El Gobierno pidió a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía asumir desde fuera del archipiélago las investigaciones por contratación en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La solicitud la hizo la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella. Es una petición: ninguno de los tres organismos ha respondido todavía, según lo consultado.
La Presidencia anunció la medida el 18 de octubre en la red social X, y el 19 se conocieron los detalles. A la Procuraduría le pidió ejercer su poder preferente. A la Contraloría, su control excepcional. A la Fiscalía, integrarse a un grupo especial de investigación con sede fuera de la isla. El objetivo, según el Gobierno, es reunir los casos y protegerlos de presiones locales, informaron El Heraldo, Infobae y El Tiempo.
Cristina Lombana, secretaria de Transparencia, dijo que "no se trata de un solo caso, son varios hechos dispersos en distintas entidades y en distintos momentos". Además, afirmó que "los recursos públicos son sagrados". La Presidencia también pidió a los tres organismos intervenir en lo relacionado con el Hospital Departamental. Según El Tiempo, el hospital está bajo intervención de la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud anunció una revisión de contratos.
Durante su visita a la isla, el presidente aseguró que firmará el 30 de noviembre un decreto con las líneas de base del archipiélago y que reforzará la Fuerza Pública. Se trata de un anuncio, no de una decisión ya adoptada.
El presidente también hizo señalamientos sobre contratos del hospital. Son afirmaciones suyas y, hasta ahora, las notas consultadas no citan un informe ni una resolución que las respalden. Las personas mencionadas por el mandatario los han rechazado, según El Tiempo. La gobernadora del archipiélago, Girley Ordóñez, dijo a ese medio que la Gobernación "en ningún momento" se opuso a la intervención del hospital.
Un antecedente documentado es el de Coralina, la corporación ambiental del archipiélago. En marzo de 2026, la Contraloría reportó 20 hallazgos administrativos en su auditoría de la vigencia 2023-2024. De ellos, ocho tienen connotación fiscal por $4.642 millones en total, según El Tiempo. Un hallazgo es una advertencia del ente de control: no es una sanción ni un fallo. Uno de esos hallazgos, de cerca de $3.000 millones, corresponde a un contrato para evaluar una enfermedad que afecta los corales. En la cobertura de esos hallazgos no se conoció una respuesta pública de Coralina.
Por ahora, la solicitud del Gobierno depende de la respuesta de los organismos de control.
Fuentes: Presidencia de la República, El Heraldo, Infobae, El Tiempo, El País Cali.
