Diez días han pasado desde que la tierra sacudió la vida a todos los colombianos. En su primera alocución presidencial, el recién llegado presidente Abelardo de la Espriella entregó las cifras. Estas retratan el tamaño de la tragedia que enfrentamos como nación.
Según los datos oficiales, 450 municipios en 15 departamentos resultaron afectados por el sismo. Además, 289 personas perdieron la vida en esta catástrofe natural. También se registraron 4.187 heridos y 143 desaparecidos hasta el lunes en la noche. Fue entonces cuando el mandatario hizo su aparición en medios de comunicación de manera oficial.
Más allá de la necesaria pero cruda realidad de las cifras, surgen interrogantes fundamentales. ¿Hacia dónde se está enfocando la reconstrucción del país? De acuerdo con el Ejecutivo, las afectaciones abarcan un tercio del total del territorio nacional.
La respuesta gubernamental ha comenzado a tomar forma en los últimos días. Las acciones se han concretado no solo desde el Gobierno Nacional. También las autoridades locales han implementado medidas de atención inmediata para los damnificados.
En la misma línea, la solidaridad se despertó cuando se fue conociendo la dimensión real. Con cuentagotas, las consecuencias del terremoto se hicieron evidentes ante los ojos del país. La comunidad internacional respondió de manera contundente con apoyo y recursos.
A nivel interno, las donaciones llegaron desde distintos frentes de la sociedad colombiana. Cada persona aportó lo que pudo para ayudar a los afectados. El empresariado colombiano y las familias más ricas del país también se sumaron.
Todos tenemos una meta en común que nos une en este momento crítico. Que la Colombia post terremoto sea capaz de visibilizar a los que nadie volteaba a mirar. Que no nos quedemos en la dura realidad que describió Alejandro Rodríguez sobre uno de nuestros departamentos. “El Chocó, otra vez solo con su propia solidaridad”, escribió en la edición impresa del fin de semana.
Las imágenes que conoció el país al interior fueron las de Pereira, Manizales y Cali. Estas cruzaron fronteras y llegaron a medios internacionales con rapidez. Pero paradójicamente las de Chocó, donde fue el epicentro, esas no aparecían por ningún lado.
Un departamento históricamente olvidado quedó ahora completamente incomunicado tras el sismo. Ni la señal de telecomunicaciones funcionaba para que las personas afectadas pudieran enviar información. Algo que ya parece tan básico para los demás como compartir un video por redes sociales. Esto no era posible en ese instante, cuando más se necesitaba comunicación con el exterior.
Hasta el 12 de agosto fue posible acceder a información de primera mano desde la zona. “Aunque no se reportan víctimas fatales, al menos 400 edificaciones resultaron afectadas en el municipio”, se informó. Además, 20 edificaciones colapsaron en San José de Palmar, Chocó, según los reportes iniciales.
Los habitantes no tenían fluido eléctrico ni de agua potable en esos primeros días. Su única vía de acceso, por Cartago, estaba bloqueada por los derrumbes que provocó el terremoto. En esa misma zona, las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Mayor reportaron afectaciones en los resguardos.
Incluso avisaron de la caída de la vivienda del gobernador indígena de la comunidad de Río del Flor. La misma suerte corrieron escuelas rurales que servían a comunidades remotas. También se registró una afectación en el Hospital de segundo nivel, San Francisco de Asís.
Ante el desastre, comenzaron a aparecer las primeras soluciones propuestas por diferentes actores. Ya surgían algunas primeras opiniones sobre cómo debería ser la reconstrucción del país. El presidente de la Federación de Municipios y el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, tomó la iniciativa.
Sánchez pidió al Ministerio de Hacienda implementar seis medidas urgentes de carácter financiero. Estas permitirían la reconstrucción de los municipios afectados de manera más ágil y efectiva. En primer lugar, planteó autorizar a los municipios afectados destinar recursos de manera excepcional.
Propuso que el 7% de sus recursos del Sistema General de Participaciones fuera redirigido. Estos fondos estaban asignados originalmente a deporte y cultura en los presupuestos municipales. Ahora se destinarían a financiar el mejoramiento, la reparación y la reconstrucción de infraestructura.
Esta infraestructura incluye la residencial, comercial e institucional que resultó dañada por el sismo. Los puntos completos de la propuesta se resumen en varios conceptos clave. “Desahorro del FONPET”, “Regalías flexibles”, “Alivios tributarios”, “Obras por impuestos” y “Límites de gastos”.
Iris Marín Ortíz, la defensora del Pueblo, recorrió Quibdó para hacer seguimiento a la crisis. Ella dejó claro que el albergue asignado era precario para atender a las víctimas. Esto ocurría justo mientras la Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol hacían un anuncio importante.
Estas entidades anunciaban la donación de un millón de dólares para atender a todos los damnificados. La contribución del fútbol representaba un gesto significativo de solidaridad con las víctimas.
En materia de salud, donde estaban los otros focos de atención, se aclararon procedimientos importantes. Desde la Adres, catalogado como el banco de la salud, se dejó claro un mensaje. No se necesitaban autorizaciones para atender a los afectados por el terremoto.
En paralelo, se conocía de empresas privadas que se sumaban a la ayuda humanitaria. D1, Ara, Grupo Éxito y otra serie de empresas anunciaban ayudas directas para los damnificados. La solidaridad iba creciendo día a día en todo el territorio nacional.
