La Comisión Quinta del Senado realizó el 11 de noviembre una audiencia pública en Valledupar sobre el servicio de energía en Cesar, Bolívar y Magdalena. Fue un debate de control político: no hubo votación ni decisión. Los senadores pidieron respuestas al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
La audiencia fue instalada por el senador Juan Espinal. La senadora Claudia Margarita Zuleta, quien la convocó, centró su intervención en la deuda de la opción tarifaria. Se trata de los saldos que se difirieron en la factura de luz desde la pandemia y que los usuarios siguen pagando.
Según Zuleta, en junio de 2024 el presidente de la República se comprometió, en nombre del Gobierno, a pagar esa deuda. Ella la calculó en cerca de 2,7 billones de pesos, que beneficiaban sobre todo a los estratos 1, 2 y 3. «Hasta la fecha, esos recursos no se han pagado», afirmó.
La promesa tiene antecedentes. En mayo de 2024, el entonces ministro de Minas, Andrés Camacho, anunció que el Gobierno de Gustavo Petro asumiría parte de la deuda. El ministro de Hacienda de ese momento, Ricardo Bonilla, habló de un crédito de Findeter de cerca de 2 billones de pesos para las comercializadoras. Sin embargo, en marzo de 2025 el ministro Edwin Palma dijo que la Nación ya no podía pagarla, porque se había hundido la Ley de Financiamiento. Propuso entonces que los estratos 4, 5 y 6, la industria y el comercio cubrieran el saldo de los estratos 1, 2 y 3.
Las cifras de la deuda cambian según la fecha y el alcance. En agosto de 2026, el gremio de los distribuidores de energía, Asocodis, la calculó en 1,8 billones de pesos. «El presidente anterior había prometido pagarla, nunca lo hizo», dijo su presidente, José Camilo Manzur.
Zuleta rechazó que el pago se traslade a otros usuarios.
«Los caribeños no queremos que, ante el incumplimiento del Gobierno, se pretenda trasladar el pago de la opción tarifaria a los ciudadanos de los estratos 4, 5 y 6. Esa no puede ser una decisión aceptable».
Claudia Margarita Zuleta, senadora
Además, pidió a MinEnergía y a la CREG que expliquen «hasta cuándo estaremos pagando la opción tarifaria». También recordó que el régimen tarifario especial del Caribe se aprobó en el Plan de Desarrollo del Gobierno de Iván Duque. Según ella, la Corte Constitucional dijo que debe mantenerse mientras persistan las circunstancias excepcionales.
La senadora también presentó cifras de pérdidas de energía. El promedio nacional, dijo, está entre 14 % y 15 %. En Afinia, según sus datos, pasó de 26 % en junio de 2024 a 28,9 % a mitad de 2025 y a 29,3 % al cierre de ese año. En Cesar, aseguró, llega a entre 40 % y 41 %. «¿Qué empresa puede ser sostenible así?», preguntó.
Sobre la calidad del servicio, citó el caso de Chimichagua. Allí, según la senadora, hubo 249 horas sin luz en 2025 y 105 eventos de afectación entre el 1 de enero y el 18 de septiembre.
El senador Didier Lobo cuestionó lo que se cobra por pérdidas. Según él, en la Costa se cobra entre 22 % y 27 %, «casi el doble» del resto del país. Calificó las tarifas como «un asalto a mano armada». También criticó los recargos para quien supera su consumo habitual. Se refería al programa de ahorro de la CREG por El Niño, vigente desde el 1 de septiembre. Según EPM y Celsia, quien pasa del 110 % de su meta paga un recargo de 30 % en los estratos 1, 2 y 3, y de 50 % en los estratos 4, 5 y 6, solo por el exceso.
Lobo apuntó además a los operadores.
«Los operadores exprimen el negocio, no invierten en las redes, se declaran en quiebra y dejan al Estado con deudas millonarias que terminamos pagando con nuestros impuestos».
Didier Lobo, senador
Por su parte, Espinal dijo que en el sector minero-energético hay problemas del Gobierno que salió, pero también otros que «vienen de años y gobiernos anteriores».
En el registro público de la audiencia no aparecen las versiones del Ministerio de Minas y Energía, de la CREG ni de los operadores Afinia y Air-e. Hasta la publicación de esta nota, el Gobierno no había respondido a los planteamientos ni había dicho cuándo terminaría el cobro de la opción tarifaria.
Fuentes: Senado de la República, senadora Claudia Margarita Zuleta, Asocodis, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda, Valora Analitik, El Universal, El Heraldo, La República.
