La Agencia Nacional de Minería autorizó en las últimas horas una prórroga para el proyecto Quebradona. Esta decisión permite que AngloGold Ashanti continúe explorando hasta el 8 de diciembre de 2027. El proyecto se ubica en los municipios de Jericó y Támesis, en Antioquia.
La resolución representa un cambio significativo en la política minera del país. Además, marca una ruptura con las decisiones tomadas durante la anterior administración. La empresa podrá ahora extender sus actividades de exploración en la región.
El área de influencia del proyecto incluye territorios sensibles de estos municipios antioqueños. Entre ellos se encuentran la cabecera de Jericó y el corregimiento de Palocabildo. También abarca las veredas Quebradona, Vallecitos y La Soledad, entre otras zonas rurales.
La Agencia Nacional de Minería tomó la decisión tras revisar información técnica y jurídica. Según la entidad, todavía es necesario realizar actividades de exploración adicionales. Estas permitirán completar la información requerida para definir los siguientes pasos del proyecto.
Durante el periodo prorrogado, la multinacional deberá avanzar en diversos estudios especializados. Entre ellos se encuentran análisis geológicos que determinarán las características del subsuelo. Asimismo, deberá realizar estudios ambientales que evalúen el impacto de las operaciones.
Los estudios relacionados con el recurso hídrico resultan particularmente importantes para la región. El agua constituye un elemento vital para las comunidades que habitan estos territorios. Por lo tanto, cualquier afectación a las fuentes hídricas genera preocupación entre los habitantes.
La información resultante de estos trabajos deberá permitir profundizar el conocimiento del área. También aportará elementos fundamentales para las decisiones posteriores sobre el proyecto. La empresa tendrá que presentar datos concretos sobre la viabilidad de sus operaciones.
La ANM estableció además que la compañía deberá presentar una estrategia específica. Esta estrategia se enfocará en el relacionamiento con las comunidades de Jericó y Támesis. El propósito es fortalecer el diálogo con los habitantes de estos municipios.
Según informó la entidad en su comunicado de prensa, mantener informadas a las comunidades resulta prioritario. También se busca acompañar el desarrollo de las actividades que se adelanten en el territorio. La participación ciudadana se considera un elemento clave en este proceso.
La Agencia Nacional de Minería señaló que continuará haciendo seguimiento al proyecto minero. Este monitoreo verificará que la empresa cumpla con las obligaciones establecidas durante esta etapa. Las autoridades mantendrán vigilancia sobre las operaciones en terreno.
La decisión representa un giro frente a lo ocurrido a finales de 2025. En aquel momento, el país atravesaba el gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro. Las políticas ambientales y mineras tenían entonces un enfoque diferente.
En diciembre de ese año, la misma Agencia Nacional de Minería había negado la solicitud. La prórroga del título minero de Quebradona fue rechazada por razones específicas. La empresa no había avanzado en la obtención de la viabilidad ambiental necesaria.
Además, la ANM señaló que existían debilidades en el relacionamiento con las comunidades locales. Estas falencias se consideraron suficientemente graves para negar la extensión. Los habitantes de la zona habían expresado preocupaciones sobre el proyecto.
En ese momento, la ANM había señalado que aquella era la cuarta prórroga. También aclaró que sería la última que podía solicitar la empresa para continuar explorando. Las normas establecían límites claros sobre las extensiones permitidas.
La entidad también indicó que estaba pendiente la presentación de documentos cruciales. Un nuevo Estudio de Impacto Ambiental debía ser elaborado por la compañía. Sin este documento, el proyecto no podía avanzar hacia etapas posteriores.
Ocho meses después de esa negativa, la ANM cambia completamente de decisión. El nuevo gobierno ha adoptado una postura diferente frente a la minería. Las prioridades de la administración actual contrastan con las del periodo anterior.
“Esta decisión se enmarca en el propósito de la nueva administración de fortalecer la articulación con las empresas privadas del sector minero. Para la ANM, el trabajo coordinado con el sector empresarial es fundamental para impulsar proyectos responsables, generar empleo, atraer inversión y crear nuevas oportunidades de desarrollo para las regiones y el país”, dice ahora la ANM.
