La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó priorizar una investigación sobre un posible esquema de corrupción. Este caso involucraría más de 300 contratos cercanos a $2 billones. Además, tendría como eje a varias empresas presuntamente coordinadas entre sí.
Según el informe conocido este 22 de septiembre, la hipótesis apunta a un entramado específico. Este estaría liderado por Moisés Hernández, quien ahora se hace llamar Moisés Garvin. En este esquema aparecen mencionadas Red Summa, Aldesarrollo y Kluster Latam.
La SIC sostiene, de manera preliminar, que estas compañías operaban de forma particular. Aunque aparecían como organizaciones independientes, habrían participado de forma coordinada en distintos procesos. Esta coordinación habría tenido como objetivo aumentar sus probabilidades de éxito en licitaciones públicas.
La investigación deberá establecer si esa actuación tuvo un propósito específico. Según la entidad, habría buscado falsear la libre competencia dentro de procesos contractuales. Asimismo, habría intentado simular la existencia de varios oferentes. Sin embargo, según la hipótesis, habría existido una estrategia común.
El caso se encuentra en etapa de investigación actualmente. Las conductas mencionadas corresponden a hipótesis planteadas por la entidad. Por lo tanto, el informe no establece todavía responsabilidades definitivas. Tampoco presenta una decisión sancionatoria contra las empresas o las personas involucradas.
El punto central del análisis está en la evolución contractual de las tres firmas. De acuerdo con la SIC, Red Summa, Aldesarrollo y Kluster Latam registraron un crecimiento acelerado. Este incremento en contratación pública se produjo desde 2022.
La hipótesis que estudia la entidad plantea que su participación conjunta no respondía a competencia real. En cambio, habría buscado simular pluralidad de oferentes. Esto habría facilitado la adjudicación de contratos en favor de Garvin.
La revisión de más de 300 negocios públicos pretende reconstruir varios aspectos clave. Primero, cómo participaron estas compañías en procesos de selección. Segundo, qué relaciones existían entre ellas. Finalmente, si realmente competían entre sí cuando presentaban ofertas ante entidades estatales.
Uno de los elementos identificados por la SIC resulta particularmente relevante. Se trata de la existencia de cambios reiterados de nombre o razón social. Estos cambios se produjeron dentro de las estructuras investigadas. Para la entidad, este comportamiento forma parte del patrón que ahora deberá ser revisado.
El informe sostiene que esos cambios habrían tenido un propósito específico. Según la entidad, habrían sido utilizados “para perder el rastro de los entes de control”. No obstante, esta afirmación deberá ser contrastada dentro de las investigaciones correspondientes. También deberá confrontarse con las explicaciones que presenten las partes involucradas.
La Superintendencia también identificó movimientos de directivos entre las diferentes compañías. Además, encontró coincidencias dentro de sus juntas directivas. Igualmente, detectó vínculos personales entre estructuras empresariales. Estas estructuras, formalmente, figuraban como competidoras dentro de procesos de contratación pública.
El posible esquema descrito por la SIC se concentra precisamente en un punto crucial. Se trata de compañías presentadas ante el Estado como participantes separadas. Sin embargo, según la investigación preliminar, podrían haber tenido conexiones suficientes. Estas conexiones cuestionarían si existía una competencia efectiva.
La relevancia económica del caso está marcada por el volumen contractual involucrado. Los procesos bajo revisión sumarían cerca de $2 billones. Mientras tanto, la orden de la entidad comprende más de 300 contratos. En estos deberá analizarse la participación de las compañías señaladas.
La SIC deberá determinar ahora varios aspectos fundamentales. Primero, si las coincidencias societarias, administrativas y personales tuvieron efectos concretos sobre las licitaciones. Segundo, si existieron conductas dirigidas a modificar artificialmente las condiciones. Estas condiciones serían aquellas bajo las cuales competían los oferentes.
El informe también incorpora antecedentes disciplinarios relacionados con Moisés Hernández. La entidad señala que fue sancionado previamente por la Procuraduría General de la Nación. Esta sanción se produjo por irregularidades en la ejecución de contratos estatales.
De acuerdo con la información divulgada por la Superintendencia, esa decisión tuvo consecuencias graves. Produjo la destitución de los cargos que ocupaba. Además, generó una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 14 años.
Ese antecedente forma parte del contexto recogido por la SIC. Sin embargo, no reemplaza la investigación actual. Tampoco permite, por sí solo, concluir que exista responsabilidad. Esta responsabilidad se refiere al posible esquema contractual que ahora revisa la entidad.
Además de priorizar sus propias investigaciones, la Superintendencia dispuso remitir copias del expediente. Estas copias se enviarán a otras autoridades con competencias diferentes. Dichas autoridades podrán valorar las posibles conductas identificadas.
La documentación será enviada a la Unidad de Información y Análisis Financiero. También se remitirá a la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, llegará a la Contraloría General de la República. Así quedó establecido en el informe divulgado por la SIC.
La remisión abre la puerta a que cada entidad valore la información desde su ámbito. Cada una lo hará desde el marco de sus funciones específicas. Mientras tanto, la Superintendencia continúa revisando posibles afectaciones a la libre competencia. Estas afectaciones se habrían producido dentro de los procesos contractuales examinados.
El foco inmediato estará en reconstruir la relación existente entre las tres empresas. Se trata de Red Summa, Aldesarrollo y Kluster Latam. También se analizará su comportamiento desde 2022. Este periodo es desde el cual la SIC identifica un crecimiento acelerado. Dicho crecimiento se refiere a sus contratos con entidades públicas.
También deberá establecerse si los movimientos entre directivos responden a dinámicas empresariales independientes. Lo mismo aplica para las coincidencias en juntas. Igualmente, para los cambios de razón social. Alternativamente, como plantea la hipótesis investigativa, podrían integrar un mismo esquema. Este esquema habría tenido como objetivo obtener adjudicaciones.
Por ahora, la decisión de la Superintendencia no constituye una sanción definitiva. La revisión de los más de 300 contratos será determinante. Esta permitirá establecer el alcance de las relaciones identificadas. También determinará si existieron conductas que afectaran la competencia. Dicha competencia se refiere a la contratación estatal.
