La cuota de alimentos se reajusta sola cada 1.º de enero, sin que nadie lo pida. Lo dice el artículo 129 de la Ley 1098 de 2006, el Código de la Infancia y la Adolescencia. Esa norma también regula cómo se fija la cuota y cómo se cobra.
La cuota se fija por acuerdo entre los padres, en una conciliación, o por un juez. Si hay un proceso, el juez puede fijar una cuota provisional. Puede hacerlo desde el auto que corre traslado de la demanda, con prueba del vínculo con el menor.
Según el ICBF, la cuota comprende vivienda, educación, salud y vestuario. También recreación, alimentación, transporte «y todo lo necesario para el desarrollo integral».
Si no hay prueba de los ingresos del obligado, el juez estima su capacidad. Lo hace por su patrimonio, su posición social y sus costumbres. Además, la ley pone un piso.
«En todo caso se presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal».
Ley 1098 de 2006, art. 129
Con el salario mínimo de 2026, de $1.750.905, ese es el ingreso mínimo que se presume. La Corte Constitucional declaró exequible esa presunción en la sentencia C-055 de 2010. La ley no fija un monto de cuota.
El reajuste aplica a la cuota fijada en una providencia, una conciliación o un acuerdo privado. Según la norma, esta «se entenderá reajustada a partir del 1o de enero siguiente y anualmente en la misma fecha, en porcentaje igual al índice de precios al consumidor». El juez o las partes pueden pactar otra fórmula.
Ejemplo solo para ilustrar: con inflación de 6 %, una cuota de $500.000 pasaría a $530.000.
La cuota también se puede modificar. Eso procede si cambia la capacidad del obligado o las necesidades del hijo. Las partes pueden hacerlo de común acuerdo. O cualquiera puede pedirlo al juez con copia de la providencia, el acta o el acuerdo.
Si el obligado no paga, hay un camino civil. Se puede adelantar un proceso ejecutivo ante un juez de familia. Se necesita copia del arreglo privado o del acta de conciliación. Allí se cobran las cuotas vencidas y las futuras. El juez puede decretar embargo, secuestro, avalúo y remate de bienes.
El embargo se levanta si el deudor paga lo atrasado. También debe prestar caución por las cuotas de los dos años siguientes. Si la mora supera un mes, el juez ordena impedirle salir del país hasta que garantice el pago. También se reporta a las centrales de riesgo.
Hay además un registro específico, el REDAM, creado por la Ley 2097 de 2021. Rige para «todas las personas que se encuentren en mora a partir de tres (3) cuotas alimentarias, sucesivas o no». Esas cuotas deben estar fijadas en una sentencia, una conciliación o un título ejecutivo.
El acreedor pide la inscripción al juez que conoce o conoció el proceso. El juez da cinco días hábiles al deudor y decide si hay justa causa. Si el título no es una sentencia, el trámite puede ir a una comisaría de familia o al ICBF.
La ley prevé una sola salida antes de la inscripción: pagar lo adeudado, y solo la primera vez. Si reincide y paga antes, se registra por tres meses. En las siguientes ocasiones, por seis. Cuando paga todo, el juez ordena cancelar el registro en máximo cinco días hábiles.
Según el artículo 6 de esa ley, el registro tiene consecuencias concretas. El deudor no puede contratar con el Estado ni posesionarse en cargos públicos. Un servidor público queda suspendido. La notaría exige el certificado para vender bienes sujetos a registro. Los bancos lo piden para créditos o renovaciones.
La ley añade el impedimento para salir del país, ante Migración Colombia. También, el reporte a las centrales de riesgo. El certificado del REDAM es gratuito por la web y vale tres meses.
No pagar también puede ser un delito. La inasistencia alimentaria está en el artículo 233 del Código Penal, modificado por la Ley 1181 de 2007. La pena es de 16 a 54 meses de prisión y multa de 13,33 a 30 salarios mínimos. Si la víctima es un menor, sube a 32 a 72 meses y multa de 20 a 37,5 salarios.
Con el salario mínimo de 2026, esas multas van de $23,3 a $52,5 millones. Si la víctima es un menor, van de $35 a $65,7 millones. Es un cálculo propio. El artículo 234 sube la pena hasta una tercera parte. Aplica si el deudor oculta, disminuye o grava su renta o patrimonio para no pagar.
El ICBF explica que la denuncia penal procede cuando el obligado se ha sustraído sin justificación. Según esa entidad, la Fiscalía debe investigar aunque no haya bienes embargables. La ley no fija un número mínimo de cuotas atrasadas para que haya pena de prisión.
Según el artículo 10 de la Ley 2097, quien tenga derecho puede pedir el reconocimiento judicial de cuotas atrasadas. Y quien las pagó puede subrogarse en ese derecho.
Para un caso concreto, conviene consultar una comisaría de familia, el ICBF o un abogado.
Fuentes: Ley 1098 de 2006, Ley 2097 de 2021, Ley 1181 de 2007, Ley 599 de 2000, Corte Constitucional e ICBF.
