El 2 de junio de 2001, Kimy Pernía desapareció en el Alto Sinú. Las Autodefensas Unidas de Colombia lo llevaron consigo. Este líder indígena embera katío nunca regresó a su comunidad.
Años después, los propios victimarios despejaron cualquier duda. Las declaraciones de los exjefes paramilitares desmovilizados revelaron la verdad. La muerte de Pernía era apenas una señal. Un proyecto político y militar se tomaba Córdoba entonces. Buena parte del país también caía bajo su control.
Investigadores de la Corte Suprema de Justicia recogieron estas versiones. Los fiscales también documentaron los testimonios. Desde 2005, las confesiones comenzaron a fluir. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar.
Las fechas del asesinato del líder indígena coinciden con otros acontecimientos. Los actores involucrados también se repiten. El año 2001 marcó un punto de inflexión. El Pacto de Ralito selló entonces una alianza fatal.
Los paramilitares en ascenso buscaban legitimidad política. La dirigencia política y económica regional necesitaba protección. Juntos acordaron tomarse el poder local. El nivel nacional también estaba en su mira.
Carlos Castaño habló con Bernard-Henri Lévy en julio de 2001. Ese mismo mes, Salvatore Mancuso ordenaba convocar una reunión crucial. La vereda Santa Fe de Ralito, en Tierralta, sería el escenario. Miembros de la clase dirigente debían acudir.
Los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena enviaron representantes. El gobernador de Córdoba, Jesús María López Gómez, convocó el encuentro. Mancuso lo consideraba un aliado incondicional. “Era como mi padre”, diría después el jefe paramilitar.
López Gómez había demostrado su lealtad antes. Tras la desaparición de Kimy Pernía el 2 de junio, actuó rápidamente. En Tierralta detuvo la movilización embera. Los indígenas buscaban desesperadamente a su líder.
“Con mucho gusto, a partir del 18 de junio, cuando termine la Feria Ganadera, la marcha indígena tendrá todo el apoyo de mi gobierno y de las fuerzas del orden, pero en este momento es imposible”, advirtió López Gómez. La feria ganadera era más importante que un líder desaparecido.
El 23 de julio, más de 60 políticos y funcionarios acudieron a la cita. Los departamentos costeños enviaron a sus figuras más prominentes. Los asistentes se encontraron cara a cara con sus verdaderos jefes.
Salvatore Mancuso presidía la reunión. Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, también estaba presente. Edward Cobos Téllez, conocido como “Diego Vecino”, acompañaba al grupo. Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, completaba la cúpula paramilitar.
Según la Fiscalía General de la Nación, los políticos presentes ya colaboraban. Algunos pretendían incorporarse al proyecto de las autodefensas. Otros llevaban años trabajando con los paramilitares. La reunión formalizaría el acuerdo existente.
Mancuso había preparado un documento días antes. El texto planteaba una alianza electoral a escala nacional. Los dirigentes políticos y los jefes paramilitares consolidarían una plataforma común. El poder se repartiría entre ambos grupos.
El “Pacto” refrendaba acuerdos previos sobre cargos de elección popular. A cambio, las autodefensas expandirían su dominio territorial. Sin embargo, los paramilitares buscaban algo más ambicioso ahora. Querían voz dentro del Congreso de la República.
Un eventual proceso de negociación con el Gobierno nacional se vislumbraba. Los paramilitares necesitaban poder político para obtener condiciones favorables. La extradición a Estados Unidos por narcotráfico los aterraba. Solo el control del Congreso podría protegerlos.
El documento confidencial del Acuerdo de Ralito revela esta ambición. Su apertura parafrasea el preámbulo de la Constitución de 1991. Invoca al pueblo, la protección de Dios y el fortalecimiento nacional. A sus suscriptores les confiere “la irrenunciable tarea de refundar [la] patria”.
El texto propone “firmar un nuevo contrato social”. Por sugerencia de los presentes, se conformaron comisiones de trabajo. Una próxima reunión en octubre presentaría los resultados. El país se refundaría según estos términos.
Uno de los guardaespaldas de Mancuso agregó un listado final. Los participantes más reconocidos debían firmar el documento. Cuatro exjefes paramilitares estamparon su rúbrica. Dos exgobernadores también lo hicieron.
Cinco exalcaldes firmaron el pacto. Seis excongresistas agregaron sus nombres. Siete líderes regionales completaron la lista. Entre los firmantes estaba Jesús María López.
