La Procuraduría General de la Nación adelanta un seguimiento preventivo al contrato de obra 987 de 2021 del Invías. El contrato es para mejorar y mantener la vía Duitama–Charalá–San Gil, entre Boyacá y Santander. La entidad lo anunció el 9 de noviembre. Habló de «presuntas irregularidades relacionadas con ejecución física y financiera del proyecto».
Es una vigilancia preventiva. No hay investigados, cargos ni sanciones. La Procuraduría tampoco ha informado de irregularidades comprobadas. Según la entidad, la actuación se produjo tras solicitudes de la comunidad.
Según la Procuraduría, el contrato ronda los $310.625 millones. El SECOP II registra $324.627 millones, porque incluye una adición de $14.002 millones firmada en agosto de 2022. La diferencia entre las dos cifras equivale a esa adición.
Según el SECOP, el contrato se firmó el 14 de mayo de 2021 con el Consorcio PCT San-Boy. Lo formaban Procopal y Castro Tcherassi. En octubre de 2021, el consorcio cedió el 100 % a Mincivil S.A. El plazo llega hasta el 31 de agosto de 2030. La interventoría la tiene el Consorcio Reactivaciones 2021, por $28.597 millones.
La Procuraduría pidió información al Invías sobre el avance físico y financiero de un contrato que, según la entidad, lleva seis años en ejecución. También pidió el estado de transitabilidad, el cumplimiento de las obligaciones y los estudios técnicos del paso nacional proyectado por el casco urbano de Charalá. A la Alcaldía de Charalá le pidió sus actuaciones en ordenamiento territorial, seguridad vial, patrimonio histórico y participación ciudadana.
En Charalá, representantes de la comunidad han pedido cambiar ese paso por una variante. Argumentan que afecta a escolares, residentes, turistas, el patrimonio y el comercio.
El avance
La veeduría técnica de la Cámara de Comercio de Bucaramanga midió un avance físico de 8,5 % en octubre de 2025, según Vanguardia. Había 3,5 kilómetros pavimentados y 7,9 rehabilitados. El contrato preveía pavimentar 41 de 68 kilómetros en afirmado.
«Los recursos disponibles solo permiten pavimentar 25 km».
Veeduría técnica de la Cámara de Comercio de Bucaramanga
Son 16 kilómetros menos de los previstos, un recorte de 39 %. En septiembre de 2026, la misma veeduría lo describió como el de menos problemas entre cuatro proyectos de la provincia de Guanentá. Habló de «ejecución eficiente por parte del contratista». Añadió que solo ahora se inició obra en Santander, tras cinco años.
Los permisos ambientales también pesaron. En abril de 2026, el alcalde de Charalá, Jorge Vega, dijo: «los contratistas no han podido avanzar porque no cuentan con los permisos de ocupación de cauce». Advirtió que los recursos podrían volver a Boyacá. Mónica Monsalve, subdirectora de la Oferta de la CAS, respondió que «no se pueden tomar decisiones con información faltante».
En mayo, la CAS otorgó los permisos. Con la Resolución 000308 autorizó a Mincivil la ocupación de cauce para 53 estructuras de drenaje. Con la 000309 aprobó el aprovechamiento forestal en 45,47 hectáreas, según su comunicado del 11 de mayo.
Tras el anuncio de la Procuraduría, Eliana Cucunubá, veedora de la vía Duitama–Charalá, respaldó el seguimiento. Sin embargo, pidió revisar también las responsabilidades de las gobernaciones de Boyacá y Santander. Según dijo a Matinal Noticias Boyacá, los retrasos no dependen solo del contrato, sino de compromisos departamentales pendientes en recursos y estudios técnicos. En Boyacá, señaló, se anunciaron hace más de un año estudios y diseños para ocho kilómetros, sin claridad sobre su estado.
El proyecto hace parte del programa «Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030» del Invías. Hasta ahora no hay un pronunciamiento público del Invías ni de Mincivil S.A. sobre este seguimiento.
Fuentes: Procuraduría General de la Nación, SECOP II, Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), Vanguardia, Matinal Noticias Boyacá, Blu Radio, El Frente.
