Las Comisiones Económicas Conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de Presupuesto General para 2027. Sin embargo, el documento avanzó en medio de fuertes cuestionamientos. Diversas proposiciones quedaron en constancia para su discusión en las plenarias.
El proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda enfrentó críticas desde múltiples sectores. Incluso congresistas del Pacto Histórico expresaron reparos antes de las votaciones. No obstante, el documento atravesó esta fase legislativa bajo la expectativa de debatir modificaciones posteriormente.
El orden de las votaciones comenzó con los artículos sin proposiciones. Luego se avanzó hacia aquellos con iniciativas de modificación. Entre los más debatidos estuvo el artículo 2. Jorge Hernán Bastidas, representante a la Cámara del Pacto Histórico, pidió revisar la financiación de los entes autónomos universitarios estatales.
Inicialmente se tuvo la intención de votar sus proposiciones en esa misma sesión. Finalmente se optó por dejarlas como constancia para las posteriores sesiones. Esta misma decisión se aplicó al resto de artículos con modificaciones propuestas.
El magistrado de la JEP, Raúl Sánchez, también intervino durante el debate. Pidió reconsiderar el recorte al tribunal. Aseguró que están dando resultados positivos. Con el nuevo presupuesto no podrían ni pagar una sede, advirtió.
“Sería la primera vez en la historia donde una entidad pública es sometida a la quiebra”, dijo. Su intervención evidenció la preocupación por los recortes a instituciones clave del sistema de justicia transicional.
Tras la aprobación, el ministro de Hacienda reconoció los argumentos de la oposición. Agradeció el resultado obtenido en las votaciones. “Este es un presupuesto muy difícil. Se necesitaba mucho coraje para que los parlamentarios lo apoyaran porque tiene, sin lugar a dudas, unos costos políticos que ustedes están asumiendo. Quiero agradecerles que hayan pensado en el bien de la patria y nos hayan respaldado en esta iniciativa”, afirmó.
El proyecto avanzó en medio de cuestionamientos de congresistas del Pacto Histórico. También otros sectores de izquierda plantearon reparos sobre la distribución de recursos. Las medidas incluidas en el documento generaron controversia entre diferentes bancadas.
La bancada del Pacto Histórico había radicado una ponencia alternativa por $598,6 billones. Esta propuesta reflejaba una visión distinta sobre las prioridades presupuestales. El debate estuvo marcado por argumentos relacionados con ingresos, endeudamiento y gasto público.
Entre los cuestionamientos expuestos estuvo la estructura de los ingresos proyectados para 2027. El senador Wilson Neber Arias Castillo presentó una comparación entre el aforo de 2026 y la propuesta siguiente. Bajo la premisa de que el denominado “sinceramiento” de las cuentas no se reflejaría en el proyecto.
Según sus cifras, los ingresos corrientes bajarían de $337 billones a $315 billones. Mientras tanto, los recursos de capital aumentarían de $184 billones a $287 billones. Estas variaciones generaron preocupación sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La presentación de Arias también señaló un incremento significativo de la deuda. Esta pasaría de $100 billones en 2026 a $155 billones en 2027. Un aumento de más del 50 por ciento en un solo año.
En el gasto, la comparación mantuvo el crecimiento del presupuesto total. Este pasaría de $550 billones a $634,9 billones. Sin embargo, mostró reducciones en rubros como la nómina, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y las pensiones.
Estos rubros experimentarían recortes por $4,5 billones, $9,5 billones y $6 billones, respectivamente. También se mencionó un recorte de $500.000 millones al Sena. Estas reducciones generaron preocupación sobre el impacto en programas sociales y educativos.
La presión sobre las finanzas públicas fue otro eje central del debate. El representante Santiago Osorio Marín presentó cifras atribuidas al Ministerio de Hacienda. Estas ubican el déficit primario de 2027 entre 4,5 y 4,9 por ciento del PIB.
Al sumar los intereses de la deuda, estimados en $18 billones, el déficit total proyectado llegaría a 9,4 por ciento. Osorio también mostró una proyección de deuda neta equivalente al 66,2 por ciento del PIB para 2027. Estas cifras evidencian la magnitud del desafío fiscal que enfrenta el país.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió el proyecto ante las críticas. Sostuvo que las restricciones presupuestales responden a la situación fiscal recibida por la administración. También destacó el impacto de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto.
