“Cuando de repente en mitad de la vida llega una palabra jamás antes pronunciada, una densa marea nos recoge”. La frase pertenece a un poema de Álvaro Mutis. Se titula “Una palabra”. Poco tiene que ver con finanzas personales. Sin embargo, resulta perfecta para hablar de insolvencia.
Insolvencia es un término que nadie quiere pronunciar. Representa una señal de alto en un camino difícil. El asfalto desapareció hace cientos de metros. Ahora el conductor puede ir directo al abismo.
A pesar de todo, puede convertirse en tabla de salvación. Usada legalmente, ayuda a personas y empresas. Permite enderezar el rumbo en crisis financieras. Funciona cuando las deudas superan toda capacidad de pago.
David Santiago Leyva Gómez dirige procesos de insolvencia. Trabaja en la firma Riveros Victoria Abogados. Esta semana participó en Echemos Cuentas. Explicó qué es la ley de insolvencia. También detalló para quién aplica y cómo funciona. Además, advirtió sobre errores que hay que evitar.
En términos sencillos, la insolvencia es un mecanismo legal. Permite reorganizar el pago de deudas. Aplica cuando ya no se puede cumplir normalmente. No es exclusiva de grandes empresas. En Colombia funciona para personas naturales y sociedades.
Para una persona natural no comerciante aplican requisitos concretos. Debe tener obligaciones en mora de más de 90 días. Estas deben involucrar al menos dos acreedores. Además, la mora debe superar el 30% del valor total. Si se cumplen esas condiciones, la persona puede acogerse.
Existe diferencia entre insolvencia y quiebra. En la práctica, ambos términos apuntan a lo mismo. La quiebra es la situación de incapacidad económica. La insolvencia es el mecanismo legal para enfrentarla.
Leyva fue claro sobre el momento adecuado para actuar. Cuando los ingresos no cubren todas las obligaciones mensuales, hay que alertarse. No se debe esperar al embargo del salario. Tampoco a que la casa esté por rematarse. Mientras más temprano se actúe, mejores condiciones se negocian.
El proceso de insolvencia activa protecciones inmediatas. Se suspenden los embargos sobre el salario. Se detienen los descuentos por créditos de libranza. Se rehabilitan los servicios públicos suspendidos. Lo más importante es que se deja de pagar simultáneamente.
En cambio, el pago se hace de manera ordenada. Se sigue el orden de prelación establecido legalmente. Esto libera flujo de caja para el deudor. Permite respirar financieramente mientras se reorganiza la situación.
Uno de los puntos más importantes fue la advertencia. Existe uso indebido de esta figura legal. En Colombia, los procesos de insolvencia de personas naturales crecieron exponencialmente. Hace 10 años había unos 400 al año. En 2025 llegaron a 20.000 casos.
Parte de ese crecimiento responde a esquemas fraudulentos. Algunas personas se endeudan deliberadamente. Luego se acogen a la insolvencia para evadir el pago. Abogados inescrupulosos asesoran estas prácticas ilegales.
Leyva advirtió que esto perjudica gravemente a los acreedores. Además, puede derivar en consecuencias penales. Tanto el deudor como el abogado pueden enfrentar cargos. Los delitos incluyen concierto para delinquir. También falsedad en documento privado.
Asobancaria denunció la existencia de un “cartel de la insolvencia”. Este esquema busca evadir el pago de deudas sistemáticamente. Representa un abuso de una figura creada para proteger.
Leyva cerró la conversación con tres consejos concretos. Primero, buscar un abogado de confianza. El proceso de insolvencia siempre debe estar acompañado por apoderado judicial. La elección de ese profesional es crítica para el éxito.
Segundo, no usar la figura para defraudar. La insolvencia existe para proteger a quien genuinamente no puede pagar. No fue creada para evadir obligaciones legítimas. El uso fraudulento tiene consecuencias legales graves.
Tercero, no esperar a que todo se salga de manos. Considerar la aplicación de la insolvencia a tiempo es fundamental. Actuar temprano permite mejores negociaciones. También evita daños mayores al patrimonio personal.
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La insolvencia no debe verse únicamente como fracaso financiero. También representa una oportunidad legal de reorganización. Permite a personas abrumadas por deudas encontrar una salida ordenada. El sistema legal colombiano ofrece esta herramienta de protección.
