Graves denuncias por operativo militar desatan tensión en Lloró, Chocó
Un operativo militar realizado el 20 de julio en la comunidad de Chirriquí, Lloró, ha generado una crisis humanitaria y graves acusaciones contra el Ejército Nacional.
La Personería Municipal activó un mecanismo de búsqueda urgente tras la desaparición de tres civiles: Ciro Cunampia, Víctor Tapias y Leider, habitantes dedicados a labores agrícolas y de pesca.
Durante el operativo, según relata el personero Yohan Yessy Machado Rodríguez, las tropas detuvieron arbitrariamente a 15 personas. Entre ellas, diez docentes indígenas y cinco afrodescendientes que transitaban en botes por el río Atrato.
“Los retuvieron más de 15 horas sin orden judicial y los trasladaron hasta Quibdó”, explica Machado. Los detenidos permanecieron 36 horas en el batallón antes de ser liberados, excepto Neyder Oregón, quien continúa bajo custodia militar.
Las denuncias incluyen presuntos casos de violencia física. “Uno tiene un golpe en la cabeza, a otro casi le fracturan la pierna”, señala el personero, quien conserva evidencia fotográfica de las lesiones.
El caso más grave involucra a Eliécer Bejarano Guevara, quien según testimonios fue sometido a torturas. “Lo metieron en un balde de agua, le patearon la cara y le pusieron un esparadrapo”, detalla Machado sobre el incidente.
La alcaldesa Luz Stella Serna Moreno confirma que la comunidad también denunció el robo de 25 millones de pesos, oro y otros elementos durante el operativo militar.
La situación ha provocado el desplazamiento de aproximadamente 355 personas. Treinta familias afrodescendientes de Canchidó y 90 familias indígenas han buscado refugio en el muelle fluvial.
Como respuesta a estos acontecimientos, el ELN anunció un paro armado de 48 horas en la región, restringiendo la movilidad por ríos y carreteras desde la medianoche del 25 de julio.
El brigadier general William Fernando Caicedo Benavídez, comandante de la XV Brigada, defiende que la operación estaba planificada desde hace dos meses. Sin embargo, no se había ejecutado por riesgo a la vida del ingeniero Arnold Rincón.
La Defensoría del Pueblo conoce las denuncias y la Personería elevará los casos ante el Ministerio Público nacional. Mientras tanto, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba Curí ha convocado un comité de seguridad para abordar la crisis.
La tensión persiste en la zona con presencia militar continua. Los habitantes temen nuevos desplazamientos en las comunidades de Chirriquí y Currupá debido a la situación de inseguridad.
