Desde el 1 de julio, clínicas y hospitales en Colombia enfrentan un nuevo desafío financiero. El decreto 572 de 2025, emitido por el Ministerio de Hacienda, exige que estas instituciones anticipen parte del impuesto de renta. Esta medida, aunque no introduce un nuevo impuesto, modifica el mecanismo de retención en la fuente. Ahora, además de la retención habitual, se requiere una autorretención adicional para ciertos sectores. El objetivo es anticipar ingresos tributarios del año 2026 y mejorar la liquidez del Estado en 2025.
El decreto establece diferentes porcentajes de retención según el tipo de servicio. Las hospitalizaciones tienen una retención del 3,5 %, mientras que las consultas médicas, odontológicas y otras atenciones sin internación están sujetas a un 1,1 %. Los servicios de apoyo diagnóstico o terapéutico también enfrentan una retención del 3,5 %. Este dinero, en lugar de ir directamente a los prestadores de servicios, se entrega al Estado como anticipo del impuesto de renta del próximo año.
La preocupación en el sector salud es palpable. A finales de mayo, El Espectador reportó la inquietud de hospitales y clínicas respecto al decreto. Temían que la medida empeorara la liquidez de las instituciones, acelerara el cierre de servicios y afectara al personal de salud. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) envió cartas al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, solicitando reconsiderar la medida. Sin embargo, Jaramillo no respondió.
El impacto de esta norma es significativo. Clínicas, hospitales y centros médicos ya enfrentan dificultades financieras debido a la falta de pagos oportunos de algunas EPS y una cartera que ha crecido en los últimos años. Ahora, deben destinar más recursos al pago anticipado de impuestos. Esto podría agravar la crisis de liquidez que ya enfrentan.
Juan Carlos Giraldo, presidente de la ACHC, expresó su preocupación en una carta al ministro Jaramillo. En ella, señaló: “consideramos señor Ministro que, en momentos de estrechez económica, un sector como el de salud con instituciones prestadoras de servicios que se esfuerzan por mantener su operación, resulta por decir lo menos inoportuno e inequitativo que se les equipare a otros sectores o empresas productivas del país”.
La falta de respuesta del Ministerio de Salud ha generado frustración en el sector. Las instituciones de salud sienten que sus preocupaciones no han sido escuchadas. Además, temen que la medida pueda tener consecuencias negativas para la atención médica en el país. La retención adicional podría limitar la capacidad de los hospitales para invertir en infraestructura, tecnología y personal.
Por otro lado, el Gobierno defiende la medida como necesaria para mejorar la liquidez del Estado. Argumenta que la autorretención adicional es una forma de asegurar ingresos tributarios futuros. Sin embargo, esta justificación no ha convencido a los afectados. La falta de diálogo y respuesta por parte del Ministerio de Salud ha dejado a muchos en el sector sintiéndose desamparados.
En este contexto, es crucial considerar múltiples visiones. Por un lado, el Gobierno busca asegurar la estabilidad financiera del Estado. Por otro, las instituciones de salud enfrentan una realidad económica desafiante. La clave podría estar en encontrar un equilibrio que permita al Estado recaudar los ingresos necesarios sin asfixiar a un sector ya vulnerable.
Una posible solución podría ser la implementación de medidas de alivio fiscal temporales para las instituciones de salud. Esto podría incluir la reducción de otros impuestos o la creación de incentivos fiscales para fomentar la inversión en el sector. Además, el Gobierno podría considerar la posibilidad de establecer un diálogo abierto con los representantes del sector salud. Esto permitiría abordar sus preocupaciones y buscar soluciones conjuntas.
Otra opción sería revisar los porcentajes de retención establecidos en el decreto. Podría ser beneficioso ajustar estos porcentajes para reflejar mejor la realidad económica de las instituciones de salud. Esto podría ayudar a aliviar la carga financiera que enfrentan actualmente.
Finalmente, es esencial que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda trabajen juntos para encontrar soluciones viables. La colaboración interinstitucional podría ser clave para abordar los desafíos que enfrenta el sector salud. Además, podría ayudar a garantizar que las medidas fiscales no tengan un impacto negativo en la atención médica en el país.
