona más eficientemente.
Los próximos meses serán determinantes. Noviembre marca el inicio de la exigencia plena. Para entonces, todas las empresas deben estar preparadas. Los sistemas deben estar operando. El personal debe estar capacitado.
Las víctimas de suplantación anteriores a la ley también merecen atención. Aunque la norma no es retroactiva, establece un precedente. Puede influir en la resolución de casos antiguos. Las empresas podrían revisar sus políticas sobre deudas disputadas.
La documentación sigue siendo fundamental. Guardar todos los comprobantes y comunicaciones es esencial. Estos documentos pueden ser decisivos en una disputa. La organización personal en asuntos financieros cobra nueva importancia.
