En enero de 2024, un campesino de 34 años regresaba a su finca. Venía de celebrar las fiestas de Fin de Año. Lo acompañaban su esposa y sus tres hijos. El camino atravesaba la vereda La Torre, en Puerto Guzmán, Putumayo. De repente, activó una mina antipersonal. Murió al instante.
Su hijo menor, de apenas 13 años, quedó marcado. Meses después, en un taller educativo, hizo una pregunta desgarradora. Angelmiro Dagua, capitán del resguardo indígena nasa Aguaditas, quedó pasmado. El niño quería aprender a construir minas. Su objetivo era vengarse de quienes mataron a su padre.
Dagua trabajó durante tres años como facilitador del equipo de desminado humanitario. Su labor con la Campaña Colombiana contra Minas buscaba prevenir accidentes. Los talleres ofrecían herramientas a niños y adolescentes. Sin embargo, la respuesta del facilitador fue clara. “Esta clase es para que ustedes puedan protegerse de las minas, no para hacerlas”, le dijo.
La Torre registró tres incidentes con minas durante 2024. Los datos provienen del Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal. En todo Puerto Guzmán, solo 47 personas se han declarado víctimas. No obstante, Aracely Hurtado advierte sobre posibles subregistros. Ella es exconcejala y enlace local de la Fiscalía General.
Según Hurtado, muchas víctimas prefieren abandonar el municipio. Otras declaran en lugares diferentes. Algunas se abstienen por completo. El temor a represalias de grupos armados es constante. Por lo tanto, la cifra real podría ser mucho mayor.
Puerto Guzmán se ubica sobre la margen derecha del río Caquetá. Este municipio amazónico tiene 38.586 habitantes. Cerca de 4.000 son indígenas. Además, existe una notoria presencia de comunidades afro. La coexistencia de pueblos originarios marca la identidad del territorio.
Cristina Jamioy fue gobernadora del resguardo inga Alpamanga. Alrededor de 178 personas viven allí. El resguardo está ubicado a una hora de la cabecera. Por su parte, Angelmiro Dagua indica que 335 personas habitan el resguardo nasa de Aguaditas. Este se encuentra a solo 950 metros del pueblo.
El consejo comunitario Palenque Amazónico agrupa 60 familias afro. Sus tierras abarcan más de 70 hectáreas. Están ubicadas en la vereda La Ilusión. Para todas estas comunidades, las minas antipersonal representan un vestigio doloroso. El factor étnico incide en cómo viven esta afectación.
Deyanira y Cristina Jamioy son hermanas. Ambas fueron gobernadoras del resguardo inga de Alpamanga. Recuerdan que en 2010 llegaron las primeras minas. Los actores armados las instalaron en campos y sitios sagrados. Desde entonces, la vida cambió radicalmente.
“Todos esos años nosotros vivimos como en confinamiento porque no podíamos salir a andar al territorio. Solamente por los caminos y la carretera y nadie venía más al monte ni nada. Había temor de que cualquier niño, cualquier anciano o joven fuera a pisar una mina y resultara lesionado”, explicó Cristina.
El cementerio quedó contaminado. También el lote de la casa cabildo. Zonas destinadas a rituales sagrados se volvieron inaccesibles. Terrenos de conservación quedaron vedados. Incluso el patio trasero de la casa de Deyanira se convirtió en zona de riesgo.
Ana María Santofimio es experta en tierras. Además, es socióloga y magíster en Derechos Humanos. Ella enfatiza la dimensión psicológica del problema. “No es solo tener cuidado, es la incertidumbre de vivir con el temor a morir”, señaló.
La tierra se sentía distinta para las comunidades. Los ancianos no pudieron volver a las chagras. Estas son las huertas o espacios destinados para la siembra. Allí compartían enseñanzas ancestrales con los más jóvenes. Prácticas milenarias como la caza se restringieron completamente.
“Donde más nos impactó fue en el tema cultural”, precisó Deyanira. La transmisión de conocimiento indígena difiere del aprendizaje occidental. Se desarrolla en la práctica. Requiere recorridos por el territorio. Sin acceso al monte, la cultura se debilita.
Luz Deny Buesaquillo es docente del resguardo Alpamanga. Ella explicó cómo las minas cohibieron el ejercicio etnoeducativo. La transmisión de usos y costumbres propias quedó truncada. “El no salir a nuestro territorio trunca el aprendizaje propio. Ha afectado el diálogo con nuestros mayores en estos espacios. Ellos son los que nos transmiten los saberes ancestrales”, reiteró.
En el resguardo Aguaditas, la situación fue similar. Sin embargo, hubo matices determinados por la cosmovisión nasa. Para este pueblo, existen señales que indican peligro. Una vibración en el pecho puede ser advertencia. También una punzada en la pantorrilla. Igualmente, un calambre en la parte izquierda del cuerpo.
El canto del pájaro brujo es otra señal. Su trinar se considera una alerta espiritual. “Antes de eso (el desminado) nosotros ya hemos sentido que nuestros espíritus nos han hecho la advertencia de que no podíamos arrimar a esos sitios”, manifestó Francisco Dagua. Él es sabedor y líder espiritual del resguardo de Aguaditas.
Para la cultura nasa, la tierra se divide en tres capas. Estas incluyen la superficie, el suelo y el subsuelo. Cada una está habitada por entidades espirituales. Los Ksxa’w, llamados chaux en español, son duendes protectores. También hay espíritus chamanes que protegen el territorio. Todos sirven de guías espirituales.
Cuando un artefacto explota, ocurre algo más que destrucción física. “Automáticamente afecta los espíritus que están en el subterráneo y la superficie porque sale la onda”, explicó Dagua. Los espíritus son violentados y expulsados. Esto genera una desarmonía profunda. Los sabedores deben subsanarla mediante rituales.
