La represión en Cuba alcanza nuevos niveles con más de 200 acciones contra civiles en septiembre
El régimen cubano intensificó sus medidas represivas contra la población civil durante septiembre, según reveló el último informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). Las autoridades ejecutaron al menos 212 acciones represivas, incluyendo 39 detenciones arbitrarias.
La situación resulta especialmente preocupante al analizar las cifras acumuladas desde enero, que ya suman 2.462 acciones represivas destinadas a limitar derechos civiles y políticos. De estas, 461 fueron detenciones sin justificación legal.
Las protestas pacíficas en Gibara, provincia de Holguín, el 13 de septiembre, desencadenaron una oleada de 27 detenciones arbitrarias de corta duración. Los manifestantes, hartos de las carencias, alzaron sus voces con reclamos como “¡Corriente y comida!” y “¡Libertad, libertad!”.
La represión se concentró principalmente en tres provincias: La Habana, Holguín y Granma. El régimen implementó diversas formas de hostigamiento, desde vigilancia de viviendas de activistas hasta juicios sin garantías procesales y abusos contra personas encarceladas.
Un caso emblemático es el de Ana Ibis Trista Padilla y Jarol Varona Agüero, condenados a 14 y 13 años de prisión respectivamente. Su delito: compartir en redes sociales una convocatoria para una manifestación que ni siquiera llegó a realizarse.
Otro incidente destacado involucra a Julio César Duque de Estrada Ferrer, de 56 años, sentenciado a cuatro años y medio de cárcel. Su único crimen fue filmar con su celular una fila para comprar gas licuado en Santiago de Cuba.
Las autoridades también impusieron duras sentencias en Bayamo, donde 15 ciudadanos recibieron penas de entre tres y nueve años por participar en protestas el 17 de marzo de 2024. Los cargos incluyeron “desórdenes públicos” y “desacato”.
El OCDH registró además 38 denuncias provenientes de presos políticos, presos comunes y sus familiares. Entre los afectados se encuentra el intelectual José Gabriel Barrenechea Chávez, detenido injustamente desde noviembre de 2024.
“Ha sido un mes negro para la libertad de expresión”, declaró el OCDH, señalando que el régimen busca “infundir terror ante su estrepitoso fracaso socioeconómico y su incapacidad para buscar soluciones”.
La penalización de la libertad de expresión en redes sociales se ha convertido en una herramienta preferida del régimen. Félix Daniel Pérez Ruiz y Cristhian de Jesús Peña Aguilera fueron condenados a cinco y cuatro años respectivamente por “propaganda contra el orden constitucional”.
