Una peligrosa alianza criminal transnacional se ha consolidado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cartel de los Soles y Hezbolá, según revelaron organismos internacionales de inteligencia.
Esta red delictiva opera principalmente en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, con especial énfasis en la región del Catatumbo y los estados venezolanos de Apure, Táchira y Zulia.
Los grupos ilegales han establecido una compleja infraestructura que incluye campamentos, rutas de tráfico y centros de entrenamiento a lo largo de la frontera colombo-venezolana.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela proporciona protección institucional a estas organizaciones criminales, garantizando su impunidad y eliminando cualquier disidencia interna.
Altos mandos militares venezolanos, incluyendo generales de la DGCIM, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, están presuntamente involucrados en esta red transnacional.
Entre las actividades ilícitas identificadas destacan la autorización para el movimiento de armas, explosivos y el apoyo logístico para el transporte de cocaína hacia mercados internacionales.
La investigación reveló además una creciente cooperación entre el ELN y redes internacionales vinculadas a Hezbolá, particularmente en operaciones de lavado de dinero y exportación de drogas.
El régimen de Irán y Hezbolá proporcionan apoyo financiero, logístico y doctrinal a esta alianza criminal, especialmente en lo relacionado con el tráfico transnacional de cocaína hacia África Occidental y Oriente Medio.
La violencia en la región de Arauca se ha intensificado como consecuencia directa de esta alianza, donde el ELN mantiene campamentos en territorio venezolano desde donde ejecuta ataques transfronterizos.
En respuesta a esta amenaza, Estados Unidos ha desplegado fuerzas militares en el mar Caribe meridional para combatir estas organizaciones narco-terroristas que operan en la región.
El gobierno estadounidense también ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, señalado de utilizar estas organizaciones terroristas.
Los organismos de inteligencia recomiendan implementar sanciones internacionales contra los oficiales implicados y fortalecer la cooperación internacional para desmantelar las redes de financiación.
Expertos sugieren además la necesidad de desarrollar estrategias integrales de control territorial que combinen elementos de seguridad, justicia y desarrollo social en las zonas afectadas.
La descomposición de la estructura gubernamental venezolana ha sido identificada como el factor principal que ha permitido la infiltración de estas redes criminales en las instituciones estatales.
Esta situación ha generado preocupación en la comunidad internacional debido al potencial desestabilizador que representa para la región y las implicaciones para la seguridad hemisférica.
