Álvaro Leyva, quien fue canciller durante el gobierno de Gustavo Petro, emitió un nuevo comunicado. En este, carga nuevamente contra el presidente. Además, se pronuncia sobre el llamado a juicio en su contra.
La audiencia de acusación contra Leyva ocurrirá el próximo 23 de abril. Está programada para las 3:00 p. m. El excanciller abordó la acusación que radicó la Fiscalía. También aprovechó para atacar al mandatario.
Leyva fue, en su momento, uno de los funcionarios más cercanos al jefe de Estado. Sin embargo, la relación se fracturó completamente. Ahora protagonizan un nuevo round de enfrentamientos públicos.
En su comunicado, el excanciller reiteró una grave acusación. Según él, Petro ha “urdido” una “persecución atroz” en su contra. Esto sería, según Leyva, una retaliación. La razón: sus denuncias sobre la cercanía del presidente “al mundo de la droga”.
En esa línea, Leyva apuntó hacia el origen de la acusación fiscal. La Fiscalía lo señala por el presunto delito de prevaricato por acción. Este delito se presenta en concurso homogéneo. El caso gira en torno a la licitación de pasaportes.
El excanciller explicó su versión de los hechos. “La Fiscalía me acusa de prevaricato porque declaré desierta una licitación de pasaportes”, señaló. Agregó que, según la misma Fiscalía, esa licitación estaba basada en un “pliego sastre”.
Leyva defendió su actuación con argumentos constitucionales. Recordó que ayudó a redactar la Constitución. Por eso, según él, tenía la obligación de aplicarla correctamente. “Para el ente acusador, no debí haber cumplido la obligación de aplicar la Constitución”, indicó.
El excanciller considera que buscó la igualdad en el proceso. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que obró con dolo. “El mundo al revés”, señaló Leyva en su misiva. También afirmó que sus acciones no son inconstitucionales ni ilegales.
A pesar de las acusaciones, Leyva mostró disposición a enfrentar el proceso. “Bienvenido sea el juicio”, declaró. Manifestó que dará la “batalla en la Corte Suprema con toda fortaleza”. Además, expresó plena confianza en los magistrados de ese tribunal.
El excanciller prometió demostrar varios puntos a su favor. Afirmó que dejó “andando una licitación nueva, limpia y legal”. Sin embargo, señaló que su sucesor la suspendió. Se refiere a Luis Gilberto Murillo, quien lo reemplazó en Cancillería.
Leyva dirigió duras críticas contra Murillo. Lo acusó de haber hecho “todo a dedo”. También lo señaló de actuar de manera “turbia”. Además, afirmó que Murillo hizo “todo sin control” en el proceso de pasaportes.
Al final del comunicado, Leyva volvió a atacar al presidente Petro. Lo calificó de “ser infame”. También lo acusó de “maltratar e insultar contradictores”. Estas declaraciones elevan la tensión entre ambos políticos.
El excanciller incluso hizo señalamientos sobre la conducta personal del mandatario. Según Leyva, Petro sale a la plaza pública bajo efectos del alcohol. Esta es una acusación grave que no ha sido comprobada.
Leyva también se refirió a las próximas elecciones presidenciales. Afirmó que “Colombia merece un nuevo amanecer”. Criticó duramente a quienes respaldan al presidente. Según él, “la izquierda radical” se ha convertido en “la barra brava del presidente”.
El excanciller señaló que esos sectores “le perdona todo” al mandatario. Sin embargo, planteó una pregunta hacia el futuro. Se preguntó si también le perdonarán “ser el responsable de su posible derrota”.
Leyva finalizó su comunicado con un mensaje de determinación. “Yo, por mi parte, sigo listo para todas las batallas”, declaró. Afirmó que abraza “siempre la justicia contra la opresión”. También dijo que usa “el derecho como lanza, escudo y bandera”.
La Fiscalía General radicó el escrito de acusación este pasado miércoles. Lo presentó ante la Sala Especial de Primera Instancia. Esta sala pertenece a la Corte Suprema de Justicia. El documento señala a Leyva como presunto responsable de prevaricato.
Vale recordar que Leyva fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría. La sanción es por un periodo de 10 años. Según el ente investigador, el excanciller actuó en contravía de la ley.
La acusación fiscal detalla los actos administrativos cuestionados. Según la Fiscalía, Leyva “habría proferido tres actos administrativos contrarios a la Ley”. El objetivo de estos actos habría sido obstruir la licitación 001 de 2023.
Esta licitación tenía un objeto específico y considerable. Buscaba la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes. El contrato tendría vigencia hasta el 31 de julio de 2026. Su valor alcanzaba los 559.000 millones de pesos.
Roberto Badel García es el abogado defensor de Leyva. Ha presentado la versión de defensa en el caso. Según Badel, su cliente buscaba garantizar la “pluralidad” de ofertas. Este sería el verdadero objetivo de las normativas cuestionadas.
La defensa argumenta que Leyva actuó para proteger la transparencia. Según esta versión, declarar desierta la licitación evitó irregularidades. El excanciller habría detectado problemas en el proceso original. Por eso decidió suspenderlo y comenzar uno nuevo.
La Fiscalía, por su parte, sostiene una interpretación diferente. Considera que los actos administrativos fueron arbitrarios. Según el ente acusador, Leyva obstruyó un proceso legítimo. Además, señala que actuó con dolo, es decir, con intención.
Este caso se suma a las tensiones políticas del gobierno Petro. Las relaciones entre el presidente y su excanciller se deterioraron completamente. Lo que comenzó como una alianza cercana terminó en acusaciones mutuas.