Más de 130 artistas se unieron para recaudar fondos con la venta de obras de arte. Esta iniciativa fue impulsada por la Asociación de Galerías de Arte Colombianas. En esta asociación se agrupan 24 galerías del país que pusieron su infraestructura al servicio.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ofreció detalles sobre las afectaciones en el departamento. Dijo que las principales afectaciones de infraestructura en Chocó se presentaron en colegios. Por esta razón se buscará coordinación con el ministerio de las TIC.
El objetivo es garantizar educación virtual y la conectividad de la región durante la emergencia. Tras terminar la fase de búsqueda y rescate en el Chocó, se inició una nueva etapa. Ya no había personas bajo los escombros en las zonas más afectadas.
La siguiente fase será la de atención para las personas que perdieron su hogar. Por ello habilitarán un segundo albergue en Quibdó para atender a quienes perdieron sus viviendas. Además, buscarán crear cinco nuevos albergues en otros municipios del departamento.
A su vez, buscarán traer combustibles para las plantas eléctricas en los territorios del San Juan. Especialmente para alimentar la red hospitalaria que debe seguir funcionando sin interrupciones.
El Concejo de Bogotá y Soacha habilitaron para el 13 de agosto nuevos puntos de acopio. En la capital de los colombianos ya se hacía recolección de donaciones con foco específico. Cada una de las regiones afectadas tenía un punto de recolección dedicado.
Los damnificados “no están solos”, fue el mensaje de los capitalinos que se movilizaron. La solidaridad de Bogotá se manifestó en múltiples formas de ayuda concreta.
Se habló de la declaratoria de desastre de carácter nacional y la emergencia económica. Estas medidas permitirían al gobierno maniobrar mejor ante el impacto de la crisis. Se habló de la creación del “fondo milagro” como mecanismo de financiación.
Este fondo “canalizará los aportes nacionales e internacionales”, según se explicó en rueda de prensa. Los recursos “se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos afectados”. Ayudas que ya habían empezado a llegar desde México, Perú, El Salvador y Estados Unidos.
Desde la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar se propuso habilitar recursos significativos. Hasta COP 90.000 millones para apoyar la reconstrucción de viviendas y otras acciones. Estas se orientarían a la recuperación de los hogares afectados por el terremoto.
En detalle se habla de reparación, reforzamiento estructural, reconstrucción y reubicación de viviendas. También subsidios para arrendamiento temporal y reposición de dotaciones perdidas en el sismo. Otros instrumentos facilitarían la recuperación de las familias según el nivel de afectación.
Poco a poco se fueron conociendo más y más afectaciones en la infraestructura del país. Por ejemplo, el Hospital Ismael Roldán de Quibdó sufrió daños estructurales severos. Allí se habilitaron carpas para atender urgencias mientras se evalúan los daños.
Ahora necesita más de COP 1.100 millones para recuperar su infraestructura y volver a operar. Se supo, tras una rueda de prensa donde estaba también el ministro de Vivienda, información adicional. En las zonas afectadas “el sector empresarial se va a sumar con maquinaria amarilla”.
Esta maquinaria ayudará con la remoción de escombros en las zonas más afectadas. Los datos que entregaron al final del 13 de agosto, en la noche, fueron reveladores. 65.841 viviendas averiadas en todo el territorio nacional necesitan intervención.
También 2.136 centros educativos comprometidos que requieren evaluación estructural antes de reabrir. Además, 236 centros de salud averiados que deben ser reparados para seguir prestando servicios. Se reportaron 12 puentes peatonales caídos que afectan la movilidad de las comunidades.
Igualmente, 198 vías afectadas que dificultan el acceso a zonas remotas y el transporte de ayuda. También 71 acueductos en riesgo que comprometen el suministro de agua potable. Finalmente, 5 aeropuertos afectados que limitan la llegada de ayuda aérea.
Como toda la infraestructura en las zonas de afectación necesita revisión, la escolar por supuesto también. El problema de fondo radica en que la mayoría de los colegios fueron construidos hace décadas. Estos no necesariamente cuentan con los reforzamientos que las normas actuales exigen.
A la antigüedad se le suma otro factor que complica el panorama de seguridad. Los colegios han ido cambiando con los años según las necesidades educativas. “Se amplían salones, se adicionan pisos, se modifican muros, se cubren patios o cambian los usos”, explica un experto.
“Se incorporan nuevas instalaciones”, asegura el docente Yezid Alvarado, profesor de la Facultad de Ingeniería. Alvarado, de la Universidad Javeriana, advierte sobre un problema estructural importante. Si esas intervenciones no tienen en cuenta cómo funciona estructuralmente todo el edificio, pueden generar problemas.
Estas modificaciones pueden generar nuevas vulnerabilidades que no existían en el diseño original. Ahora, pensando en la prevención y en el riesgo futuro, se supo información preocupante. En Bogotá hay cerca de 708.000 construcciones con aparentemente mayor vulnerabilidad sísmica.
¿Qué hacer ante esta realidad que pone en riesgo a millones de habitantes? Por ahora, se propone la creación de una subcomisión especializada en el tema. Esta trabajaría en identificar y clasificar las edificaciones más vulnerables de la capital.
Tras el terremoto, mujeres enfrentan riesgos de salud y violencia sexual que no pueden ignorarse. “No es secundario”, advierten organizaciones de derechos humanos que trabajan en terreno. En situaciones de emergencia, estos riesgos se incrementan de manera significativa.
La Fiscalía habilitó puntos en Valle para reconocer y entregar cuerpos de víctimas. Este proceso doloroso pero necesario permite a las familias comenzar el duelo. También facilita la identificación oficial de todas las víctimas del terremoto.
