La Superintendencia de Salud designó este miércoles 19 de agosto a Roberto José Tercero Solano Navarra como nuevo agente especial interventor de Nueva EPS. La medida responde a la intervención forzosa administrativa que pesa sobre esta entidad. Dicha intervención seguirá vigente hasta el 10 de abril de 2027.
La decisión se fundamentó en el seguimiento continuo que adelantaba la Supersalud. Este seguimiento abarcó la situación administrativa, financiera, técnica y jurídica de la EPS. Según informó la Superintendencia, se identificaron factores que continúan afectando la operación de la entidad.
Entre los problemas detectados figuran fallas en la gestión financiera. Asimismo, persisten dificultades con la suficiencia de la red de servicios. También se registran incumplimientos de órdenes e instrucciones. Adicionalmente, existen irregularidades en el reporte de información oficial.
El organismo de control enfatizó un dato preocupante. Nueva EPS no cuenta con estados financieros certificados, dictaminados y aprobados. Esta situación abarca las vigencias 2023, 2024 y 2025. Además, la entidad incumple con el reporte de información oficial desde febrero de 2024.
Esta falta de información ha limitado las acciones de inspección. Igualmente, ha obstaculizado las labores de vigilancia por parte de la Supersalud. Por consiguiente, el panorama de control se ha vuelto cada vez más complejo.
El seguimiento realizado por la Supersalud también evidenció dificultades financieras graves. Nueva EPS mantiene problemas en las cuentas con su red de servicios. La entidad identificó un crecimiento sostenido de las deudas y anticipos. Paralelamente, se registran retrasos en el procesamiento de facturas.
Las demoras en la auditoría y contabilización de facturas agravan la situación. A este panorama financiero se suman los problemas reportados por los usuarios. Según la resolución, el 51 por ciento de las reclamaciones analizadas se concentra en tres causas.
La primera causa es la negación de tecnologías y servicios previamente autorizados. En segundo lugar, aparecen las dificultades para conseguir citas médicas. Finalmente, se registran demoras significativas en la atención a los pacientes.
Estos factores hacen parte de las situaciones que deberá abordar el nuevo interventor. Roberto José Tercero Solano Navarra tendrá como primer encargo presentar un diagnóstico integral. Este documento deberá entregarse durante el mes siguiente a su posesión.
El diagnóstico debe incluir un plan de trabajo detallado. Dicho plan contemplará presupuesto, cronograma e indicadores específicos. Estos indicadores permitirán medir los resultados de su gestión de manera objetiva.
La medida busca establecer una hoja de ruta clara. Esta ruta abordará los problemas administrativos identificados por la Supersalud. Igualmente, se ocupará de las dificultades financieras y de atención detectadas.
Como parte del seguimiento a la intervención, la Supersalud designó a Baker Tilly Colombia Ltda. Esta firma actuará como contralor de Nueva EPS. Tendrá a su cargo el seguimiento y la fiscalización de las acciones desarrolladas.
La labor del contralor se desarrollará en un contexto marcado por dificultades. Las complicaciones financieras persisten desde hace varios años. Además, los reclamos relacionados con la prestación de servicios de salud continúan aumentando.
La crisis de Nueva EPS llevó a la Superintendencia Nacional de Salud a actuar. El 3 de abril de 2024 ordenó la toma de posesión de sus bienes. También se incluyeron los haberes y negocios de la entidad.
Simultáneamente, se decretó una intervención forzosa para administrarla. La medida se fundamentó en el riesgo de incumplimiento de las condiciones financieras. Asimismo, existía riesgo respecto a la solvencia de la entidad.
Esta situación ponía en riesgo el aseguramiento de los usuarios. Igualmente, amenazaba la prestación de los servicios de salud. Durante la intervención aparecieron además problemas relacionados con las obligaciones pendientes.
La Supersalud reportó en 2024 un hallazgo alarmante. Había encontrado 12,6 millones de registros de facturas en proceso de auditoría. Estas facturas sumaban más de $4,4 billones en obligaciones pendientes.
Estas obligaciones no estaban incluidas en los estados financieros. Los estados financieros de ese momento registraban entonces $5,7 billones. Por lo tanto, existía una brecha significativa entre la realidad y lo reportado.
