El senador del Centro Democrático Enrique Cabrales radicó nuevamente un proyecto de ley. La iniciativa busca prohibir el acceso y uso de redes sociales a menores de 16 años. Además, lo acompañan en esta propuesta el senador Honorio Henríquez, Juan Caicedo y el representante Jesús Lorduy.
La medida pretende proteger la salud mental de los niños, niñas y adolescentes colombianos. Asimismo, busca salvaguardar su integridad y desarrollo frente a los riesgos del entorno digital. Por consiguiente, el proyecto responde a una creciente preocupación por las amenazas en línea.
Los proponentes argumentan que Colombia seguiría una tendencia internacional con esta normativa. Australia aprobó recientemente una ley que fija los 16 años como edad mínima. Igualmente, Portugal, España, Indonesia y Malasia avanzan en reformas con el mismo propósito. Por otra parte, Francia ya estableció restricciones con una edad mínima de 15 años.
“Lo prometimos y hoy cumplimos nuestra palabra. Volvemos a radicar este proyecto porque no podemos seguir siendo indiferentes mientras nuestros niños son víctimas del ciberacoso, la explotación sexual, la violencia digital y una creciente crisis de salud mental”, dijo el senador Enrique Cabrales.
El Centro Democrático respaldó la iniciativa con datos sobre afectaciones a menores de edad. Estas cifras han sido registradas y medidas por organismos internacionales. En consecuencia, el partido aseguró que “las cifras son alarmantes”.
Según el estudio Disrupting Harm Colombia, uno de cada cinco adolescentes usuarios de internet sufrió alguna forma de abuso. Este estudio fue desarrollado por Unicef, Ecpat International e Interpol. De hecho, esto equivale a cerca de 860.000 niños, niñas y adolescentes en el último año. Además, estos jóvenes experimentaron abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología.
La evidencia científica demuestra que el uso intensivo de redes sociales genera consecuencias graves. Específicamente, se asocia con un mayor riesgo de ansiedad y depresión en adolescentes. También se relaciona con otros problemas de salud mental que afectan su desarrollo.
Estudios longitudinales han encontrado hallazgos preocupantes sobre el uso excesivo de plataformas digitales. Los jóvenes que utilizan redes sociales durante más de tres horas al día presentan riesgos significativos. Particularmente, tienen mayor probabilidad de desarrollar síntomas de ansiedad y depresión. Adicionalmente, sufren alteraciones del sueño y del bienestar emocional.
“Las redes sociales no pueden seguir operando sin asumir ninguna responsabilidad. Si otros países ya están actuando para proteger a sus menores, Colombia también debe hacerlo. La protección de nuestros niños está por encima de cualquier interés económico”, señaló el senador Enrique Cabrales.
El representante Jesús Lorduy manifestó que la iniciativa no busca aislar a los menores. Por el contrario, su objetivo principal es protegerlos de los peligros digitales. “Así como existen reglas para proteger a los niños en otros ámbitos de la vida, también deben existir en el entorno digital. Las plataformas tienen que asumir su responsabilidad e implementar mecanismos efectivos de verificación de edad. El Congreso tiene el deber de actuar antes de que sea demasiado tarde”, dijo el congresista.
El debate sobre restringir el acceso de menores a las redes sociales no es nuevo. Desde 2024 el Congreso ha discutido diferentes iniciativas para fortalecer la protección infantil. Estas propuestas surgen en medio de crecientes preocupaciones por los efectos sobre la salud mental. También responden a inquietudes sobre la seguridad y la exposición a contenidos nocivos.
Uno de los antecedentes más relevantes fue el Proyecto de Ley 261 de 2024 Senado. Posteriormente, esta iniciativa se tramitó como Proyecto de Ley 478 de 2024 Cámara. El senador y actual presidente del Senado Honorio Miguel Henríquez impulsó esta propuesta legislativa.
La propuesta buscaba establecer obligaciones para las plataformas digitales de manera integral. Asimismo, pretendía fortalecer los mecanismos de verificación de edad en estas plataformas. Además, buscaba crear medidas para reducir los riesgos que enfrentan los menores en internet. Sin embargo, no planteaba una prohibición total de acceso a las redes sociales.
Durante el trámite legislativo, la iniciativa avanzó en el Senado con relativo éxito. Posteriormente, pasó a la Cámara de Representantes para su discusión correspondiente. Allí fue objeto de debate en la Comisión Sexta del organismo legislativo.
El proyecto proponía que las empresas tecnológicas adoptaran herramientas específicas para proteger a los menores. Al mismo tiempo, buscaba equilibrar esas medidas con derechos fundamentales como el acceso a la información. También consideraba importante preservar la libertad de expresión de los jóvenes.
No obstante, la propuesta no completó su trámite antes del cierre de la legislatura. En consecuencia, quedó archivada por falta de tiempo en el calendario legislativo. Este resultado evidenció la complejidad de tramitar este tipo de iniciativas en el Congreso.
El tema volvió a tomar fuerza en 2025 y 2026 con nuevas iniciativas legislativas. Estas propuestas endurecieron las restricciones planteadas inicialmente por los congresistas. Por lo tanto, representan un enfoque más estricto hacia la regulación de plataformas digitales.
Entre las nuevas iniciativas se destacó un proyecto anunciado en febrero de 2026. El senador Enrique Cabrales también lideró esta propuesta legislativa más restrictiva. En este caso, se buscaba limitar el acceso a redes sociales a menores de 14 años.
Estos antecedentes muestran que el Congreso ya venía explorando distintas fórmulas regulatorias. El objetivo era regular el uso de plataformas digitales por parte de menores de edad. No obstante, las propuestas diferían en la edad mínima establecida para el acceso. También variaban en el alcance de las restricciones planteadas a las plataformas.
La nueva radicación del proyecto marca un paso adicional en este debate legislativo. Refleja la persistencia de los congresistas en impulsar medidas de protección para menores. Igualmente, evidencia la preocupación creciente por los riesgos del entorno digital para esta población vulnerable.
Las plataformas digitales enfrentarían nuevas obligaciones si el proyecto se aprueba. Deberían implementar mecanismos efectivos de verificación de edad para cumplir con la normativa. También tendrían que asumir mayor responsabilidad sobre los contenidos accesibles para diferentes grupos etarios.
Los defensores de la iniciativa argumentan que la protección infantil debe priorizarse. Consideran que los intereses económicos de las empresas tecnológicas no pueden estar por encima. Por tanto, sostienen que el Estado tiene la obligación de intervenir regulatoriamente.
El proyecto ahora enfrentará el trámite legislativo correspondiente en el Congreso de la República. Deberá pasar por debates en comisiones y plenarias de ambas cámaras legislativas. Finalmente, requerirá la aprobación mayoritaria para convertirse en ley de la República.
La discusión sobre esta medida promete generar intensos debates entre legisladores y sectores interesados. También se espera la participación de expertos en tecnología, psicología infantil y derechos humanos. Asimismo, las empresas tecnológicas probablemente presentarán sus posiciones sobre la viabilidad de la propuesta.
