Juan Sebastián Betancur, viceministro técnico de Hacienda, habla a cámara en su oficina
Juan Sebastián Betancur, viceministro técnico de Hacienda. Captura del video de @MinHacienda en X, 5 de noviembre de 2026

El proyecto de Ley de Rescate (PL 477 de 2026), en trámite en el Congreso, solo garantiza un pago mínimo de la devolución del IVA, sin importar las facturas, a las personas en pobreza extrema. El resto de los 19 millones que anuncia el Gobierno recibiría según el IVA que conste en facturas electrónicas a su nombre.

«Con EfectIVA vamos a devolver a 19 millones de colombianos de bajos recursos todo el IVA que hoy están pagando».

Juan Sebastián Betancur, viceministro técnico de Hacienda

Lo dijo en un video de MinHacienda del 5 de noviembre. Según la exposición de motivos, otros 16,3 millones recibirían una devolución parcial. En el video habló de 16,5 millones. En total serían 35,2 millones de personas, el 68 % de la población.

Esas cifras salen de la Tabla 9 de los motivos, no del articulado. Los deciles 1 a 3 suman 36,6 % de la población, unos 18,9 millones, con devolución de 100 %. Los deciles 4, 5 y 6 suman 11,1 %, 10,4 % y 10,1 %. Para ellos la devolución sería de 50, 40 y 30 %. Los motivos usan microdatos de pobreza 2025 del DANE y el Registro Universal de Ingresos del DNP.

El artículo 38 no habla de deciles. Fija los porcentajes de 100, 50, 40 y 30 %. Habla de personas en pobreza extrema, pobreza o «vulnerabilidad económica» según el instrumento de focalización vigente, es decir, el Sisbén. Además, deja al DNP y a Hacienda los tramos de ingreso y el umbral de corte. El proyecto no dice cuántas personas recibirían el pago.

Como referencia, el DANE contó 14.446.726 personas en pobreza monetaria en 2025, el 28,0 %. Así, el tramo de 100 % incluiría a unos 4,5 millones de personas no pobres según el DANE. Es un cálculo de El Centavo con las cifras de los motivos y del DANE.

El segundo filtro es la factura. El artículo 39 dice que la DIAN medirá el IVA pagado «con base en la información del sistema de facturación electrónica, especialmente en la factura electrónica de venta». El Gobierno podrá excluir las compras a crédito y los pagos parciales cuando no se puedan acreditar por medios electrónicos trazables.

La excepción es la pobreza extrema. Esas personas recibirían un monto mínimo «independientemente del impuesto sobre las ventas (IVA) que se registre como pagado». El texto no da ese monto. Los demás grupos no tienen mínimo en el articulado.

El 4 de noviembre, MinHacienda preguntó en X si se necesita factura electrónica. Respondió «No» y dijo que los hogares de menores ingresos recibirán la devolución. En el video, el viceministro precisó que hablaba de los de «más bajos recursos». El proyecto solo respalda ese mínimo para la pobreza extrema.

Por eso, con datos oficiales no se puede decir cuántos recibirían de verdad. El techo es de 35,2 millones según los motivos. Como referencia para el pago mínimo, el DANE contó 4,97 millones de personas en pobreza monetaria extrema en 2025. La ley, sin embargo, usará la clasificación del Sisbén, que puede dar otra cifra, y no hay un dato oficial actualizado de cuántas personas hay en cada grupo.

Aparte está el costo. Según la Tabla 10, EfectIVA costaría $20,0 billones al año entre 2028 y 2030. Es el 0,83 % del PIB. El 30 de octubre, Valora Analitik y Vanguardia reportaron que Hacienda calcula $231.000 mensuales de promedio para el primer grupo. El texto no precisa quién dio esa cifra ni si es por persona o por hogar.

Por persona, la cuenta no cierra. Son 19 millones de personas por $231.000 durante 12 meses: $52 billones al año. Es 2,6 veces el costo total del proyecto. Si todo el presupuesto fuera para esos 19 millones, el promedio sería de unos $88.000 al mes. Sobre los 35,2 millones, de unos $47.400. Son cálculos de El Centavo. El número de $231.000 no se puede reconstruir con el costo que da el propio texto.

El tope tiene su historia. El artículo 38 fija un límite de 5,5 UVT al mes por beneficiario. Son $288.057 con la UVT de 2026. Según los motivos, ese valor es el percentil 75 del gasto en IVA por hogar del decil 3. Sin embargo, la devolución se reconoce «por persona y no por hogar». Hacienda fijará cada año el límite según los tramos de población y la composición del hogar. Hoy, según los motivos, un hogar de los deciles 1 a 3 paga en promedio $138.000 de IVA al mes.

La compensación actual de Prosperidad Social tiene un cupo de 2 millones de hogares. Todos reciben el mismo valor. Según la entidad, cubre la pobreza extrema (Sisbén A01 a A05) y los hogares indígenas. Luego sigue la pobreza moderada (B01 a B04), sujeta a cupos. Los hogares que la reciban a finales de 2027 la conservarán en el mismo monto. Eso será hasta que sus integrantes pasen a EfectIVA. El proyecto ordena un piloto antes de 2028.

La devolución arrancaría el 1 de enero de 2028. Ese día también regiría la ampliación de la base del IVA, que acaba con la tarifa de 5 %. Según los motivos, el 10 % de mayores ingresos asumiría el 97 % del esfuerzo tributario de los hogares. Su ingreso caería 3,6 %. El del 10 % más pobre subiría 10,2 %. Son estimaciones del Gobierno, no verificadas por terceros.

Los críticos apuntan al mecanismo. Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, advirtió en El Colombiano que «si EfectIVA falla, falla todo». También preguntó: «¿Qué va a pasar con el tendero y con la plaza de mercado?». La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, dijo que las cifras del Gobierno no cuadran. Oliver Pardo, del Centro Javeriano de Competitividad, dudó de la capacidad operativa de la DIAN.

El investigador Jairo Núñez estima que los pobres compran cerca del 70 % donde no hay factura electrónica. Con ese supuesto, los más pobres recibirían cerca del 1 % de los fondos si se exige factura. Es una estimación suya. En cambio, César Cermeño, de la Universidad de los Andes, destacó que se busque conciliar recaudo y progresividad. Fedesarrollo propone estudiar exclusiones de pago en vez de devoluciones, porque estas tardan en llegar.

El proyecto prevé además el no cobro del IVA en el punto de venta. DIAN, DPS y Hacienda podrán implementarlo si hay viabilidad técnica, operativa y jurídica. MinHacienda y Prosperidad Social no se han pronunciado en público sobre el monto del mínimo, el conteo por Sisbén ni la transición.

Fuentes: texto radicado del PL 477 de 2026, DANE, Prosperidad Social, Ministerio de Hacienda, DIAN, El Colombiano, Fedesarrollo, Valora Analitik, Vanguardia y cálculos de El Centavo.

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