Leyva fue uno de los funcionarios de mayor confianza del presidente. Participó activamente en el proceso de paz y en temas internacionales. Sin embargo, su salida del gobierno fue conflictiva. Desde entonces, las críticas mutuas han sido constantes.
El excanciller ha insistido en sus denuncias sobre vínculos del gobierno con el narcotráfico. Estas acusaciones son graves y no han sido probadas. Sin embargo, Leyva las mantiene y las repite públicamente.
Por su parte, el gobierno ha guardado silencio oficial sobre estas nuevas declaraciones. No ha habido respuesta directa del presidente Petro. Tampoco se han emitido comunicados desde la Presidencia o Cancillería.
El caso de los pasaportes se convierte así en un asunto judicial complejo. Mezcla elementos técnicos del derecho administrativo con tensiones políticas. La Corte Suprema deberá evaluar si hubo prevaricato o actuación legítima.
La audiencia del 23 de abril será clave en este proceso. Allí se presentarán formalmente las acusaciones. También la defensa tendrá oportunidad de exponer sus argumentos. Los magistrados comenzarán a evaluar las pruebas presentadas.
Mientras tanto, Leyva continúa con sus críticas públicas al gobierno. Sus comunicados mantienen un tono confrontacional. También incluyen señalamientos personales contra el presidente. Esta estrategia podría tener implicaciones en su proceso judicial.
La situación refleja las profundas divisiones dentro del progresismo colombiano. Quienes fueron aliados ahora se enfrentan públicamente. Las acusaciones mutuas debilitan al gobierno. También generan incertidumbre sobre el futuro político del país.
El excanciller mencionó las próximas elecciones en su comunicado. Esto sugiere que mantiene aspiraciones o intereses políticos. Sin embargo, su inhabilitación por diez años le impide ocupar cargos públicos. Aun así, podría influir en el debate político.
Las encuestas mencionadas en el contexto muestran un panorama electoral complejo. Cepeda lidera con 37,8 por ciento. Le sigue De La Espriella con 27,2 por ciento. Valencia aparece tercero con 22,9 por ciento, según Atlas.
Este panorama electoral podría verse afectado por el enfrentamiento Petro-Leyva. Las acusaciones sobre vínculos con el narcotráfico son especialmente sensibles. También lo son los señalamientos sobre conducta personal del presidente.
La Corte Suprema enfrentará un caso con alta carga política. Deberá evaluar los aspectos técnicos del derecho administrativo. También tendrá que mantener independencia frente a las presiones mediáticas. La credibilidad institucional está en juego.
El proceso judicial contra Leyva continuará en las próximas semanas. La audiencia de acusación es solo el comienzo. Después vendrán etapas de presentación de pruebas. Finalmente, habrá una decisión sobre su responsabilidad penal.
Mientras tanto, el debate público continuará intenso. Las declaraciones de Leyva generan reacciones diversas. Sus críticos lo consideran un funcionario que actuó irregularmente. Sus defensores lo ven como víctima de persecución política.
El caso de los pasaportes evidencia problemas en la contratación pública. Los “pliegos sastre” son una práctica cuestionada históricamente. Estos documentos se diseñan para favorecer a contratistas específicos. Combatirlos es un objetivo legítimo de política pública.
Sin embargo, la forma de hacerlo también debe ser legal. Declarar desierta una licitación requiere justificación adecuada. Los actos administrativos deben estar debidamente motivados. La Corte evaluará si Leyva cumplió estos requisitos.
La defensa argumentará que sí lo hizo correctamente. Presentará evidencia de las irregularidades detectadas. También mostrará que la nueva licitación buscaba mayor transparencia. El objetivo será demostrar que actuó dentro de sus competencias.
La Fiscalía, por el contrario, buscará probar la arbitrariedad. Intentará demostrar que no había razones suficientes. También argumentará que existía dolo en la actuación. Deberá presentar pruebas sólidas para sostener la acusación.
El resultado del juicio tendrá implicaciones amplias. Si Leyva es condenado, fortalecerá la posición del gobierno. Si es absuelto, validará sus denuncias de persecución. En cualquier caso, el debate político continuará intenso.
La confianza en las instituciones está siendo puesta a prueba. La ciudadanía observa con atención estos enfrentamientos. Las acusaciones mutuas generan desconfianza en la política. También alimentan la polarización que afecta al país.
Colombia enfrenta así un momento de alta tensión institucional. Los poderes públicos están involucrados en controversias. El Ejecutivo enfrenta acusaciones de su excanciller. La Fiscalía y la Procuraduría han actuado contra Leyva. La Corte Suprema deberá juzgar el caso.
Este entramado institucional refleja la complejidad del momento político. Las elecciones se acercan y las tensiones aumentan. Los actores políticos buscan posicionarse. Las acusaciones se multiplican en el espacio público.
Leyva mantiene su estrategia de confrontación directa. No muestra intención de moderar sus señalamientos. Al contrario, los intensifica con cada comunicado. Esta postura podría tener costos pero también réditos políticos.
El presidente Petro, por su parte, no ha respondido directamente. Su estrategia parece ser dejar que las instituciones actúen. Sin embargo, el silencio también puede interpretarse de diversas formas. Algunos lo ven como prudencia, otros como debilidad.
La situación continuará desarrollándose en las próximas semanas. La audiencia del 23 de abril será un momento crucial. Allí se conocerán más detalles de la acusación. También se escucharán los primeros argumentos de defensa.
Mientras tanto, el país observa este enfrentamiento entre antiguos aliados. Las consecuencias políticas aún están por verse. Lo cierto es que la ruptura entre Petro y Leyva es definitiva. Las posibilidades de reconciliación parecen nulas.
