El proyecto de Ley de Rescate Económico, que el Gobierno radicó el jueves 29 de octubre en la Cámara, reescribe la regla fiscal. Es el Proyecto de Ley 477 de 2026. Su artículo 72 modifica el artículo 5 de la Ley 1473 de 2011, que creó esa regla, y los artículos 73 a 79 le agregan nuevas piezas.
La regla fiscal es el límite que se pone el Estado para gastar y endeudarse. El proyecto fija el límite de deuda neta del Gobierno nacional en 71 % del PIB y el ancla en 55 %, el nivel al que se busca llevar la deuda con el tiempo. Según La República, son las mismas cifras de la regla vigente.
El primer cambio es en las metas. Según La República, hoy hay una meta anual de balance. El proyecto dice que cada gobierno, antes del 15 de diciembre de su primer año, fijará por decreto valores mínimos vinculantes de balance primario neto estructural para cada uno de los cuatro años siguientes. Esas metas no podrán cambiarse durante el mandato.
Las metas deben, al menos, estabilizar la deuda durante el gobierno y llevarla de forma gradual al ancla en diez años. Necesitan concepto previo favorable del Confis, el consejo que coordina la política fiscal, y un concepto previo del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que no es vinculante.
El proyecto trae además una fórmula que da un valor de referencia según el nivel de deuda. Si el Gobierno fija metas por debajo de ese valor, debe justificar la diferencia y explicar qué implica para la deuda. Para el gobierno actual, el decreto con las metas de 2027 a 2030 saldría a más tardar el 31 de marzo de 2027.
El segundo cambio es una cuenta de control. El proyecto crea la Cuenta de Control de la Regla Fiscal, que suma año a año las diferencias entre el balance observado y los mínimos fijados. Cuando el saldo llegue a menos 0,5 % del PIB, se activa un mecanismo de corrección automática.
En ese caso, el Gobierno tendría hasta el 31 de marzo del año siguiente para presentar al Congreso un proyecto de ley, o expedir actos administrativos, con un plan de ajuste. El plan debe devolver la cuenta a cero en máximo dos años.
Si al 31 de diciembre del año siguiente no se aprueban todas las medidas, entran topes mientras la cuenta siga en negativo. Con la deuda por debajo de 63 % del PIB, el gasto de personal y las compras de bienes y servicios del Presupuesto General de la Nación crecerían como máximo con la inflación del año anterior. Con la deuda en 63 % o más, ese tope se extiende a la inversión y a las transferencias, salvo las de seguridad social y las que manda la Constitución. Además, se prohibirían nuevas vigencias futuras para proyectos de inversión.
El tercer cambio son topes al gasto que dependen solo del nivel de deuda. Si la deuda neta cierra un año entre 63 % y 71 % del PIB, al año siguiente el gasto de personal solo podría crecer la inflación más 0,5 puntos. Las compras de bienes y servicios crecerían como máximo con la inflación. Si el presupuesto aprobado supera esos topes, el Gobierno tendría que recortarlo por decreto.
Si la deuda llega a 71 % o más, el Gobierno tendría que presentar en marzo medidas de ajuste para bajarla del límite al cierre del año siguiente. Mientras tanto, personal, compras, inversión y transferencias, con las mismas excepciones, crecerían como máximo con la inflación, y se prohibirían nuevas vigencias futuras para inversión. Ninguna de estas medidas puede afectar el gasto público social, dice el proyecto.
José Ignacio López, presidente de Anif, resumió así uno de esos topes, según La República: "las compras públicas solo pueden crecer con la inflación". Según él, el resumen preliminar del proyecto prevé recortes automáticos cuando la deuda neta pase de 63 % del PIB.
Aparte de la regla fiscal, el proyecto trae topes que no dependen de la deuda. Las compras del Estado no podrían crecer por encima de la inflación entre 2027 y 2030 (artículo 10). Los gastos de personal bajarían 20 % en 2028, sin contar la fuerza pública (artículo 16).
La cláusula de escape se mantiene. El Confis podría activarla ante eventos sobrevinientes que comprometan la estabilidad macroeconómica, por máximo tres años consecutivos y con concepto no vinculante del Carf. Mientras esté activa, las desviaciones no se suman en la cuenta de control. Sobre la cláusula activada el 9 de junio de 2025, el proyecto dice que aplicará solo para 2025 y 2026.
El proyecto también cambia el Carf. Tendría siete miembros: cinco expertos que no pueden ser servidores públicos y los presidentes de dos comisiones económicas del Congreso, por turnos. El ministro de Hacienda escogería a los expertos de una terna que envía el gerente del Banco de la República. El comité tendría un equipo técnico propio, y su presupuesto debería crecer cada año al menos con la inflación.
El Gobierno justifica la ley con el deterioro de las cuentas. Según El Espectador, sin un recorte del gasto el déficit fiscal de 2027 llegaría a 9,4 % del PIB y la deuda neta subiría a 66,2 %. Con la Ley de Rescate, según el Gobierno, el déficit total bajaría a 7,2 %.
"La austeridad es el único camino que tenemos para sanear nuestras finanzas y garantizar la estabilidad económica", dijo el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, a comienzos de octubre, cuando anunció el proyecto, según IFM Noticias.
Para ti, la regla fiscal importa porque marca cuánta deuda puede asumir el Estado. En general, mientras más alta es la deuda, más caro le resulta endeudarse. Eso puede presionar las tasas de interés. El proyecto apenas empieza su trámite en la Cámara.
Fuentes: Proyecto de Ley 477 de 2026 (Cámara), La República, El Espectador, IFM Noticias.
