El reciente ajuste en los avalúos catastrales, anunciado por el Gobierno, ha generado un debate significativo en torno a su impacto en los propietarios de inmuebles urbanos y rurales. Este ajuste, basado en el Índice de Valoración Predial para 2024, el Índice de Precios al Productor Agropecuario, la meta de inflación y el IPPA, busca alinear la base gravable del impuesto predial con el valor del patrimonio de los propietarios. Sin embargo, la implementación de este ajuste no es uniforme en todo el país, lo que ha suscitado diversas opiniones y preocupaciones.
Para los inmuebles urbanos, el incremento del 3 % en los avalúos catastrales se alinea con la meta de inflación proyectada por el Banco de la República para 2025. Este aumento también se aplicará a los predios rurales, con la excepción de aquellos dedicados a actividades agropecuarias. Esta distinción es crucial, ya que busca proteger a los productores agropecuarios de un aumento en sus costos operativos, lo cual podría afectar su competitividad y sostenibilidad.
El avalúo catastral es una herramienta esencial para los propietarios, ya que les permite conocer el valor de su predio a través de un estudio técnico realizado por la autoridad de catastro correspondiente. Este proceso considera las características del predio, sus linderos, el tamaño y la calidad de las construcciones, así como el comportamiento del mercado inmobiliario en la zona. Sin embargo, el ajuste no se aplicará a los predios en Bogotá ni a los correspondientes a catastros descentralizados como Cali, Medellín y Antioquia, que pueden calcular un Índice de Valoración Predial diferencial. Además, los predios que ya actualizaron su estudio catastral durante 2024 también están exentos de este incremento.
El decreto 1609 del 27 de diciembre de 2024, emitido por el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, estuvo abierto a comentarios del público entre el 21 y el 26 de diciembre. Este proceso de consulta pública es fundamental para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a la población.
El vínculo entre el avalúo catastral y el impuesto predial es innegable. Un aumento en el avalúo catastral generalmente se traduce en un incremento en el impuesto predial, lo que puede representar una carga financiera adicional para los propietarios. Sin embargo, son los concejos de las ciudades y municipios los que establecen las reglas para el cobro y recaudo de estos impuestos, lo que introduce una variabilidad significativa en su aplicación.
Un problema persistente es la falta de actualización catastral en muchos municipios, algunos de los cuales llevan hasta 30 años sin realizar este proceso. La actualización catastral es crucial para reflejar el valor real de un inmueble ante el Estado, considerando mejoras en infraestructura y accesibilidad que pueden haber ocurrido con el tiempo. Sin embargo, cuando finalmente se realiza una actualización, el valor del inmueble puede aumentar drásticamente, lo que a su vez eleva considerablemente el impuesto predial. Esta situación puede ser especialmente problemática para los propietarios que no estaban preparados para un aumento tan significativo en sus obligaciones fiscales.