El organismo también señaló dificultades en la suficiencia de la red de servicios. Además, identificó problemas de capacidad y oportunidad en la atención. La situación no se resolvió durante el primer año de intervención.
En abril de 2025, la Supersalud decidió prorrogar la medida por un año. Esta decisión se tomó al considerar que persistían las causas originales. Estas causas habían motivado inicialmente la intervención de la entidad.
Para ese momento, Nueva EPS continuaba sin reportar sus estados financieros. La entidad de vigilancia había señalado incumplimientos relacionados con las condiciones financieras. También se registraban fallas en la prestación de los servicios a los usuarios.
El deterioro financiero también fue objeto de seguimiento de la Procuraduría. En julio de 2025, el Ministerio Público realizó una inspección a Nueva EPS. El objetivo era revisar el aumento de su cartera.
Igualmente, se examinó el incremento de las peticiones, quejas y reclamos de usuarios. Además, se solicitó información sobre tutelas, facturación y contratación. También se requirieron los estados financieros de la entidad.
Posteriormente, la Procuraduría señaló datos preocupantes. Al cierre de 2024, los pasivos de la entidad habían superado los $22 billones. Por su parte, las pérdidas acumuladas superaban los $11 billones.
Para 2026, el panorama seguía siendo crítico. En agosto, la Procuraduría informó que Nueva EPS acumulaba más de $22 billones en pasivos. Paralelamente, las pérdidas superaban $11 billones.
En el primer trimestre del año se registraron 40.668 acciones de tutela. Esta cifra equivale al 60 por ciento de todas las presentadas durante 2023. El organismo también reportó 10.031 incidentes de desacato.
Las acciones de tutela reflejan la insatisfacción de los usuarios. Asimismo, evidencian las fallas sistemáticas en la prestación del servicio. Los incidentes de desacato muestran el incumplimiento de órdenes judiciales.
La designación del nuevo interventor representa un intento de cambio. Sin embargo, los desafíos que enfrentará son considerables. La deuda acumulada requiere estrategias financieras innovadoras.
La recuperación de la confianza de los usuarios será fundamental. Igualmente, resulta prioritario restablecer la red de servicios. La transparencia en el manejo de la información será clave.
El nuevo interventor deberá trabajar en múltiples frentes simultáneamente. La regularización de los estados financieros es una tarea urgente. También lo es el procesamiento de las facturas represadas.
La mejora en los tiempos de atención requiere acciones inmediatas. Asimismo, debe garantizarse el acceso a los servicios autorizados. La reducción de las acciones de tutela será un indicador de éxito.
La labor de Baker Tilly Colombia Ltda. como contralor será crucial. Su seguimiento permitirá identificar avances y retrocesos. Igualmente, facilitará la toma de decisiones basadas en información verificable.
La situación de Nueva EPS refleja problemas estructurales del sistema de salud. Las dificultades financieras afectan directamente la calidad del servicio. Por consiguiente, los usuarios terminan siendo los más perjudicados.
La intervención forzosa administrativa es una medida excepcional. Su aplicación busca proteger los derechos de los afiliados. También pretende garantizar la sostenibilidad del sistema de aseguramiento.
El plazo hasta abril de 2027 establece un horizonte temporal definido. Durante este período, se espera lograr avances significativos. La estabilización financiera y operativa será el objetivo principal.
La experiencia acumulada durante los años de crisis será valiosa. Permitirá evitar errores del pasado y corregir prácticas inadecuadas. También facilitará la implementación de mejores controles y procesos.
La colaboración entre el interventor y el contralor será determinante. Ambas figuras deben trabajar de manera coordinada y transparente. Solo así se podrán alcanzar los objetivos de la intervención.
Los usuarios de Nueva EPS esperan mejoras concretas y rápidas. La atención oportuna y de calidad es su principal demanda. También requieren que se respeten las autorizaciones previamente otorgadas.
Los prestadores de servicios de salud también aguardan soluciones. El pago oportuno de las facturas es fundamental para su operación. Sin estos pagos, la red de servicios se debilita aún más.
La Superintendencia de Salud mantiene su rol de vigilancia activa. Su seguimiento continuo permitirá evaluar el desempeño del nuevo interventor. También facilitará la adopción de medidas correctivas cuando sea necesario.