En su intervención, explicó que el Gobierno había previsto inicialmente un plan de austeridad. Sin embargo, el desastre natural modificó las prioridades. Obligó a revisar la estrategia económica para atender las necesidades derivadas de la emergencia.
“Veníamos con la idea de un plan de austeridad, sí veníamos con esa idea porque esa es la estrategia responsable, es allí donde se pueden abrir espacios para que el país vuelva a crecer y a prosperar. Pero obviamente no contábamos con el terremoto y el terremoto sin lugar a dudas cambió en unos instantes la realidad económica que teníamos que enfrentar”, señaló el jefe de la cartera.
Gómez también cuestionó las condiciones fiscales con las que comenzó la actual administración. Según su exposición, estas fueron significativamente peores de lo reportado. “Petro decía que el déficit fiscal era de 5,7; la verdad resultó siendo que es de 8,2. El presupuesto que recibíamos estaba desfinanciado en 30 billones, el cupo de crédito agotado en 94 y una economía adicta al gasto que mostraba un recalentamiento que se nota todavía hoy en el tema de inflación”, afirmó.
Estas declaraciones señalan la brecha entre las cifras oficiales y la realidad fiscal encontrada. El ministro sostuvo que el margen para aumentar el endeudamiento era limitado. Cuestionó la forma en que se habría presupuestado el servicio de la deuda por parte del Gobierno saliente.
“¿Podíamos endeudarnos más? El propio gobierno saliente, consciente de la delicadísima situación financiera, había decidido presupuestar su servicio de la deuda de manera fantasiosa y maquillada”, manifestó. En contraste, defendió el congelamiento de parte de la ejecución presupuestal. También respaldó las medidas de reducción del gasto como necesarias y responsables.
Durante la intervención, el funcionario comparó la evolución de las principales partidas entre 2022 y 2027. “Entre el año 2022, cuando Gustavo Petro llegó al gobierno y el año 2027, el funcionamiento del Estado colombiano aumentó 86 por ciento. El servicio de la deuda en el mismo periodo aumentó 122 por ciento. En cambio, la inversión únicamente creció un 25 por ciento”, aseguró.
También señaló que los niveles de inversión pública y privada serían los más bajos desde 1975. Según su presentación, esto evidencia un desequilibrio en las prioridades del gasto público. El crecimiento del funcionamiento y del servicio de la deuda contrasta con el estancamiento de la inversión.
La atención de la emergencia fue presentada como una prioridad para el uso de recursos. “Todo lo que nos ahorramos hoy en gasto lo estamos destinando para atender el terremoto y les voy a mostrar las cifras. Liberamos recursos para atender la emergencia. No es para aumentar nómina, no es lamentablemente para aumentar inversión, es para aumentar la atención del terremoto que es la prioridad del Gobierno”, explicó Gómez.
Para los seis meses posteriores al desastre se mencionaron recursos por $5,25 billones. Esta cifra representa una parte significativa de los ajustes presupuestales realizados. El ministro argumentó que sin estos recortes no sería posible atender adecuadamente la emergencia.
El ministro también planteó fuentes adicionales de financiación para 2027. Entre ellas mencionó recursos del denominado frente frío. También fondos especiales de la Nación y aportes voluntarios de contribuyentes. El monto estimado de estas fuentes alcanza $6,2 billones.
A estos recursos se sumarían mecanismos por fuera del PGN. Como $700.000 millones del Fonpet y recursos de obras por impuestos. También entre $800.000 millones y $1 billón provenientes de regalías. La propuesta fue defendida como parte de la respuesta fiscal ante la emergencia.
El debate en las Comisiones Económicas evidenció las tensiones dentro del mismo gobierno. Congresistas afines al Pacto Histórico expresaron desacuerdo con las prioridades presupuestales. Sin embargo, finalmente el proyecto logró avanzar hacia las plenarias.
Las proposiciones dejadas en constancia serán el centro del debate en las próximas sesiones. Allí se definirán modificaciones clave que podrían alterar el documento original. La financiación de universidades públicas y los recursos para la JEP son temas prioritarios.
El presupuesto de $634,9 billones enfrenta un camino complejo en las plenarias. Las críticas sobre el aumento del endeudamiento y la reducción de la inversión persistirán. También los cuestionamientos sobre los recortes a programas sociales y educativos.
La comparación entre las cifras de 2026 y 2027 muestra cambios estructurales significativos. El incremento de los recursos de capital contrasta con la disminución de ingresos corrientes. Esta recomposición plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo fiscal propuesto.
