La bancada del Centro Democrático radicó este miércoles 28 de octubre de 2026 en el Senado su proyecto para modificar la reforma pensional vigente. La iniciativa, que ya se conoce como la "contrarreforma", devolvería a los afiliados la posibilidad de elegir entre Colpensiones y los fondos privados.
El proyecto lo presentaron los senadores Andrés Forero, Claudia Margarita Zuleta y Zandra Bernal. Según La República, también lo firma el senador Juan Felipe Corzo. Se radicó el mismo día en que la plenaria de la Cámara terminó de subsanar los nueve artículos que la Corte Constitucional devolvió de la Ley 2381 de 2024.
Forero explicó el enfoque de la propuesta. «Las cosas buenas de la reforma las mantenemos; las malas, las que afectaron a la población y al ahorro nacional, las trataremos de corregir», afirmó, según La República.
El cambio de mayor alcance está en el pilar contributivo. Hasta 2,3 salarios mínimos, el afiliado escogería entre Colpensiones y un fondo privado. Hoy la ley establece que esas cotizaciones van a Colpensiones.
Los traslados serían posibles entre Colpensiones y un fondo privado cada cinco años, sin límite de edad y con doble asesoría. Entre fondos privados se podría cambiar cada seis meses, según Portafolio y El Tiempo.
La cotización seguiría en 16 % del ingreso base de cotización. De ese porcentaje, el empleador paga el 75 % y el trabajador el 25 %.
Un cálculo de El Centavo ayuda a verlo. Por cada millón de pesos de ingreso base se cotizan $160.000 al mes. De ellos, $120.000 los aporta el empleador y $40.000 el trabajador. La elección de fondo cambiaría el destino de ese dinero, no su monto.
El proyecto mantiene las edades de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. Los hombres necesitarían 1.300 semanas cotizadas. Las mujeres, 1.135 semanas en 2026, una cifra que baja 15 por año hasta llegar a 1.000 en 2035.
También conserva las 13 mesadas y la garantía de pensión mínima. En los fondos privados, el afiliado podría pensionarse a cualquier edad si su capital financia una mesada del 110 % de la pensión mínima.
Quienes no alcancen a pensionarse podrían pedir la devolución del saldo con rendimientos, una indemnización sustitutiva o una mensualidad vitalicia. Esa mensualidad tendría como piso la renta básica solidaria y como techo el 80 % de un salario mínimo.
Antes de definir esa salida se revisarían las semanas por hijos, la pensión familiar y las equivalencias actuariales. El Gobierno reglamentaría estas últimas en seis meses.
La comisión máxima de las administradoras sería de 0,6 % anual sobre los activos. La prima del seguro previsional tendría un tope de 3 % del ingreso base. Las cuentas individuales serían un patrimonio autónomo, y el riesgo de las inversiones bajaría a medida que el afiliado se acerque al retiro.
Colpensiones contrataría el seguro de invalidez y sobrevivencia, en vez de asumirlo directamente.
Las administradoras tendrían cuatro meses para resolver una pensión de vejez y dos meses para las de invalidez y sobrevivientes. La inclusión del pensionado en nómina tendría un plazo de 60 días. Colpensiones enviaría extractos al menos cada tres meses, y el derecho a la pensión no prescribiría.
La plenaria de la Cámara debatió el martes 27 y el miércoles 28, durante cerca de siete horas. Dejó los nueve artículos iguales al texto del Senado, por lo que no hubo conciliación, según El Tiempo.
El secretario de la Cámara, Miguel Ángel Sánchez, dijo que el trámite «se circunscribió únicamente a lo decidido por el tribunal constitucional». Ahora la Corte Constitucional deberá verificar si la Cámara cumplió lo que pidió en su fallo.
Fuentes: La República, El Espectador, Portafolio, El Tiempo y Semana.
