La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ejecutó apenas el 4,3% de su presupuesto durante cuatro años. Así lo denunció Germán Calderón España, director encargado de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado. El funcionario presentó hallazgos que evidencian graves irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Calderón advirtió que la entidad giró $856.000 millones sin urgencia comprobada. Además, señaló que se perdió el rastro de $1,38 billones. Este hallazgo golpea directamente la capacidad de respuesta del país ante emergencias. La situación se agravó tras el terremoto del pasado 10 de agosto.
El funcionario calificó el caso como “la corrupción sistemática evidenciada en la UNGRD”. Explicó que la entidad “sólo ejecutó el 4,3% del presupuesto durante los cuatro años del anterior gobierno”. Paralelamente, se giraron recursos “por 856.000 millones de pesos sin ninguna urgencia”. Del monto total analizado se perdió el rastro de 1,38 billones de pesos.
La Contraloría identificó $240.766 millones sin reintegrar correspondientes a convenios ya vencidos. Estos convenios fueron suscritos con el IGAC y con el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, el hallazgo más preocupante alcanza una cifra mayor. Se destinaron $282.990 millones a obras de reducción del riesgo en La Mojana y en la región Caribe.
De estos recursos tampoco hay rastro documentado, según los informes citados. Las obras debían ejecutarse en zonas históricamente vulnerables a desastres naturales. No obstante, los documentos de seguimiento y control simplemente no existen. Esta ausencia de trazabilidad impide conocer el destino final de los fondos públicos.
El funcionario detalló irregularidades puntuales en la entrega de ayudas humanitarias. En La Guajira se pagaron $6.759 millones en canastas populares. Estos pagos se realizaron “sin acreditar su entrega ni su calidad”. Mientras tanto, en Putumayo, Cauca y Nariño se registraron entregas incompletas de asistencia.
Las comunidades afectadas no recibieron la totalidad de los apoyos prometidos. Para Calderón, este patrón de irregularidades explica la situación actual. La entidad hoy “no tiene recursos” para atender la emergencia del sismo de agosto. La falta de ejecución presupuestal dejó a la institución sin margen financiero.
La advertencia cobra relevancia por el papel institucional de la UNGRD. Esta entidad es, por ley, la rectora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en Colombia. Además, está encargada de coordinar la respuesta institucional ante desastres naturales. El terremoto afectó a Chocó, Quindío, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca.
Que su presupuesto haya sido ejecutado de forma tan baja durante cuatro años resulta crítico. Según el funcionario, esto dejó a la institución sin capacidad de respuesta. El momento llegó justo cuando el país más necesitaba su intervención. La baja ejecución presupuestal comprometió la atención de emergencias en todo el territorio nacional.
Ese vacío obligó a que la respuesta inmediata recayera en otras instancias del Estado. El director encargado subrayó que, “a pesar del momento crítico”, el nuevo Gobierno respondió. El presidente Abelardo De La Espriella “asumió la emergencia en forma inmediata”. Los equipos se desplazaron a las zonas afectadas “desde el minuto 0”.
Los ministros con competencia sectorial lideraron la atención del desastre. Coordinaron acciones desde diferentes carteras para suplir el vacío institucional. Esta respuesta interinstitucional permitió atender las necesidades más urgentes de la población afectada. No obstante, evidenció la debilidad estructural del sistema de gestión de riesgos.
Calderón precisó que la estrategia del Gobierno actual se concentró primero en salvar vidas. Después vendría la reconstrucción física de la infraestructura afectada. Según su relato, los equipos técnicos y humanos desplegados trabajaron “con esfuerzos ingentes”. Los distintos ministerios colaboraron bajo esa jerarquía de prioridades.
Esto ocurrió en momentos en que la entidad naturalmente llamada a coordinar carecía de recursos. La UNGRD no había ejecutado a tiempo los fondos necesarios para cumplir su mandato. Esta situación comprometió la efectividad de la respuesta institucional. También generó sobrecarga operativa en otras entidades no especializadas en gestión de riesgos.
El funcionario dejó este caso para el final de su intervención por su mayor trascendencia. Destacó la relación directa entre la corrupción detectada en la UNGRD y sus consecuencias. Señaló “los efectos nefastos” que produce ante la crisis humanitaria generada por el terremoto. La crisis también tiene dimensiones económicas y sociales de gran magnitud.
La Agencia Jurídica para la Defensa del Estado no precisó acciones judiciales específicas. En esta intervención no se informó sobre procesos contra los responsables. La ejecución presupuestal cuestionada corresponde al periodo señalado. Sin embargo, quedó pendiente conocer las consecuencias jurídicas para los funcionarios involucrados.
Los hallazgos expuestos por Calderón se suman a reportes previos de la Contraloría. Estos informes ya habían alertado sobre el manejo de recursos en la UNGRD. Coinciden con el momento en que el Gobierno Nacional adelanta la respuesta institucional. El terremoto del 10 de agosto obligó a movilizar recursos de múltiples fuentes.
