Trabajadores y voluntarios con cascos retiran escombros de un edificio colapsado tras el terremoto en Cali
Foto de archivo: trabajadores y voluntarios retiran escombros tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, en Cali. Foto: World Central Kitchen / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Este 11 de noviembre vence, según los bancos que reciben las solicitudes, el plazo para que micro y pequeñas empresas pidan un aporte de $700.362 por cada trabajador damnificado por el sismo del 10 de agosto de 2026. Cubre las nóminas de agosto y septiembre. Banco Popular publica esa fecha como límite para los dos meses. Aparte, los trabajadores sin empleo que perdieron el sustento por el sismo pueden pedir hasta el 31 de diciembre una transferencia de $875.453.

Las dos ayudas salen del Decreto Legislativo 1417 del 17 de septiembre de 2026, publicado en el Diario Oficial 53.630. El decreto desarrolla la emergencia declarada tras el sismo.

«Nuestro propósito es que la emergencia no se convierta en pérdida permanente de empleo».

Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo

El aporte equivale al 40 % del salario mínimo de 2026, que es de $1.750.905. Se paga por trabajador y por mes, hasta por seis ciclos mensuales. No puede superar el ingreso base de cotización ni lo que el empleador pagó realmente como salario.

Para pedirlo, la empresa debe cumplir varias condiciones:

– Ser micro o pequeña empresa (hasta 50 trabajadores), o persona natural empleadora, constituida antes del 10 de agosto de 2026.
– Estar al día en salarios y aportes, con certificación del representante legal.
– Tener al trabajador inscrito en el Registro Único de Damnificados o en el registro de la UNGRD.
– Que el trabajador gane entre 1 y 2 salarios mínimos, esté en la PILA del empleador desde julio de 2026 y tenga contrato vigente en el mes de apoyo.

Las entidades públicas y las que tienen 50 % o más de capital público quedan excluidas.

La solicitud se presenta ante la entidad financiera o la cooperativa de ahorro y crédito donde el empleador tenga un producto de depósito. Se anexan la relación de trabajadores, la autorización de consulta y una declaración juramentada.

El decreto fija cupos: 52.663 beneficios por ciclo y 315.978 en los seis ciclos. Si las postulaciones superan el cupo, serán rechazadas, aunque la empresa puede postularse al ciclo siguiente. Con esos cupos llenos, cada ciclo costaría unos $36.883 millones y los seis, cerca de $221.299 millones. El decreto indica que los recursos salen del Fondo Milagro, pero no precisa el monto.

El artículo 13 del decreto deja al Ministerio del Trabajo fijar los cupos y las fechas de cada ciclo. Ahí hay una contradicción sin aclarar: el Ministerio abrió las postulaciones el 3 de noviembre y los bancos fijan el cierre de las nóminas de agosto y septiembre en el 11 de noviembre, pero el comunicado del Ministerio del 5 de noviembre dice que esas nóminas pueden pedirse hasta el 31 de diciembre. El Ministerio no ha corregido ninguna de las dos fechas. Tampoco ha publicado las fechas de los ciclos 3 a 6. Quien espere a diciembre corre el riesgo de que su banco ya no reciba la solicitud.

La transferencia a cesantes es de 0,5 salarios mínimos, es decir, $875.453. Se entrega en dos giros mensuales iguales. El primero llega máximo cinco días hábiles después del reconocimiento y el segundo, máximo 30 días calendario más tarde.

Para recibirla, la persona debe cumplir estas condiciones:

– Ser mayor de edad y estar en el registro de damnificados.
– Haber aportado seis meses a una caja de compensación en los cinco años previos al sismo. No se exige afiliación vigente.
– Estar en la categoría A o B.
– No tener actividad remunerada ni pensión.

La postulación es gratuita, se hace ante la última caja de compensación a la que la persona aportó y va hasta el 31 de diciembre, según el Ministerio del Trabajo.

Esta transferencia no sale del Presupuesto. Se paga con recursos del Fosfec, el fondo de las cajas de compensación. Por eso depende de lo que las cajas tengan disponible. El decreto aclara que no es una garantía universal y que se atiende por orden de radicación.

El decreto trae otras medidas. Un trabajador damnificado con contrato suspendido puede retirar parcialmente sus cesantías hasta el 17 de marzo de 2027, con autorización del empleador. También abrevia el aviso de vacaciones. Las medidas rigen máximo seis meses desde la publicación.

Hay límites que el anuncio no destaca. El apoyo es solo para trabajadores inscritos en el registro de damnificados. Una empresa afectada con empleados sin inscribir, o con aportes atrasados, queda por fuera. Tampoco se ha informado cuántos trabajadores inscritos son formales y ganan entre 1 y 2 salarios mínimos.

Fuentes: Decreto Legislativo 1417 de 2026, Ministerio del Trabajo, Banco Popular, La República y Portafolio.

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