El precio de los combustibles volvería a convertirse en uno de los puntos más sensibles de la discusión tributaria en Colombia. Los cambios propuestos no solo afectarían el gasto de los hogares. También impactarían los costos del transporte, los alimentos y la producción nacional.
En el último proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno de Gustavo Petro, la gasolina corriente tendría un incremento acumulado significativo. Según la Unión Gremial Somos Uno, el aumento sería de $1.942 por galón al finalizar 2028. Mientras tanto, el ACPM subiría $1.331 en el mismo período.
El cálculo fue elaborado con base en la estructura oficial de precios de junio del año en curso. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) proporcionó estos datos. Además, se consideró el articulado de la reforma radicado por el Gobierno el pasado 20 de julio.
La organización representa a las estaciones de servicio del país. Advirtió que los efectos del proyecto se presentarían de manera gradual entre 2027 y 2028. Los diferentes cambios tributarios incluidos en la iniciativa entrarían en vigor progresivamente.
El primer impacto se produciría el 1 de enero de 2027. Para esa fecha, el precio de la gasolina aumentaría $860 por galón. De acuerdo con las proyecciones presentadas por el gremio, pasaría de $16.291 a $17.151.
El ACPM también registraría un ajuste importante durante esa primera etapa. Su precio aumentaría $841 por galón y llegaría a $12.417. Esto tendría posibles efectos sobre actividades que dependen especialmente del diésel. El transporte de mercancías y el desarrollo de operaciones industriales se verían afectados.
Posteriormente entraría en vigor el gravamen al alcohol carburante. Esta medida está prevista para julio de 2027. A este cambio se sumaría el incremento del IVA al ingreso del productor. El proyecto contempla elevarlo hasta el 19% para enero de 2028.
La aplicación conjunta de estas medidas completaría el incremento acumulado proyectado. David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de Somos Uno, explicó las cifras. Serían $1.942 por galón en la gasolina corriente al finalizar 2028. En el diésel, el aumento sería de $1.331 por galón.
El dirigente señaló que la propuesta presenta tres problemas de fondo. El primero está relacionado con la justificación ambiental del proyecto. También cuestiona la proporción que tendría este componente frente a los ingresos tributarios esperados.
“El componente ambiental no corresponde al verdadero origen del recaudo”, aseguró Jiménez Mejía. El Ejecutivo proyecta ingresos por $7,58 billones provenientes del IVA a los combustibles para 2028. Sin embargo, el gremio indicó que el componente ambiental representaría apenas $218.000 millones.
La organización también cuestionó que el proyecto grave con IVA el alcohol carburante. Los biocombustibles también entrarían en esta categoría. Esto resulta contradictorio, pese a que la misma iniciativa reconoce un hecho importante. Estos productos no hacen parte de los combustibles fósiles incluidos en la discusión ambiental.
El tercer reparo se refiere precisamente a los resultados ambientales esperados. Somos Uno sostuvo que la experiencia reciente muestra algo revelador. El aumento del precio de los combustibles no reduce significativamente su consumo. Por lo cual el efecto sobre las emisiones sería limitado.
Desde esa perspectiva, la reforma tendría un alto potencial de recaudo. No obstante, presentaría una capacidad reducida para modificar el consumo. Esta combinación, señaló el sector, obliga a revisar aspectos fundamentales. La relación entre los costos económicos de la medida y sus propósitos ambientales debe examinarse.
El segundo problema identificado por el gremio está en el tratamiento tributario del ACPM. La exclusión de su venta minorista rompería el principio del IVA plurifásico. Esto convertiría el impuesto en un costo para transportadores. También afectaría a empresas agropecuarias y actividades industriales.
La preocupación radica en que el tributo no podría descontarse a lo largo de la cadena. El valor terminaría acumulándose y trasladándose al costo de movilizar mercancías. También impactaría la producción de bienes y el transporte de alimentos hacia los distintos mercados.
“No sería un IVA descontable sino un impuesto en cascada que terminaría incorporándose al precio del transporte de carga, de los alimentos y de buena parte de la producción nacional”, afirmó Jiménez Mejía. Estas declaraciones se dieron durante la presentación del análisis gremial.
Somos Uno pidió corregir el tratamiento tributario del ACPM. El objetivo es preservar el carácter plurifásico del IVA. También propuso mantener la exclusión vigente para el alcohol carburante y los biocombustibles. Esto debe ocurrir antes de que el proyecto avance en su trámite legislativo.
El gremio aclaró que reconoce la necesidad de fortalecer las finanzas públicas. No rechaza que el sector participe en ese esfuerzo. Su reparo se concentra en el diseño de las medidas. También cuestiona el eslabón que terminaría asumiendo el impuesto.
“No nos oponemos a contribuir, pero el diseño debe ser técnicamente correcto, el problema fiscal es real y no lo negamos. Estamos dispuestos a discutir cuánto debe aportar el sector”, sostuvo el vocero de las estaciones de servicio.
La iniciativa también genera preocupación por el IVA que recaería sobre el margen regulado. Según el análisis, este gravamen representaría cerca de $219 adicionales por galón. Esto equivaldría a aproximadamente $928.000 millones cada año para los establecimientos.
Somos Uno sostiene que numerosas estaciones no podrían trasladar ese mayor costo al consumidor. La regulación vigente de precios impediría esta acción. En esos casos, tendrían que absorber directamente el impuesto. Esto significaría una reducción significativa de su margen de operación.
El gremio considera que esta situación contradice el planteamiento del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público contempla la posibilidad de trasladar el costo. Por ello, solicita incorporar el IVA del margen minorista como un componente independiente. Esto debería reflejarse dentro de la estructura oficial de precios.
