La reforma tributaria radicada por el Gobierno de Gustavo Petro el pasado 20 de julio continúa generando múltiples reacciones. Ahora, la Unión Gremial Somos Uno elevó su voz de alerta. Este gremio agrupa a estaciones de servicio del país. Advirtió que el componente relacionado con combustibles traería consecuencias económicas directas para los consumidores.
Según sus cálculos, el impacto podría traducirse en un aumento acumulado significativo. La gasolina corriente subiría hasta COP 1.942 por galón al cierre de 2028. Por su parte, el ACPM registraría un incremento de COP 1.331 por galón en el mismo período.
El primer incremento llegaría el 1 de enero de 2027. En esa fecha, la gasolina pasaría de COP 16.291 a 17.151 pesos por galón. Es decir, un aumento de 860 pesos. Mientras tanto, el ACPM subiría COP 841. Así, alcanzaría los 12.417 pesos por galón.
El resto del incremento se completaría en dos etapas adicionales. La primera ocurriría en julio de 2027 con el gravamen al alcohol carburante. La segunda comenzaría desde enero de 2028. En ese momento, el IVA sobre el ingreso al productor pasaría del 10 % al 19 %. Así lo plantea el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Hacienda.
Los combustibles representan uno de los pilares centrales de esta reforma tributaria. De hecho, el Ejecutivo calcula que elevar gradualmente el IVA permitiría recaudar recursos importantes. Específicamente, alrededor de COP 3,6 billones en 2027. Posteriormente, cerca de COP 7,58 billones en 2028.
La justificación del Gobierno viene en doble vía. Por un lado, sostiene que Colombia mantiene precios de gasolina y diésel inferiores. Estos están por debajo del promedio de América Latina. Por otro lado, argumenta que los combustibles fósiles no incorporan plenamente los costos ambientales. Tampoco incluyen los costos de salud pública derivados de su consumo.
La iniciativa hace parte de un proyecto más amplio. Con este, el Gobierno espera obtener COP 21,9 billones adicionales en 2027. El objetivo es enfrentar el deterioro de las finanzas públicas. Según el Ministerio de Hacienda, el país enfrenta un desequilibrio fiscal estructural. Por ello, resulta necesario aumentar los ingresos del Estado. Solo así se podrá recuperar el cumplimiento de la regla fiscal a partir de 2028.
Ese contexto cobra aún más relevancia por la situación del Fondo de Estabilización. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) continúa bajo presión. Distintos análisis privados han advertido sobre esta situación. Entre ellos, los de Moody’s Ratings y Anif.
Estos estudios señalan que mantener congelados los precios internos ampliaría nuevamente el déficit del fondo. Esto ocurriría mientras el petróleo permanece elevado. Así, el déficit alcanzaría los COP 10 billones en 2026. A principios de año, antes del conflicto en Oriente Medio, se estimaba diferente. En ese momento, el rojo del FEPC sería de COP 1,9 billones.
Aunque desde que se creó en 2007 ha sumado cerca de COP 125 billones en déficit, la situación empeora. Con la nueva proyección, la cifra rondaría los COP 136 billones.
El aumento en la estimación del déficit tiene motivos claros. Sobre todo, uno muy conocido: la montaña rusa del precio del petróleo. De hecho, el Brent volvió a acercarse a niveles históricamente altos. Esto ocurrió tras las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Este 23 de julio cotiza alrededor de USD 93,80 por barril.
Ese comportamiento incrementa la diferencia entre los precios internacionales y los valores internos de referencia. Este factor presiona las cuentas fiscales. Especialmente cuando el Gobierno decide no trasladar completamente esos aumentos al consumidor.
Más allá del incremento en los precios, Somos Uno asegura algo importante. El proyecto de reforma tributaria presenta problemas técnicos. Estos podrían tener efectos económicos adicionales.
El primer problema tiene que ver con el enfoque ambiental de la propuesta. Según David Jiménez Mejía, vocero nacional del gremio, hay una contradicción. El Gobierno proyecta obtener COP 7,58 billones por concepto del IVA a los combustibles en 2028. Sin embargo, el componente estrictamente ambiental representaría apenas alrededor de COP 218.000 millones.
A juicio del dirigente, eso pone en duda el objetivo principal del impuesto. Además, cuestionó que el proyecto grave con IVA al alcohol carburante. También a los biocombustibles. Esto resulta contradictorio, pues la misma iniciativa reconoce algo. Estos productos no hacen parte de los combustibles fósiles.
