Interior vacío de una agencia de empleo, con sillas azules y el letrero Registro Agencia de Empleo, sin personas
Foto: EEIM / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0), agencia de empleo de Cafam en Toberín

La plataforma del Servicio Público de Empleo no funciona desde el 1 de noviembre de 2026. La Unidad del Servicio Público de Empleo, adscrita al Ministerio del Trabajo, dijo que el contrato con su proveedor tecnológico, Asopagos S.A., terminó el 31 de octubre y no se renovó. No hay fecha anunciada para que vuelva a operar.

El Sistema de Información del Servicio Público de Empleo (SISE) es la herramienta oficial y gratuita de intermediación laboral. Por ahí pasan los prestadores autorizados, como cajas de compensación, el SENA, alcaldías y bolsas de empleo. Sin el sistema, quienes buscan trabajo no pueden registrar hojas de vida ni postularse, y las empresas no pueden publicar vacantes.

La causa, según la Unidad, es presupuestal. En una comunicación a los prestadores fechada el 3 de noviembre y firmada por su directora, Lina María Restrepo Vélez, dice: «Debido a limitaciones en la disponibilidad presupuestal institucional para la contratación de servicios tecnológicos, no fue posible tramitar su prórroga ni suscribir un nuevo contrato de manera inmediata». Los portales, añade, «se encuentran fuera de disponibilidad para el acceso y utilización de los usuarios». La Alcaldía de Cúcuta publicó ese documento el 5 de noviembre.

Los registros de contratación pública dan más detalle. Según SECOP, el contrato 142-2026 con Asopagos se firmó el 30 de junio de 2026, por $1.502.888.982, y debía ejecutarse del 1 de julio al 31 de octubre. Fue una contratación directa. Es decir, se firmó antes del cambio de gobierno del 7 de agosto, y desde entonces estaba fijada su fecha final.

Ese contrato fue el segundo del año. El primero, el 010-2026, por $2.522.358.306, cubría de enero a junio. Según los contratos publicados en SECOP, el SISE se contrató en 2026 en dos tramos que suman cerca de $4.025 millones, ambos con Asopagos. Hasta el 31 de octubre, la Unidad no tramitó una prórroga ni un contrato nuevo.

En un pronunciamiento público del 4 de noviembre, citado por El Espectador, la Unidad escribió: «Esta situación pone de manifiesto la importancia de revisar las decisiones administrativas, contractuales y presupuestales adoptadas en periodos anteriores, cuyos efectos pueden comprometer la continuidad de servicios esenciales para la ciudadanía». No nombra responsables ni decisiones concretas.

Asopagos envió el 2 de noviembre comunicaciones a los prestadores sobre una plataforma propia y una posible migración de datos personales. Para la Unidad, son «iniciativas comerciales y operativas exclusivas de ASOPAGOS S.A., ajenas por completo a las directrices, autorizaciones o decisiones» de la entidad. Cada prestador debe valorar esas propuestas «bajo su exclusiva responsabilidad» y conforme a la Ley 1581 de 2012, de protección de datos personales.

Algunos prestadores ya avisaron a sus usuarios. Comfamiliar Risaralda informó que la falla es ajena a su operación.

Quedan preguntas sin respuesta en el comunicado: por qué se firmó en junio un contrato de cuatro meses, por qué no hubo prórroga ni contrato nuevo, qué pasará con los datos personales de los usuarios y cuántas personas están afectadas.

Hasta la tarde del 5 de noviembre no se encontró un pronunciamiento público de Asopagos ni de gremios o congresistas sobre la suspensión.

Fuentes: Unidad del Servicio Público de Empleo, SECOP, Alcaldía de Cúcuta, Comfamiliar Risaralda, El Espectador.

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