Sin embargo, requiere usarse con responsabilidad y honestidad. El abuso de esta figura perjudica a todo el sistema. Encarece el crédito para todos los colombianos. Además, genera desconfianza en las instituciones financieras.
Los acreedores también tienen derechos que deben protegerse. El equilibrio entre proteger al deudor y respetar al acreedor es delicado. La ley busca ese balance mediante reglas claras. El proceso judicial supervisa que se cumplan adecuadamente.
La educación financiera juega un papel fundamental en prevención. Entender cómo funcionan las deudas ayuda a evitar la insolvencia. Conocer los límites de endeudamiento personal es esencial. También lo es planificar gastos según ingresos reales.
Muchas personas llegan a la insolvencia por circunstancias imprevistas. Pérdida de empleo, enfermedad o crisis económicas pueden desencadenarla. En estos casos, el mecanismo legal ofrece protección justa. Permite reorganizar la vida financiera sin perder todo.
El proceso de insolvencia tiene etapas definidas. Primero se presenta la solicitud ante autoridad competente. Se debe demostrar el cumplimiento de los requisitos legales. La documentación debe ser completa y veraz.
Luego se nombra un conciliador o liquidador según el caso. Este profesional media entre deudor y acreedores. Busca acuerdos que beneficien a todas las partes. Su papel es fundamental para el éxito del proceso.
Se elabora un inventario completo de activos y pasivos. Esto permite conocer la situación financiera real. También se determina el orden de prelación de los créditos. Algunos tienen prioridad legal sobre otros.
Posteriormente se negocia un acuerdo de reorganización. Este establece cómo y cuándo se pagarán las deudas. Puede incluir quitas, plazos extendidos o nuevas condiciones. Requiere aprobación de los acreedores y homologación judicial.
Si no se logra acuerdo, puede procederse a liquidación. Los activos del deudor se venden ordenadamente. El producto se distribuye entre los acreedores según prelación. Esto permite cerrar definitivamente las obligaciones pendientes.
Durante todo el proceso, el deudor recibe protección legal. No puede ser demandado individualmente por los acreedores incluidos. Esto evita múltiples procesos judiciales simultáneos. Concentra la solución en un solo procedimiento ordenado.
La transparencia es requisito indispensable en todo momento. Ocultar activos o declarar pasivos inexistentes constituye fraude. Las consecuencias van más allá de lo civil. Pueden derivar en responsabilidad penal grave.
El sistema financiero colombiano ha expresado preocupación por el aumento de casos. Algunos parecen responder a estrategias de evasión más que necesidad real. Esto ha generado debate sobre posibles reformas a la ley.
Por un lado, se busca proteger el derecho al alivio financiero. Personas en genuina crisis necesitan esta herramienta legal. Por otro, se requiere evitar el abuso sistemático. El balance legislativo es complejo y delicado.
Las entidades financieras han implementado mecanismos de detección. Buscan identificar patrones de endeudamiento sospechoso. También han mejorado sus procesos de evaluación crediticia. El objetivo es prevenir tanto el sobreendeudamiento como el fraude.
Para el ciudadano común, la lección es clara. La insolvencia es herramienta de último recurso. Debe considerarse solo cuando genuinamente no hay otra salida. Usarla responsablemente beneficia al deudor y protege el sistema.
Antes de llegar a ese punto, existen alternativas. Renegociar directamente con los acreedores es una opción. Consolidar deudas en condiciones más favorables puede ayudar. Buscar asesoría financiera temprana previene crisis mayores.
El acompañamiento profesional es fundamental en cualquier caso. Un abogado especializado conoce los detalles del proceso. Puede orientar sobre la mejor estrategia según cada situación. Su experiencia marca la diferencia entre éxito y fracaso.
Igualmente importante es la honestidad con uno mismo. Reconocer la situación financiera real es el primer paso. Negarlo solo agrava el problema con el tiempo. Actuar temprano siempre ofrece más opciones.
La insolvencia no marca el fin de la vida financiera. Muchas personas se recuperan exitosamente después del proceso. Reorganizan sus finanzas y vuelven a tener acceso al crédito. El sistema permite una segunda oportunidad cuando se usa correctamente.