El exgobernador de Córdoba hoy está detenido. Un proceso penal aún pende sobre él. Salvador Arana, exgobernador de Sucre, fue condenado a 40 años. Alfonso Campo Escobar, exrepresentante por Magdalena, recibió 6 años de prisión.
William Montes, exsenador de Bolívar, vio su proceso archivado. Juan Manuel López Cabrales, exsenador, cumplió 74 meses de prisión. Luis Carlos Ordosgoistia, exrepresentante por Córdoba, fue absuelto. Miguel de la Espriella recibió 45 meses de cárcel.
Eleonora Pineda, concejal de Tierralta y representante, también fue condenada. Recibió 45 meses de prisión por su participación. Su caso ilustra el alcance del proyecto paramilitar.
El Pacto de Ralito encarnó la traducción del poder militar. Las Autodefensas Unidas de Colombia controlaban las armas. Ahora convertían ese control en “enorme poder económico”. El narcotráfico financiaba sus operaciones.
Además, se convirtieron en coadministradores de los recursos públicos. Una vez consolidado ese poder militar y económico, iniciaron su proyecto político. Las instancias del poder público a niveles regionales fueron infiltradas. Para 2001 y 2002, se proyectaban hacia el nivel nacional.
La Fiscalía General de la Nación llegó a estas conclusiones. Las investigaciones revelaron el alcance de la infiltración. Otras instituciones del nivel nacional también fueron penetradas. El Estado colombiano estaba siendo capturado.
El acuerdo tuvo los resultados esperados por sus signatarios. Los “paras” aseguraban votos a cambio de presupuesto. Las porciones municipales y departamentales se repartían. La clase política proveía recursos públicos para las autodefensas.
Estos recursos financiaban las actividades de los grupos armados. Mientras tanto, los paramilitares garantizaban la permanencia política de sus aliados. Poblaciones enteras de electores eran coaccionadas. Los resultados de los comicios se manipulaban sistemáticamente.
En su declaración en Washington, Mancuso confesó la verdad. Noviembre de 2008 marcó este momento histórico. Desde el año 2000, las Autodefensas decidían los candidatos en Córdoba. Las diferentes corporaciones públicas respondían a sus órdenes.
En marzo de 2000, una reunión en Nueva Granada lo demostró. Líderes comunales y políticos del Alto Sinú asistieron obligados. La elección anticipada de tres alcaldes para Tierralta se impuso. Nadie podía oponerse a la decisión paramilitar.
Mancuso lideró una votación interna en esa reunión. Algunos candidatos fueron vetados antes de comenzar. El orden de los ganadores quedó determinado entonces. Primero, Sigilfredo Senior Sotomayor gobernaría Tierralta.
Segundo, Humberto Santos Negrete ocuparía la alcaldía después. Tercero, Aníbal Ortiz Naranjo cerraría el ciclo. Así sucedió exactamente en los años siguientes. Estos resultados electorales se conocieron como el “Pacto de Granada”.
Algunos políticos niegan la existencia de este pacto. Otros aseguran haber sido presionados a participar. Las evidencias documentales contradicen las negaciones. Los testimonios judiciales confirman la coerción.
La estrategia nacional también rindió frutos abundantes. La trayectoria política de Eleonora Pineda lo ilustra perfectamente. Nacida en el corregimiento de El Caramelo, Tierralta, comenzó modestamente. Como concejal de este municipio fue elegida con 748 votos en 2001.
Al año siguiente, su votación se multiplicó exponencialmente. Obtuvo alrededor de 80.000 votos en el departamento. Como aspirante a la Cámara de Representantes, su ascenso fue meteórico. El periodo 2002-2006 la encontró en el Congreso.
Pineda cumplió su parte del acuerdo fielmente. Intervino abiertamente a favor de los intereses “paras”. En el trámite de la Ley de Justicia y Paz, su voz fue crucial. También apoyó el proyecto de la representante Rocío Arias.
Arias, posteriormente condenada, buscaba evitar la extradición. Las personas que firmaran acuerdos de paz estarían protegidas. Los desmovilizados tampoco viajarían a Estados Unidos. El Congreso trabajaba para los paramilitares.
Apenas dos años después del Pacto, las Autodefensas celebraron otro acuerdo. El mismo corregimiento de Tierralta fue el escenario nuevamente. Santa Fe de Ralito volvió a ser protagonista. Esta vez, el Gobierno nacional firmaba con ellos.
El 15 de julio de 2003, Luis Carlos Restrepo estampó su firma. Como alto comisionado para la paz, representaba al Estado colombiano. La fase de exploración del proceso de paz terminaba oficialmente. Una etapa de negociación formal comenzaba entonces.
