Masiva red de tráfico humano y fraude migratorio desarticulada en Estados Unidos
Una extensa investigación federal destapó una sofisticada red internacional dedicada al tráfico de personas y fraude migratorio entre Cuba y Estados Unidos. Los acusados habrían facilitado la entrada ilegal de miles de cubanos entre 2021 y 2025.
El Departamento de Justicia (DOJ) y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) formalizaron cargos contra doce personas el 4 de septiembre. Los detenidos enfrentan acusaciones por conspiración para tráfico humano, fraude de asilo y lavado de dinero.
La red criminal estaba liderada por Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, residente irregular en Hialeah, Florida. Entre los otros implicados se encuentran Yuniel Lima-Santos y Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos de Tampa.
Los investigadores descubrieron que el grupo promocionaba sus servicios ilegales a través de WhatsApp e Instagram. Allí ofrecían gestiones fraudulentas de visas y programas para supuestos ciudadanos españoles.
Para dar apariencia de legalidad, los acusados crearon la empresa fachada ASESORIA Y SERVICIOS MIGRATORIOS LLC. Desde esta compañía tramitaban solicitudes falsas de asilo y permisos laborales.
La organización presentó cientos de aplicaciones fraudulentas ante el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA). Los documentos incluían direcciones falsas e identidades ficticias con nacionalidades europeas.
El esquema criminal generó ganancias superiores a los 18 millones de dólares entre enero de 2021 y junio de 2025. Solo en vuelos gastaron más de 2.5 millones, mientras que 7 millones se movieron por Zelle.
Los traficantes cobraban entre 1,500 y 40,000 dólares por persona según el tipo de servicio solicitado. Incluso llegaron a alquilar aviones privados para transportar grupos de migrantes.
La red presumía su capacidad operativa compartiendo videos en redes sociales. En las imágenes mostraban pilas de pasaportes, boletos aéreos y visas aprobadas fraudulentamente.
Para dar credibilidad a su fachada empresarial, restringían el acceso de los clientes a sus cuentas personales en USCIS. También elaboraban expedientes repetitivos sin conocimiento real de los solicitantes.
La investigación fue coordinada por el equipo especial Joint Task Force Alpha (JTFA). Participaron múltiples agencias como Homeland Security, Border Patrol y la División Internacional del DOJ.
La fiscal general adjunta Pamela Bondi enfatizó el compromiso de perseguir a quienes se benefician del sufrimiento de personas vulnerables. Por su parte, USCIS advirtió sobre el daño que estos esquemas causan al sistema migratorio.
Las autoridades han detenido a más de 410 líderes de redes similares gracias a la operación JTFA. Al menos 355 han recibido condenas, además de decomisos significativos de activos ilícitos.
Los cargos presentados varían entre los acusados: once por tráfico humano, cinco por fraude de asilo y ocho por lavado de dinero. La mayoría son ciudadanos cubanos o residentes en Estados Unidos.
Este caso marca un precedente en la persecución de redes de tráfico orientadas a migrantes cubanos. Las autoridades advierten que reforzarán la vigilancia sobre intermediarios y empresas que ofrecen servicios migratorios irregulares.
Los organismos oficiales recuerdan la importancia de utilizar únicamente gestores autorizados. Además, anticipan mayor escrutinio en los procesos de asilo para detectar solicitudes fraudulentas.