El proyecto Quebradona surgió originalmente en 2007 por iniciativa de una filial. AngloGold Ashanti creó la estructura empresarial para desarrollar esta iniciativa minera. Desde entonces, el proyecto ha atravesado múltiples etapas y controversias.
A unos metros bajo tierra, la Minera de Cobre Quebradona pretende desarrollar infraestructura subterránea. Esta filial de la multinacional planea atravesar túneles por las veredas La Soledad y Vallecitos. La magnitud de las operaciones proyectadas genera inquietud entre ambientalistas.
Los túneles transportarían cerca de cinco millones de toneladas de concentrado mineral anualmente. El cobre constituye el principal recurso que se extraería del subsuelo. Sin embargo, también se obtendrían oro y otros minerales de valor comercial.
En 2021, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tomó una decisión importante. La ANLA archivó la solicitud de licencia ambiental presentada por la empresa. Esta licencia se requiere para iniciar la fase de explotación del proyecto.
La autoridad identificó algunas falencias en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. El EIA no cumplía con los requisitos técnicos necesarios para su aprobación. Por lo tanto, la compañía tuvo que rehacer parte de sus análisis.
A finales de junio del año pasado, el Ministerio de Ambiente publicó una resolución significativa. La resolución 0855 declara una zona de reserva de recursos naturales renovables. Esta medida tiene carácter temporal pero implica restricciones importantes.
La declaratoria abarca seis municipios del suroeste antioqueño con características ambientales particulares. Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada quedan incluidos. La medida cubre más de 37.000 hectáreas de territorio.
Con esta medida, el Estado tiene tres años para llevar a cabo estudios. Este plazo puede prorrogarse por dos años adicionales si resulta necesario. Los estudios permitirán determinar en qué zonas se pueden adelantar proyectos mineros.
También establecerán en qué otras zonas no se deben desarrollar actividades extractivas. La zonificación busca equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental. Las comunidades esperan que estos estudios consideren sus preocupaciones.
Los once campesinos de Jericó han estado en el centro del conflicto. Estas personas tienen entre 44 y 85 años de edad. Fueron denunciados por la multinacional por acciones relacionadas con protestas.
En junio de 2025, un juez municipal de Jericó tomó una decisión favorable. El magistrado dejó en libertad a los 11 campesinos acusados. La decisión del juez fue contraria a la petición de la Fiscalía.
El juez determinó que estas personas pudieran seguir el proceso penal en libertad. Sin embargo, estableció condiciones como no salir del país. También deben mostrar buena conducta durante el desarrollo del proceso judicial.
El proceso penal incluye diferentes querellas que ha interpuesto Quebradona contra los campesinos. No obstante, se centra en una en particular que generó mayor controversia. Los hechos ocurrieron a finales de 2023 en medio de tensiones.
En aquella ocasión, más de 100 campesinos desmontaron una plataforma de exploración. Esta había sido instalada por la empresa en un predio particular. El terreno pertenecía a la esposa del exalcalde de Jericó, Rafael Arteaga.
La defensa de los campesinos es adelantada por la Corporación Jurídica Libertad. Esta organización sostiene que se trató de un acto de protesta legítimo. Las movilizaciones en contra de la minería de cobre en Jericó justificaban la acción.
Quebradona, sin embargo, considera que se trató de un ingreso ilegal. La empresa argumenta que hubo violación de propiedad privada. También afirma que el desmonte de sus equipos causó daños económicos.
Justamente sobre esas actividades de exploración que se adelantaban fue que la ANM decidió. La nueva prórroga permite continuar con trabajos similares en la zona. Las comunidades temen que se repitan situaciones de conflicto social.
Los comentarios de lectores en el portal de noticias reflejan preocupación ciudadana. Francisco, un usuario, expresó: “Explotación minera a lo que dé. Santurban, Amazonia y ahora Jericó”. Su comentario resume la percepción de muchos sobre la política minera actual.
