La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 excomandantes de las Farc-EP. La Jurisdicción Especial para la Paz dio a conocer la decisión el 4 de noviembre. Ahora los señalados tienen hasta el 8 de diciembre para reconocer los hechos o rechazarlos.
Entre los imputados están Rodrigo Londoño, «Timochenko», y Pastor Alape, del último Secretariado. Los otros nueve fueron jefes de los bloques Caribe y Magdalena Medio. Es el tercer Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 10. Ese caso reúne los crímenes no amnistiables de esa guerrilla.
Una imputación no es una condena. Es la acusación formal de la Sala de Reconocimiento de Verdad, y los comparecientes aún pueden responderla.
Qué pasa ahora depende de lo que decidan los 11. Si reconocen su responsabilidad y aportan verdad, la JEP convoca a una audiencia de reconocimiento, preparada con las víctimas. Después el Tribunal de Paz impone sanciones restaurativas, con restricciones efectivas de libertad y de derechos, pero sin cárcel.
Si niegan los hechos, el caso pasa a la Unidad de Investigación y Acusación y luego a juicio. Allí la pena puede llegar a 20 años de prisión.
Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen plazo hasta el 8 de febrero de 2027 para presentar observaciones. Ese mismo día vence el plazo para que la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas completen la información que falta.
Según la JEP, el auto abarca 733 víctimas en el Magdalena Medio y el Caribe. Entre los hechos documentados hay 263 desplazamientos forzados, 204 homicidios y 53 desapariciones forzadas. Además, la JEP registra 66 hechos de violencia sexual y 10 de tortura.
Para armar el auto, la JEP usó 1.859 denuncias de la Fiscalía y 72 informes de víctimas y organizaciones. También contó 15 versiones colectivas y 9 individuales. En total, el Caso 10 tiene 4.647 víctimas acreditadas en sus tres autos.
La JEP cita como casos emblemáticos la toma de Chalán, Sucre, en 1996, con 11 policías muertos. Menciona además la masacre de 34 campesinos en La Duquesa, Tibú, en 2004. Incluye el atentado contra la caravana de Álvaro Uribe en Barranquilla en 2002, que dejó cinco civiles muertos. También figura el carro bomba contra Caracol Radio en Bogotá en 2010, con nueve heridos.
La propia JEP sostiene que la justicia ordinaria falló en estos crímenes. Según sus cifras, más del 95 % de los procesos por hechos de estas estructuras nunca llegó a juicio. Más del 72 % se quedó en indagación preliminar. En desplazamiento y desaparición forzada en esas regiones, la impunidad previa fue del 100 %.
Pastor Alape respondió el 5 de noviembre en X. Publicó un comunicado de los comparecientes del extinto Bloque Magdalena Medio. Dijeron haber sido notificados del auto de imputación. Según el texto, el auto está «en proceso de estudio y análisis detallado junto con nuestros equipos jurídicos».
Los comparecientes añadieron que se pronunciarán «en el momento procesal oportuno y por las vías correspondientes ante la Jurisdicción». También reiteraron su compromiso con «la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición». Hasta la mañana de este 5 de noviembre, ni Timochenko ni los excomandantes del Bloque Caribe se habían pronunciado en X sobre este auto.
La decisión llega en un momento de presión política sobre la JEP. En el Congreso hay reformas para acortar su duración hasta 2028, y hay una disputa por su presupuesto. Este 5 de noviembre, la JEP posesionó a Danilo Rojas como presidente y a Diana Vega como vicepresidenta.
Desde la política hubo críticas. Ernesto Macías escribió en X el 4 de noviembre que «vendrán las condenas irrisorias a los cabecillas de las FARC». Las sanciones sin cárcel solo aplican a quien reconoce y aporta verdad; quien niega enfrenta un juicio y hasta 20 años de prisión, según la JEP.
Fuentes: JEP, Pastor Alape, Ernesto Macías.
