La polémica regresa al debate sobre la fumigación aérea de cultivos ilícitos en Colombia. El presidente Gustavo Petro sorprendió este lunes con un giro radical en su postura histórica sobre este tema.
“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia”, declaró el mandatario. Además, advirtió que “allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”.
Este cambio de posición resulta llamativo considerando que Petro ha sido un férreo opositor al uso del glifosato. Durante su carrera como senador y en sus primeros años como presidente, defendió consistentemente la sustitución voluntaria de cultivos.
El detonante para este viraje fueron las más de 28 asonadas contra la Fuerza Pública en los últimos meses. El incidente más reciente ocurrió en la vereda Los Tigres de El Tambo, Cauca, donde 45 militares permanecieron secuestrados durante más de 24 horas.
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, profundizó sobre las discusiones en el alto gobierno. “Los tiempos han cambiado”, explicó el funcionario, destacando avances tecnológicos que permitirían una fumigación más precisa y menos dañina.
“Hay mejor tecnología para evitar daños ambientales y mejores capacidades para focalizar el esfuerzo”, señaló Sánchez. El ministro mencionó incluso la posibilidad de utilizar drones masivamente como parte de la estrategia.
La oposición no tardó en reaccionar, aunque sus críticas se centraron más en el cambio de postura que en la medida. María Paula Correa, ex jefe de gabinete de Iván Duque, recordó cómo el anterior gobierno intentó sin éxito retomar la fumigación aérea.
“Iván Duque como presidente estuvo en la Corte Constitucional exponiendo por qué deberían reconsiderar la sentencia”, manifestó Correa. La funcionaria resaltó que la oposición, entonces liderada por Petro, los acusó de “asesinos” y de “destruir el medio ambiente”.
El senador Ariel Ávila explicó el mecanismo de las asonadas contra la Fuerza Pública. “Empezó en 2011-2013 y la utilizaban las FARC. Los grupos armados obligan a la gente a carnetizarse en las Juntas de Acción Comunal para controlar el territorio”.
La implementación de esta medida enfrenta obstáculos significativos. Desde 2015, cuando se suspendió definitivamente la aspersión aérea, la Corte Constitucional estableció requisitos estrictos para su eventual reanudación.
Entre los requisitos destaca la necesidad de realizar consultas previas con las comunidades afectadas. También se requiere un nuevo pronunciamiento de la Corte, que en 2020 reiteró su posición restrictiva sobre el tema.
Los plazos administrativos y legales necesarios hacen improbable que la fumigación aérea regrese durante los 11 meses restantes del gobierno Petro. Se necesitaría completar procesos de consulta previa, licitaciones para comprar químicos y adquirir equipos especializados.
El debate se intensifica ante la posible descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. El expresidente Duque advirtió recientemente sobre la dificultad de revertir una eventual descertificación sin mecanismos como la aspersión aérea.