La atención ha involucrado anuncios como la creación de un fondo especial para la reconstrucción. También se han adelantado gestiones de cooperación internacional en los días posteriores al sismo. Otras entidades reportaron estas iniciativas como parte de la respuesta coordinada. La magnitud del desastre requiere esfuerzos sostenidos de reconstrucción a mediano y largo plazo.
Los contratos vencidos sin ejecutar representan un problema adicional de rendición de cuentas. Los convenios con el IGAC debían cumplir objetivos específicos de gestión del riesgo. Igualmente, los acuerdos con el Ministerio de Vivienda tenían metas concretas. La falta de reintegro de recursos evidencia debilidades en los mecanismos de control.
Las obras de reducción del riesgo en La Mojana eran especialmente necesarias. Esta región enfrenta históricamente problemas de inundaciones y vulnerabilidad social. Los recursos destinados debían fortalecer la infraestructura de protección. Sin embargo, la ausencia de documentación impide verificar cualquier avance real en el terreno.
La región Caribe también esperaba intervenciones con los recursos asignados. Las comunidades costeras enfrentan amenazas por fenómenos climáticos extremos. La inversión debía reducir su exposición a desastres naturales. No obstante, la falta de trazabilidad sugiere que las obras nunca se ejecutaron.
Las canastas populares en La Guajira representan un caso emblemático de irregularidades. Este departamento enfrenta condiciones de pobreza y vulnerabilidad alimentaria. Los recursos destinados debían aliviar necesidades básicas de la población. Sin embargo, no se acreditó ni la entrega ni la calidad de los productos.
En Putumayo, Cauca y Nariño las entregas incompletas afectaron a comunidades indígenas y campesinas. Estas poblaciones dependen de la asistencia humanitaria durante emergencias. La falta de cumplimiento compromete la confianza en las instituciones del Estado. También profundiza las brechas de inequidad en la atención de poblaciones vulnerables.
El patrón de irregularidades señalado por Calderón revela fallas sistémicas en la gestión institucional. No se trata de casos aislados sino de problemas estructurales en la ejecución presupuestal. La ausencia de controles efectivos permitió que los recursos se desviaran o no se utilizaran. Esta situación compromete la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
La baja ejecución del 4,3% contrasta dramáticamente con las necesidades del país. Colombia enfrenta múltiples amenazas naturales que requieren inversión constante en prevención. Terremotos, inundaciones, deslizamientos y otros fenómenos afectan regularmente a las comunidades. La gestión del riesgo debería ser una prioridad presupuestal y operativa.
Los $1,38 billones sin trazabilidad representan una cifra alarmante de recursos públicos. Esta cantidad podría haber financiado obras de infraestructura preventiva en todo el país. También habría fortalecido los sistemas de alerta temprana y respuesta rápida. En cambio, su desaparición deja a las comunidades más vulnerables sin protección.
La respuesta del nuevo Gobierno evidencia capacidad de reacción ante la emergencia. El despliegue inmediato de equipos y la coordinación interinstitucional fueron efectivos. No obstante, la ausencia de recursos en la UNGRD limitó las opciones disponibles. Esta situación obligó a improvisar soluciones que debían estar previamente planificadas.
La creación de un fondo especial para la reconstrucción busca garantizar recursos suficientes. Esta medida intenta evitar que se repitan los problemas de ejecución del pasado. Sin embargo, su éxito dependerá de mecanismos robustos de control y transparencia. La sociedad civil y los organismos de control deberán vigilar estrechamente su implementación.
La cooperación internacional representa un complemento importante a los recursos nacionales. Diversos países y organizaciones han ofrecido apoyo técnico y financiero. Estas contribuciones pueden acelerar los procesos de reconstrucción y recuperación. No obstante, no sustituyen la responsabilidad del Estado de gestionar eficientemente sus propios recursos.
Las empresas privadas también han anunciado donaciones significativas para los damnificados. Algunas han destinado cientos de miles de millones de pesos a la reconstrucción. Esta solidaridad empresarial complementa los esfuerzos gubernamentales. Sin embargo, plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado de cumplir sus funciones básicas.
Los hallazgos de la Contraloría sobre la UNGRD requieren investigaciones exhaustivas. Es necesario identificar a los responsables de la mala gestión de recursos. También deben establecerse mecanismos para recuperar los fondos desviados o mal utilizados. La impunidad en estos casos debilitaría aún más la confianza ciudadana.
La reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto será un proceso largo y complejo. Requiere coordinación entre múltiples niveles de gobierno y sectores de la sociedad. La infraestructura dañada incluye viviendas, escuelas, hospitales y vías. Además, las comunidades necesitan apoyo psicosocial y económico para recuperarse.
La experiencia de esta emergencia debe servir para fortalecer el sistema de gestión de riesgos. Es fundamental revisar los protocolos de ejecución presupuestal y rendición de cuentas. También deben mejorarse los mecanismos de control preventivo y correctivo. Un sistema robusto puede salvar vidas y reducir el impacto de futuros desastres.
