La Superintendencia de Servicios Públicos intervino Air-e en septiembre de 2024. La medida buscaba evitar que las crecientes deudas llevaran a la empresa a la bancarrota. Posteriormente, en enero de 2025, la compañía entró en proceso de toma de posesión con fines liquidatorios.
Air-e presta servicios de energía en el Caribe colombiano. La empresa se ha convertido en un actor clave para la región. Recientemente, el presidente Gustavo Petro ordenó avanzar en su liquidación. Según el mandatario, los activos se reorganizarían para crear o fortalecer una empresa pública de energía.
“Mi decisión es liquidar Air-e para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña”, trinó el presidente Petro. Sin embargo, diversos gremios del sector energético expresaron su preocupación. Además, solicitaron al Gobierno actuar con cautela ante esta decisión.
Siete organizaciones firmaron un comunicado conjunto sobre el tema. Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Ser Colombia, Naturgas y ACP participaron en la declaración. Los gremios alertan que un plan apresurado pondría en riesgo el sistema eléctrico nacional. Asimismo, advierten sobre posibles afectaciones en la prestación de servicios.
El documento resalta la importancia estratégica del servicio eléctrico en el Caribe. También menciona la relevancia de la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Por otra parte, destaca el papel fundamental del abastecimiento de gas natural. Estos elementos constituyen asuntos de interés estratégico para el país.
Air-e atiende cerca del 1,3% de la demanda nacional de energía. La empresa mantiene obligaciones cercanas a los 2,7 billones de pesos con agentes del mercado. De estos recursos, 1,7 billones corresponden a generadores térmicos. Algunos de estos generadores importan el 30% del gas natural que demanda Colombia.
Los gremios expresan preocupación por la falta de una solución estructural. Actualmente no existe un plan que garantice la continuidad de los servicios. La energía eléctrica y el gas natural podrían verse comprometidos. “La atención de estos compromisos afecta la cadena de pagos del sector, compromete la liquidez de múltiples agentes y aumenta los riesgos para la confiabilidad del sistema eléctrico nacional”, afirman en el comunicado.
Las alarmas se intensifican por el contexto climático próximo. Para los siguientes meses se espera un intenso fenómeno de El Niño. Este evento climático incrementará la demanda energética en el Caribe colombiano. Por lo tanto, cualquier interrupción en el servicio tendría consecuencias graves.
“Cualquier decisión sobre el futuro de Air-e debe contribuir a fortalecer, y no a debilitar, la estabilidad y confiabilidad del sistema. La liquidación debe sujetarse a las condiciones y procedimientos previstos en la ley”, detalla el comunicado. Los gremios insisten en la necesidad de seguir los marcos legales establecidos.
La modalidad actual de toma de posesión contempla una etapa específica. Esta fase consiste en una administración temporal de la empresa. El objetivo es estructurar una solución empresarial que garantice la continuidad del servicio. Además, busca atender las obligaciones existentes con los diferentes actores del mercado.
Por lo tanto, los gremios consideran necesario agotar los mecanismos de solución empresarial. Estos procedimientos están previstos en el ordenamiento jurídico vigente. Deben implementarse antes de proceder con una eventual liquidación. De esta manera, se protegería la estabilidad del sector energético.
Las organizaciones le solicitan al Gobierno claridad sobre varios aspectos fundamentales. Requieren conocer los fundamentos técnicos que respaldarían la decisión. También piden información sobre los fundamentos financieros y jurídicos. Estos elementos son esenciales para evaluar la viabilidad de liquidar Air-e.
Igualmente, los gremios solicitan que se comuniquen los análisis realizados. Estos estudios deben considerar los posibles impactos para los usuarios. Asimismo, deben evaluar las consecuencias para la prestación del servicio. Finalmente, necesitan contemplar el funcionamiento de la cadena energética completa.
“Hacemos un llamado a los organismos de control para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adelanten las acciones preventivas y de seguimiento pertinentes en este proceso velando que cualquier decisión garantice la continuidad en la prestación los servicios públicos de energía eléctrica y de gas natural para los usuarios”, concluyeron. Las organizaciones manifestaron su disposición de trabajar con el Gobierno nacional.
