La Ley de Rescate Económico no sube a 8 % el aporte a salud de todos los trabajadores. Tampoco sube el IVA de 5 % a 19 % ya. Así lo dice el proyecto 477 de 2026 de la Cámara. Su texto radicado está en la Gaceta del Congreso 1717 del 4 de noviembre. Por eso, quien gana hasta dos salarios mínimos no pagaría más por nómina. Las cuentas que siguen son cálculos de El Centavo con valores de 2026.
El aporte a salud del trabajador sería una escala por ingreso, desde el 1 de enero de 2027. Según el artículo 21, paga 4 % hasta dos salarios mínimos y 5,5 % entre dos y cuatro. Después sube por tramos: 6 % hasta cinco mínimos y 8 % entre 20 y 25. El empleador sigue en 8,5 %.
El texto no aclara si la tasa de cada tramo se aplica a todo el ingreso. Tampoco dice si solo rige para la parte que lo supera. Para estas cuentas se leyó sobre todo el ingreso, como hacen varios medios. Si se aprobara de otra forma, los resultados cambiarían.
Con el salario mínimo de 2026, $1.750.905, el aporte seguiría en $70.036 al mes. Con dos mínimos, $3.501.810, seguiría en $140.072. En ambos casos tampoco habría renta ni retención en la fuente, según el articulado. Con dos mínimos, la base de retención ronda los $2,4 millones. Está por debajo del umbral nuevo de 65 UVT (unidad de valor tributario), que son $3,4 millones.
El cambio sí llega desde tres mínimos. Con $5.252.715, el aporte pasaría de $210.109 a $288.899, es decir $78.791 más al mes. Con cuatro mínimos, $7.003.620, iría de $280.145 a $385.199: $105.054 más. Con cinco mínimos, $8.754.525, subiría de $350.181 a $525.272, o sea $175.090 más.
Con cuatro mínimos, además, la retención en la fuente empezaría a aplicar. Hoy comienza en 95 UVT, unos $5 millones de base, y el proyecto la baja a 65 UVT. El monto real depende de deducciones y dependientes, y no se calculó.
El artículo 21 no menciona a los pensionados. Por eso, según el texto, su aporte de 12 % de la mesada no cambia. Una mesada de un mínimo, $1.750.905, seguiría pagando $210.109.
El IVA es otra historia, y llega más tarde. Según los artículos 42 a 46 y 106, desde 2028 se derogan dos artículos del Estatuto Tributario. Son el 468-1 y el 468-3, que fijan la tarifa de 5 %. La exposición de motivos dice que esos bienes pasarían «en su mayoría» al 19 %. También pagarían 19 % productos hoy excluidos, como alimentos procesados, equipos tecnológicos y servicios digitales. Lo mismo ocurriría con los servicios de conectividad, hoy exentos.
Siguen sin IVA o exentos el arroz, el pan, la papa, los lácteos, las carnes y los huevos. Igual pasa con los medicamentos, la salud, la educación, el transporte público y los servicios públicos. También con el arriendo de vivienda. El proyecto calcula que son cerca del 58 % del gasto de los hogares. El texto no lista cuáles alimentos procesados pagarían. Por eso, el peso real en cada canasta no se puede calcular.
Lo que sí se puede hacer es una cuenta por regla. Si un hogar gasta $300.000 al mes en bienes que hoy no pagan IVA, pagaría $57.000 más. Si gasta $300.000 al mes, ya con IVA, en bienes que hoy pagan 5 %, pagaría $40.000 más.
Para compensarlo, el artículo 38 crea la devolución EfectIVA, también desde 2028. Se reconoce por persona y no por hogar, según el texto. Recibirían el 100 % del IVA pagado quienes estén en pobreza extrema o pobreza. Lo mismo vale para el tramo de menor ingreso en vulnerabilidad. Los demás tramos recibirían 50, 40 y 30 %. El tope es de 5,5 UVT al mes por beneficiario: $288.057.
Un hogar con $57.000 de IVA extra y devolución de 100 % quedaría sin costo neto. Con devolución de 30 %, le quedarían a su cargo $39.900. DNP y Hacienda fijarían los tramos y el umbral de corte. El IVA pagado se mediría con la factura electrónica con cédula.
El Gobierno sostiene que el balance favorece a los más pobres. Según la exposición de motivos, los hogares de los deciles 1 a 3 pagan en promedio $138.000 mensuales de IVA. El ingreso del 10 % más pobre subiría 10,2 %. Además, el 10 % más rico asumiría el 97 % del esfuerzo tributario de los hogares. Son cifras del Gobierno, que terceros no han verificado.
El Ministerio de Hacienda dijo en X que 19 millones de colombianos recibirán la devolución del IVA que pagan. El 4 de noviembre afirmó que los hogares de menores ingresos la recibirán aun sin factura electrónica. El texto radicado solo garantiza un monto mínimo, sin factura, a la pobreza extrema.
Las dudas se concentran en la ejecución. Para Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, todo depende de que el sistema funcione:
«Si EfectIVA falla, falla todo».
Lisandro Junco, exdirector de la DIAN
Oliver Pardo, del Centro Javeriano de Competitividad, ha planteado dudas sobre la capacidad operativa de la DIAN. Fedesarrollo avala el ajuste, pero advirtió que no parece prudente comprometer al país a 16 años de beneficios tributarios para los grandes negocios. En el Congreso, el senador Eduardo Enríquez, de Alianza Verde, rechaza las medidas de IVA y los parafiscales. Del Centro Democrático, la representante Hilda Gutiérrez pidió no gravar con IVA productos esenciales de la canasta.
El costo fiscal del proyecto también está en discusión. Según el cuadro del proyecto, EfectIVA costaría en promedio $20.014 mil millones al año entre 2028 y 2030. El recorte de beneficios del IVA aportaría $40.442 mil millones. Por cada $100 de recaudo, unos $49,5 volverían por la devolución. Es un cálculo de El Centavo con esos dos renglones.
El proyecto está en primer debate con mensaje de urgencia, y sus artículos pueden cambiar. Casi nada rige en 2026: los aportes a salud, desde 2027, y el IVA con EfectIVA, desde 2028. Mientras tanto, la Central Unitaria de Trabajadores convocó un paro nacional para el 19 de noviembre contra la ley.
Fuentes: Gaceta del Congreso 1717, Ministerio de Hacienda, El Colombiano, Valora Analitik, El País (Cali) y Centro Javeriano de Competitividad.