La segunda preocupación apunta al tratamiento tributario del ACPM. El gremio sostiene que excluir la venta minorista del diésel rompería el esquema. Específicamente, el esquema de IVA plurifásico. Así, convertiría el impuesto en un costo adicional. Este afectaría a transportadores, agricultores e industrias.
Ese costo terminaría incorporándose al precio del transporte de carga. Posteriormente, al valor de numerosos bienes de consumo.
La tercera crítica está relacionada con el efecto ambiental esperado. Según Somos Uno, la evidencia reciente muestra algo importante. Los incrementos en los precios de los combustibles no reducen de manera significativa el consumo. Por lo tanto, la medida tendría un alto potencial de recaudo. Sin embargo, resultados limitados en materia de reducción de emisiones.
Otro de los puntos que más inquieta al gremio tiene que ver con el IVA. Específicamente, el aplicado al margen regulado que reciben las estaciones de servicio. Este se cobra por cada galón vendido.
Según el análisis presentado por Somos Uno, gravar ese margen representaría un costo significativo. Sería cercano a COP 219 adicionales por galón. Esto equivaldría a alrededor de COP 928.000 millones al año para el sector.
La preocupación radica en algo específico. Según los distribuidores, la regulación vigente impediría trasladar completamente ese mayor costo. No podría transferirse al consumidor final. En consecuencia, numerosas estaciones tendrían que absorber el impuesto. Lo harían con sus propios márgenes de operación.
“Contrario a lo planteado por el Ministerio de Hacienda, numerosas estaciones no podrán trasladar ese mayor costo al consumidor debido a la regulación vigente de precios”, sostuvo Mejía. Además, advirtió que esto podría afectar especialmente a las estaciones de servicio de menor tamaño. También a las ubicadas en municipios donde la demanda es reducida.
El gremio recordó que en 226 municipios del país existe una única estación de servicio. En esas zonas, advirtió, una reducción significativa de los márgenes podría comprometer algo fundamental. La viabilidad económica del negocio. Eventualmente, también el abastecimiento permanente de combustibles.
Somos Uno pidió al Gobierno y al Congreso introducir varios cambios al articulado. Esto debe ocurrir antes de que continúe su trámite legislativo.
Entre las solicitudes están mantener el tratamiento actual del IVA para el ACPM. También conservar la exclusión del IVA para el alcohol carburante y los biocombustibles. Además, incorporar el IVA sobre el margen minorista como un componente independiente. Este debe estar dentro de la estructura oficial de precios.
Finalmente, aplazar la expedición del proyecto de resolución CREG 704-015. Esto debe ocurrir hasta que el Congreso defina el texto definitivo de la reforma.
Para el gremio, esas modificaciones permitirían evitar distorsiones tributarias. Al mismo tiempo, no impedirían que el Estado recaude recursos adicionales.
Jiménez aseguró que las estaciones de servicio no rechazan la necesidad. Reconocen que es importante fortalecer las finanzas públicas. Sin embargo, considera que el diseño tributario debe evitar algo. Que el peso del impuesto termine recayendo sobre actores para los cuales originalmente no fue concebido.
“No nos oponemos a contribuir, pero el diseño debe ser técnicamente correcto, el problema fiscal es real y no lo negamos. Estamos dispuestos a discutir cuánto debe aportar el sector. Lo que pedimos es que el impuesto se cobre donde el legislador decida cobrarlo y no donde una omisión de diseño lo termine depositando”, afirmó.
Por ahora, el proyecto apenas inicia su discusión en el Congreso. Además, enfrenta un escenario político complejo.
Aunque el Gobierno insiste en que la reforma es necesaria, hay dudas. Busca corregir el deterioro de las finanzas públicas. También recuperar la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, distintos analistas consideran que la iniciativa tiene pocas probabilidades. Difícilmente será aprobada tal como fue presentada. Especialmente porque la nueva administración tendrá la posibilidad de impulsar su propia reforma tributaria. Esto ocurrirá en los próximos meses.
Mientras tanto, el debate sobre los combustibles seguirá ocupando un lugar central. No solo porque el Gobierno espera obtener de ese componente una parte importante. Se trata del recaudo proyectado. También porque coincide con un contexto internacional de alta volatilidad. Específicamente, en los precios del petróleo.