El ministro de Energía, Edwin Palma, respondió a las preocupaciones expresadas. Recordó que el modelo de intervención se definió hace más de un año. Además, señaló que desde el inicio fue con fines liquidatorios. Por lo tanto, esta no es una decisión nueva o sorpresiva.
Palma también explicó que cualquier avance requiere análisis y estudios profundos. Estos trabajos técnicos no se alcanzarán en lo que resta del Gobierno de Gustavo Petro. En consecuencia, este es un problema que se heredará al próximo gobierno. El nuevo habitante de la Casa de Nariño deberá enfrentar esta situación compleja.
“Sobre todo el Estado debe garantizar la prestación continua del servicio. En el debate electoral nadie está hablando de ello. La reciente apreciación del gobernador de Bolívar es acertada y por ahí debería ir el asunto más el componente de transición energética”, detalló. El ministro precisó que el próximo Plan Nacional de Desarrollo debería incluir este tema.
Según Palma, el plan debería contemplar la creación de una empresa específica. Esta compañía sería mayoritariamente pública con gobierno corporativo estricto. Su función consistiría en prestar el servicio de energía eléctrica en el mercado de Air-e. De esta forma, se garantizaría la continuidad del servicio público.
El ministro también criticó la falta de propuestas concretas en el debate. “Aquí tantos “expertos” todos los días hablan y hablan pero no proponen nada. Uno escucha todos los días al gobernador de Córdoba por ejemplo criticar a Urrá en un libreto monotemático pero no propone nada porque ni va a las juntas. Y el “Intergremial” del Atlántico es otro ejemplo, está dirigido por el hijo de uno de los mayores culpables históricos del problema de energía del Caribe. Tampoco proponen nada. Y cuando hacemos algo en el sentido correcto callan por pura corrección política. Hay mucha hipocresía en este debate”, concluyó.
La situación de Air-e representa un desafío complejo para el sector energético colombiano. La empresa acumula deudas significativas que afectan a múltiples actores del mercado. Al mismo tiempo, presta un servicio esencial para millones de usuarios en el Caribe.
Los generadores térmicos enfrentan problemas de liquidez por los pagos pendientes. Esta situación compromete su capacidad de importar gas natural. En consecuencia, podría afectarse el abastecimiento energético del país. La cadena de pagos del sector se encuentra bajo presión considerable.
El fenómeno de El Niño añade urgencia a la situación. Las altas temperaturas incrementarán el consumo de energía en la región Caribe. Los sistemas de refrigeración y aire acondicionado demandarán más electricidad. Por lo tanto, cualquier falla en el suministro tendría consecuencias graves para la población.
Los gremios enfatizan que la confiabilidad del sistema eléctrico nacional está en juego. Una decisión apresurada podría generar inestabilidad en todo el país. Además, los efectos negativos se extenderían más allá del Caribe colombiano. La interconexión del sistema eléctrico hace que los problemas regionales tengan impacto nacional.
La toma de posesión de Air-e contempla mecanismos legales específicos para estas situaciones. Primero debe agotarse la etapa de administración temporal. Durante este período, se buscan soluciones empresariales viables. Solo después de explorar todas las alternativas procedería la liquidación.
Los usuarios de energía en el Caribe observan con preocupación estos acontecimientos. Temen que las disputas administrativas afecten la calidad del servicio. También les preocupa que se produzcan interrupciones en el suministro eléctrico. La población depende de este servicio para sus actividades diarias y productivas.
El debate sobre Air-e refleja tensiones más amplias en el sector energético colombiano. Existen visiones diferentes sobre el rol del Estado en la prestación de servicios públicos. Algunos defienden modelos de gestión pública mientras otros prefieren esquemas mixtos o privados. Esta discusión trasciende el caso particular de Air-e.
La transición energética añade otra capa de complejidad al debate. Colombia enfrenta el desafío de modernizar su matriz energética. Al mismo tiempo, debe garantizar la continuidad y calidad de los servicios existentes. Estos dos objetivos deben equilibrarse cuidadosamente en cualquier solución propuesta.
Los próximos meses serán cruciales para definir el futuro de Air-e. Las decisiones que se tomen afectarán a millones de colombianos. También influirán en la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Por ello, los llamados a la prudencia y la planificación adecuada cobran especial relevancia.