La organización también pidió aplazar la expedición del Proyecto de Resolución Creg 704-015. Esto debe mantenerse mientras el Congreso define el texto definitivo de la reforma. El propósito es evitar cambios regulatorios antes de conocer el tratamiento tributario final. Este será el que finalmente será aprobado.
La discusión adquiere una dimensión adicional en los territorios con oferta limitada de combustibles. De acuerdo con Jiménez Mejía, 226 municipios colombianos cuentan con una sola estación de servicio. Por lo tanto, cualquier presión sobre su operación puede afectar el abastecimiento.
“Si el margen deja de cubrir los costos de operación, no habrá quien garantice el abastecimiento de combustibles”, concluyó el dirigente. Pidió al Gobierno y al Congreso corregir las omisiones del proyecto. Esto debe hacerse antes de aprobar el nuevo esquema tributario.
Los efectos en cadena de estos incrementos preocupan a diversos sectores económicos. El transporte de carga enfrentaría costos operativos más elevados. Esto inevitablemente se trasladaría al precio final de los productos.
El sector agropecuario también expresa inquietud por las implicaciones de la reforma. La maquinaria agrícola depende principalmente del ACPM para su funcionamiento. Un aumento en el costo del diésel encarecería la producción de alimentos.
Las industrias manufactureras verían incrementados sus gastos de producción. El transporte de materias primas y productos terminados requiere combustible. Estos costos adicionales podrían afectar la competitividad de la producción nacional.
Los hogares colombianos sentirían el impacto en múltiples frentes. No solo pagarían más por llenar el tanque de sus vehículos. También enfrentarían aumentos en el costo de vida general.
El precio de los alimentos podría experimentar alzas significativas. El transporte representa un componente importante en la cadena de distribución. Cualquier incremento en los fletes se reflejaría en los anaqueles.
Los servicios de transporte público también se verían afectados por estas medidas. Buses, taxis y otros medios de movilización dependen de los combustibles. Los operadores podrían solicitar ajustes tarifarios para compensar los mayores costos.
La reforma tributaria busca aumentar los ingresos del Estado en un contexto fiscal complejo. Sin embargo, el diseño de las medidas genera cuestionamientos técnicos importantes. La efectividad ambiental de los gravámenes está en duda.
El Gobierno defiende la necesidad de estas modificaciones para fortalecer las finanzas públicas. También argumenta que los impuestos a los combustibles tienen un componente ambiental. Buscan desincentivar el uso de combustibles fósiles y reducir emisiones contaminantes.
Los gremios reconocen la importancia de contribuir al sostenimiento del Estado. No obstante, insisten en que las medidas deben diseñarse adecuadamente. Un impuesto mal estructurado puede generar efectos económicos no deseados.
La discusión en el Congreso será determinante para el futuro de estas propuestas. Los legisladores deberán evaluar los argumentos técnicos presentados por los diferentes actores. También considerarán el impacto social y económico de las medidas.
Las audiencias públicas permitirán conocer las posiciones de diversos sectores. Transportadores, comerciantes, industriales y consumidores tendrán oportunidad de expresar sus inquietudes. Este proceso deliberativo será fundamental para ajustar el proyecto.
La experiencia de reformas tributarias anteriores muestra la complejidad de estos debates. Los combustibles han sido históricamente un tema sensible en Colombia. Cualquier modificación genera reacciones inmediatas en la opinión pública.
El equilibrio entre recaudo fiscal, objetivos ambientales y capacidad económica es delicado. Las autoridades deben considerar el impacto en la competitividad del país. También deben evaluar las consecuencias sobre los sectores más vulnerables.
La estructura de precios de los combustibles en Colombia tiene múltiples componentes. Incluye el precio internacional del petróleo, costos de refinación y transporte. También contempla impuestos nacionales y locales, además de márgenes regulados.
Cualquier modificación tributaria altera este equilibrio complejo. Los ajustes deben considerar todas las variables involucradas. De lo contrario, pueden generarse distorsiones en el mercado.
La regulación de precios busca proteger a los consumidores de fluctuaciones excesivas. Sin embargo, también limita la capacidad de los distribuidores para ajustar sus márgenes. Esta tensión se acentúa cuando se introducen nuevos gravámenes.
Las estaciones de servicio operan con márgenes relativamente ajustados. Los costos de operación incluyen personal, mantenimiento, servicios públicos y arriendo. Un impuesto adicional que no pueda trasladarse afectaría directamente su viabilidad.
En zonas rurales y apartadas, la situación es particularmente delicada. Allí, los volúmenes de venta son menores y los costos logísticos más altos. Las estaciones operan con márgenes aún más reducidos.
El cierre de estaciones en municipios pequeños generaría problemas de abastecimiento. Las comunidades quedarían sin acceso cercano a combustibles. Esto afectaría la movilidad, el transporte de productos y las actividades productivas.
El debate sobre la reforma tributaria apenas comienza su recorrido legislativo. Las próximas semanas serán cruciales para definir el texto final. Los ajustes que se realicen determinarán el impacto real de las medidas.
Los sectores afectados mantienen su disposición al diálogo con el Gobierno. Buscan que se corrijan los aspectos técnicos cuestionados. También esperan que se evalúen alternativas que cumplan los objetivos fiscales sin generar distorsiones.
La discusión trasciende lo meramente económico y toca aspectos sociales fundamentales. El acceso a combustibles asequibles afecta la calidad de vida de millones de colombianos. También influye en la capacidad productiva del país.