En algunos casos, la afectación es tan grande que la conexión espiritual se pierde. Esto conduce al abandono de espacios rituales y sagrados. Estos lugares pierden su condición de sitios ceremoniales. La comunidad ya no puede acceder a ellos.
Santofimio explicó que esto representa una pérdida cultural. También implica pérdida de identidad de los pueblos. El territorio es parte viva de los mitos. Forma parte de las tradiciones orales. “Con estos artefactos se pierde una experiencia vital, ‘como un lugar que fue, pero ya no es’. Entonces tú ya no lo vives, no puedes acceder a él. Y esa ruptura intergeneracional sí que es una pérdida”, recalcó.
La base de datos de AICMA reporta operaciones de desminado en Aguaditas. Muchas aparecen como “finalizadas”. El área está parcialmente libre de sospecha de contaminación. Sin embargo, Dagua menciona un problema adicional. Muchos espacios no han sido purificados espiritualmente.
Los sabedores suelen quitarles la condición de sitios sagrados. Consideran difícil reactivar la armonía. La sensación de zozobra persiste. También la frustración por los límites impuestos al andar. El dolor y la incertidumbre configuran una desarmonía difícil de sanar.
“Uno siente como si la casa estuviera sucia. Porque para nosotros el territorio es nuestro hogar, nuestro sitio de vida”, manifestaron las hermanas Jamioy. No hay garantías de que todo el territorio esté libre. Las minas siguen siendo una amenaza latente.
La erradicación definitiva de las minas en Puerto Guzmán sigue siendo una meta lejana. Datos de la OACP y AICMA tienen corte al 30 de junio de 2025. En el primer semestre del año, 32.057 metros cuadrados fueron declarados “terreno cancelado”. Esto significa que están libres de sospecha de minas.
La declaración se hizo mediante estudios no técnicos. Estos se basan en recolección y análisis de información. Para todo Putumayo, el total fue de 978.213 metros cuadrados. Sin embargo, la reconfiguración del conflicto complica el panorama.
Puerto Guzmán es estratégico por su ubicación limítrofe. Se encuentra entre los departamentos del Cauca y Caquetá. La disputa por el control de rutas del narcotráfico se ha intensificado. Los Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia participan en el conflicto. También las disidencias al mando de Iván Mordisco. Igualmente, el Estado Mayor de Bloques y Frentes, bajo alias Calarcá Córdoba.
Durante 2024, Puerto Guzmán fue el municipio de Putumayo con más incidentes. Se registraron 58 casos de minas antipersonal. Esta cifra iguala el total de incidentes ocurridos entre 2015 y 2023. Aunque no dejaron víctimas, son indicativos del aumento de actores armados.
Yury Quintero integra la Red Departamental de Derechos Humanos. Ella comentó que las minas se usan para marcar territorios. También funcionan como garantía. Impiden que otros actores armados entren a las zonas controladas. Esta estrategia militar mantiene a las comunidades en riesgo permanente.
Los niños y los ancianos son los más vulnerables. Los abuelos insisten en recorrer los sitios sagrados. Lo hacen aunque haya peligro. Los niños, debido a su curiosidad, terminan manipulando los artefactos. Las jornadas educativas buscan prevenir estas tragedias.
La pregunta del niño de 13 años resume la complejidad del problema. El ciclo de violencia amenaza con perpetuarse. El dolor se transforma en deseo de venganza. La educación en prevención enfrenta narrativas de retaliación. Las comunidades quedan atrapadas entre el miedo y la impotencia.
El desminado humanitario avanza lentamente. Los recursos son limitados. La presencia de nuevos actores armados dificulta las operaciones. Mientras tanto, las comunidades continúan viviendo con incertidumbre. El territorio sigue siendo un hogar sucio. Un espacio que fue sagrado pero ya no puede serlo.
La situación en Puerto Guzmán refleja una crisis humanitaria compleja. Combina violencia física con destrucción cultural. Mezcla daño ambiental con desarmonía espiritual. Las minas antipersonal no solo matan o mutilan. También rompen tejidos sociales. Destruyen prácticas ancestrales. Generan traumas intergeneracionales.
Las hermanas Jamioy siguen trabajando por su comunidad. Angelmiro Dagua continúa educando sobre prevención. Los sabedores nasa intentan restaurar la armonía. Las familias afro del Palenque Amazónico resisten. Todas estas comunidades comparten un anhelo. Quieren recuperar la libertad de caminar su territorio. Desean que sus hijos crezcan sin miedo. Aspiran a que los sitios sagrados vuelvan a serlo.
Sin embargo, mientras continúe el conflicto armado, las minas seguirán siendo sembradas. Cada nueva disputa territorial trae más artefactos explosivos. Cada cambio en la correlación de fuerzas genera nuevas áreas contaminadas. El peligro no tiene fecha de caducidad. Las minas pueden permanecer activas durante décadas.
La pregunta del niño huérfano sigue resonando. Su dolor es legítimo. Su rabia es comprensible. Pero la respuesta de Angelmiro Dagua también es crucial. La educación para la protección debe prevalecer sobre el deseo de venganza. Solo así se puede romper el ciclo de violencia.
El desafío es enorme. Requiere desminado físico del territorio. También necesita desminado emocional de las comunidades. Exige purificación espiritual de los espacios sagrados. Demanda justicia para las víctimas. Implica garantías de no repetición. Supone la salida definitiva de los actores armados.
Mientras esto no ocurra, Puerto Guzmán seguirá siendo un territorio en suspenso. Un lugar donde el pasado violento contamina el presente. Un espacio donde el futuro de los niños está minado. Literalmente.