El déficit proyectado de 9,4 por ciento representa uno de los más altos de la historia reciente. La deuda neta equivalente al 66,2 por ciento del PIB supera los niveles considerados prudentes. Estos indicadores generan preocupación entre analistas y sectores políticos diversos.
La defensa del Gobierno se centra en la herencia fiscal recibida y la emergencia del terremoto. Argumenta que las decisiones tomadas son necesarias para evitar un colapso financiero. Sin embargo, la oposición cuestiona si los recortes están adecuadamente focalizados.
El recorte de $500.000 millones al Sena ha generado particular controversia. Esta institución es fundamental para la formación técnica y tecnológica del país. Su reducción presupuestal podría afectar programas de capacitación para miles de colombianos.
La reducción de $9,5 billones al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles también preocupa. Este mecanismo ha sido clave para amortiguar el impacto de las variaciones internacionales de precios. Su disminución podría traducirse en mayor volatilidad para los consumidores.
El recorte de $6 billones en pensiones plantea interrogantes sobre el cumplimiento de obligaciones. Aunque el ministro no detalló el alcance de esta reducción, genera inquietud. Especialmente considerando el envejecimiento poblacional y las necesidades crecientes en este rubro.
La nómina estatal experimentaría una reducción de $4,5 billones según las cifras presentadas. Esto podría implicar congelamiento de contrataciones o incluso reducción de personal. El impacto en la prestación de servicios públicos será objeto de escrutinio.
Los aportes voluntarios de contribuyentes mencionados como fuente de financiación generan dudas. No está claro cuán realista es esperar $6,2 billones de esta fuente. La experiencia internacional muestra que este tipo de mecanismos suele tener resultados limitados.
Los recursos de obras por impuestos representan otra apuesta del Gobierno. Este mecanismo permite a empresas ejecutar proyectos a cambio de beneficios tributarios. Su efectividad dependerá del diseño específico y la capacidad de supervisión estatal.
Las regalías proyectadas entre $800.000 millones y $1 billón dependen de variables externas. Los precios internacionales de materias primas y los niveles de producción son determinantes. La volatilidad de estos factores introduce incertidumbre en la proyección.
El incremento del 122 por ciento en el servicio de la deuda entre 2022 y 2027 es alarmante. Refleja tanto el aumento del endeudamiento como el incremento de las tasas de interés. Este crecimiento limita severamente el espacio fiscal para otras prioridades.
El modesto crecimiento del 25 por ciento en inversión durante el mismo período contrasta dramáticamente. La inversión pública es fundamental para el crecimiento económico de largo plazo. Su estancamiento relativo plantea preocupaciones sobre las perspectivas de desarrollo del país.
El aumento del 86 por ciento en el funcionamiento del Estado también genera cuestionamientos. Sugiere que los costos operativos han crecido más rápidamente que la inversión productiva. Este patrón es considerado ineficiente desde la perspectiva de gestión pública.
La comparación con 1975 en niveles de inversión es particularmente significativa. Ese año marcó un período de bajo dinamismo económico en Colombia. Regresar a esos niveles sugiere un retroceso en la capacidad de desarrollo del país.
Las sesiones plenarias serán el escenario definitivo para la aprobación del presupuesto. Allí se discutirán las proposiciones dejadas en constancia por las Comisiones Económicas. El debate promete ser intenso dada la magnitud de los desacuerdos expresados.
La financiación de las universidades públicas será uno de los temas centrales en plenarias. La proposición de Jorge Hernán Bastidas busca garantizar recursos adecuados para estas instituciones. Su importancia trasciende lo presupuestal y toca el modelo educativo del país.
La situación de la JEP también requerirá atención especial en el debate plenario. La advertencia del magistrado Raúl Sánchez sobre una posible quiebra es grave. El papel de este tribunal en el proceso de paz hace que su financiación sea particularmente sensible.
El reconocimiento del ministro de Hacienda a los parlamentarios que apoyaron el proyecto es revelador. Admite explícitamente que hay costos políticos asociados con esta decisión. Esto sugiere que el presupuesto contiene medidas impopulares que requerirán valentía política para defender.
La referencia al “bien de la patria” en las palabras del ministro busca elevar el debate. Intenta presentar las decisiones fiscales como patrióticas y necesarias. Sin embargo, la oposición argumenta que existen alternativas más equ
