La justicia costarricense marcó un precedente histórico al aprobar la extradición del ex ministro Celso Gamboa Sánchez hacia Estados Unidos por narcotráfico.
El tribunal también autorizó la extradición de Edwin Danny López Vega y Jonathan Álvarez, señalados como parte de una red criminal.
Los tres sospechosos fueron capturados el 23 de junio tras una investigación que reveló sus presuntos vínculos con el tráfico de drogas.
La detención de Gamboa, de 49 años, ocurrió apenas un mes después de que Costa Rica modificara su Constitución para permitir extradiciones.
Durante su carrera, Gamboa ocupó importantes cargos públicos como Ministro de Seguridad en 2014 y magistrado de la Corte Suprema en 2018.
También se desempeñó como viceministro durante el gobierno de Laura Chinchilla y Fiscal General Adjunto del Ministerio Público entre 2015 y 2016.
El Departamento de Justicia estadounidense formalizó cargos contra Gamboa el 11 de julio, seguido por sanciones del Departamento del Tesoro.
Según los fiscales norteamericanos, el ex funcionario colaboró con narcotraficantes para transportar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.
En Costa Rica, Gamboa enfrenta además acusaciones por tráfico de influencias y cohecho, que deberán resolverse antes de su eventual extradición.
La corte ordenó que los tres acusados permanezcan detenidos mientras se completan los procesos judiciales pendientes en ambos países.
El Ministerio Público deberá investigar otros posibles delitos como legitimación de capitales y facilitación de impunidad para organizaciones criminales.
Esta sería la primera extradición realizada bajo la nueva reforma legal aprobada por la Asamblea Legislativa costarricense en mayo pasado.
El caso ha impactado fuertemente en Costa Rica, tradicionalmente considerado el país más seguro de Centroamérica pero afectado por el narcotráfico.
Las estadísticas oficiales muestran que en 2024 el país registró 16.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, duplicando el promedio mundial.
La extradición de Gamboa representa un punto de inflexión en la cooperación judicial entre Costa Rica y Estados Unidos contra el crimen organizado.
El proceso judicial ha generado gran atención mediática por tratarse de un ex funcionario que ocupó altos cargos durante las últimas dos décadas.
Las autoridades estadounidenses consideran este caso como una muestra del compromiso costarricense en la lucha contra el narcotráfico internacional.
El tribunal dispuso además que se investiguen posibles conexiones con otras organizaciones criminales y el origen de fondos sospechosos.
