Polémica por presunta contratación irregular en megaproyecto de Ecopetrol
En medio de cuestionamientos sobre transparencia y posible favorecimiento, Ecopetrol respondió a señalamientos sobre una presunta “contratación amarrada” en el proyecto de Regasificación Campo Guajira, valorado en aproximadamente 500 millones de dólares.
La controversia surgió tras revelaciones periodísticas que sugieren movimientos irregulares para beneficiar al coronel retirado de la Policía Juan Guillermo Mancera, quien mantiene una cercana amistad con Ricardo Roa, actual presidente de la petrolera estatal.
El centro de la polémica gira en torno a la empresa GAXI, propiedad de Mancera, que aparentemente carece de experiencia en el sector energético. Sorprendentemente, esta compañía cuenta con un modesto capital de apenas 20 millones de pesos colombianos.
Este ambicioso proyecto representa una iniciativa estratégica para Ecopetrol, pues busca transformar gas natural en aguas del Caribe colombiano. Posteriormente, el combustible procesado se distribuiría a través de la red nacional de gasoductos, beneficiando a múltiples regiones del país.
Ante las acusaciones, Ecopetrol emitió un comunicado defendiendo la transparencia del proceso. La empresa estatal aseguró que hasta el momento no se ha abierto ningún proceso de selección formal. Adicionalmente, explicaron que actualmente solo se están realizando los estudios y sondeos de mercado preliminares.
La situación ha generado preocupación en diversos sectores, considerando la magnitud del proyecto y su importancia estratégica para el suministro energético nacional. Expertos del sector señalan que la transparencia en la adjudicación de contratos de esta envergadura resulta fundamental para garantizar la eficiencia y correcta ejecución del proyecto.
Los cuestionamientos sobre posibles irregularidades en la contratación han despertado el interés de organismos de control y vigilancia. Esta situación podría derivar en investigaciones más profundas sobre los procedimientos de contratación en la petrolera estatal.
La controversia se suma a otros debates recientes sobre la gestión de Ecopetrol, especialmente en lo relacionado con la transparencia en sus procesos de contratación y la necesidad de garantizar la competencia justa entre potenciales proveedores de servicios.