Carlos Federico Uribe Aramburo advirtió sobre consecuencias para los municipios afectados. “Van a afectar los recursos hídricos y el orden público (inseguridad, drogadicción, alcoholismo, prostitución, etc) en dichos municipios, como sucedio en otros municipios antioqueños como Buriticá y Segovia. Eso obtendrán los defensores de la patria en esos municipios”, escribió el comentarista.
MiguelAngel resumió su posición con una frase contundente sobre el impacto ambiental. “La vida muere por la codicia”, expresó en su breve pero significativo comentario. Esta perspectiva refleja el sentir de sectores ambientalistas.
Humberto Jaramillo cuestionó la cantidad de extensiones otorgadas al proyecto minero. “¿cuántas veces lo han extendido. Esa exploración les está sirviendo de explotación disimulada… sin tener que pagar regalías. ¿a quién le toca la coima de la exs extensiones del contrato de exploración que se convierte en explotación sin costos?”, planteó el usuario.
Los habitantes de Jericó y Támesis enfrentan ahora una nueva etapa de incertidumbre. La prórroga hasta 2027 significa tres años adicionales de actividades exploratorias. Durante este tiempo, las comunidades deberán convivir con las operaciones mineras.
Las veredas directamente afectadas mantienen su oposición al proyecto en muchos casos. Los campesinos temen por sus fuentes de agua y sus modos de vida. La agricultura tradicional podría verse amenazada por las operaciones mineras.
El debate sobre Quebradona refleja tensiones más amplias en la política colombiana. Por un lado, están quienes priorizan la atracción de inversión extranjera. Por otro, se encuentran quienes defienden la protección ambiental y los territorios.
La nueva administración ha dejado clara su postura favorable a la minería privada. El fortalecimiento de la articulación con empresas del sector constituye una prioridad. Esto contrasta con el enfoque del gobierno anterior.
El caso de Quebradona se suma a otros proyectos mineros controversiales en Colombia. Santurbán en Santander y diversas iniciativas en la Amazonía generan debates similares. El modelo de desarrollo económico del país está en discusión.
Los próximos años serán cruciales para definir el futuro de este proyecto. AngloGold Ashanti deberá demostrar que puede cumplir con los requisitos establecidos. Las comunidades, por su parte, mantendrán su vigilancia sobre las operaciones.
La estrategia de relacionamiento con las comunidades será puesta a prueba. El diálogo entre empresa y habitantes determinará en gran medida la viabilidad social. Sin licencia social, incluso proyectos con licencia ambiental enfrentan obstáculos.
Los estudios ambientales que se realicen durante esta prórroga serán examinados cuidadosamente. Organizaciones ambientalistas y comunidades revisarán cada documento presentado. La transparencia en la información será fundamental para generar confianza.
El recurso hídrico constituye el punto más sensible de todo el debate. Las cuencas que abastecen a los municipios no pueden ser comprometidas. Cualquier afectación al agua generaría consecuencias irreversibles para las poblaciones.
La experiencia de otros municipios mineros en Antioquia sirve de referencia. Buriticá y Segovia han experimentado transformaciones sociales profundas. Los problemas de orden público y convivencia se han intensificado con la minería.
Las regalías que eventualmente generaría el proyecto son un argumento de los promotores. Sin embargo, muchos cuestionan si estos recursos compensan los impactos ambientales y sociales. La distribución equitativa de beneficios también genera dudas.
El empleo que podría crear la minería es otro punto de controversia. Mientras la empresa promete oportunidades laborales, las comunidades temen la llegada de trabajadores externos. La economía local basada en agricultura y turismo podría verse desplazada.
La decisión de la ANM tendrá repercusiones más allá de Jericó y Támesis. Otros proyectos mineros en el país observan este caso con atención. El precedente que se establezca influirá en futuras decisiones gubernamentales.
Los defensores ambientales advierten sobre el riesgo de crear un modelo insostenible. La extracción intensiva de recursos no renovables compromete las opciones de las futuras generaciones. El desarrollo debe considerar la sostenibilidad a largo plazo.
Por su parte, el sector empresarial celebra la decisión como señal de estabilidad. La seguridad jurídica para las inversiones se considera fundamental para atraer capital. El equilibrio entre estos intereses continúa siendo un desafío nacional.