Las AUC prometieron desmovilizar a todos sus miembros. Un proceso gradual comenzaría antes de terminar el año. El 31 de diciembre de 2005 sería la fecha límite. La totalidad de los paramilitares entregarían sus armas.
Por su parte, el Gobierno se comprometía a reincorporarlos. Las acciones necesarias para su vida civil se adelantarían. Beneficios judiciales se discutirían posteriormente. La impunidad comenzaba a negociarse.
El 10 de diciembre de 2004, los desarmes colectivos iniciaron. Uno de los jefes máximos se desmovilizó primero. Salvatore Mancuso entregó simbólicamente sus armas. Las cámaras de televisión registraron el momento.
Las AUC iniciaron negociaciones formales en enero de 2004. En febrero, la Organización de Estados Americanos intervino. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia comenzó operaciones. La MAPP/OEA supervisaría el proceso.
El 31 de marzo, una Mesa de Diálogo unificada estaba lista. Las AUC y su frente del Bloque Central Bolívar concurrieron. La firma del Acuerdo de Fátima ocurrió en mayo. Los paramilitares obtenían más concesiones del Estado.
El Acuerdo de Fátima permitió instalar una zona especial. Desde el 15 de junio, Tierralta albergaría esta área. Los paramilitares desmovilizados tendrían ubicación temporal allí. El Estado les proporcionaba protección y recursos.
El 18 de enero de 2005, la cancha de fútbol de Santa Fe de Ralito fue escenario histórico. Un total de 925 miembros de los bloques Sinú y San Jorge entregaron sus armas. Las Autodefensas Unidas de Colombia realizaban su primer desarme masivo. Las cámaras capturaron el momento para la posteridad.
Se trataba de los bloques herederos de las Autodefensas Campesinas. Córdoba y Urabá habían sido sus feudos durante años. Los territorios emberas estaban rodeados como una tenaza. Desde el sur de Córdoba hasta los límites con Urabá antioqueño, su control era absoluto.
Con las negociaciones vinieron las concesiones esperadas. Las autodefensas tenían claros sus objetivos desde 2001. El pacto de la parapolítica había establecido las metas. Ahora el Estado colombiano las entregaba una por una.
A través de la Ley 975, conocida como Justicia y Paz, llegó la primera. Se los homologaba con delincuentes políticos. Este estatus les otorgaba laxas condiciones penales. Las penas serían mínimas comparadas con sus crímenes.
Para que los “exparas” cumplieran las penas impuestas, se crearon condiciones especiales. La justicia transicional se aplicaría con generosidad extrema. Los máximos responsables de masacres recibirían años reducidos. La impunidad se institucionalizaba legalmente.
Dejusticia, en su documento de 2012, concluyó con claridad. “Resulta nítido el entrelazamiento de los destinos de la represa, el pueblo embera, el proceso de consulta previa, la licencia ambiental, la violencia y la usurpación de tierras”. Todos estos elementos formaban un sistema coherente.
La represa de Urrá no era solo un proyecto hidroeléctrico. Representaba intereses económicos poderosos en la región. El pueblo embera se oponía a su construcción. Su resistencia amenazaba inversiones millonarias.
El proceso de consulta previa era un obstáculo legal. La licencia ambiental también presentaba dificultades. La violencia paramilitar resolvió estos problemas. La usurpación de tierras completó el despojo.
Kimy Pernía había levantado su voz contra Urrá. Su discurso denunciaba los impactos sobre su pueblo. Las comunidades embera-katío se oponían al llenado del embalse. En la década de 1990, su resistencia fue constante.
El líder indígena articulaba esta oposición eficazmente. Su liderazgo unificaba a las comunidades dispersas. Su voz resonaba en foros nacionales e internacionales. Para los promotores del proyecto, se había convertido en un problema.
Los paramilitares ofrecían una solución definitiva. El 2 de junio de 2001, Kimy Pernía desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado. Su voz fue silenciada para siempre.
El gobernador López Gómez detuvo la movilización embera. La Feria Ganadera era prioritaria entonces. Semanas después, firmaba el Pacto de Ralito. Los intereses económicos y políticos convergían perfectamente.
La represa de Urrá continuó su construcción sin obstáculos. El embalse se llenó según el cronograma previsto. Las comunidades emberas fueron desplazadas de sus territorios ancestrales. Sus derechos constitucionales fueron ignorados sistemáticamente.
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