La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia documentó 44 agresiones contra periodistas nicaragüenses. Estas acciones ocurrieron entre enero y marzo de 2026. El régimen de Daniel Ortega intensifica su control sobre la prensa independiente.
El informe lleva por nombre “Ortega y Murillo profundizan el control sobre la prensa independiente con ataques y presión sostenida dentro y fuera del país”. Las agresiones incluyen ataques verbales, escritos y digitales. Los comunicadores y medios independientes son los principales objetivos.
La organización pertenece a la red regional Voces del Sur. Según su análisis, estas acciones buscan estigmatizar a los profesionales de la información. Además, pretenden descalificar y hostigar sistemáticamente a quienes ejercen el periodismo crítico.
La concentración de ataques en el ámbito digital responde a una realidad concreta. Ejercer el periodismo dentro de Nicaragua se ha vuelto prácticamente imposible. El régimen controla estrictamente el territorio nacional.
La cobertura local ha disminuido drásticamente en los últimos años. La mayoría de los periodistas permanece en el exilio. Quienes continúan en el país enfrentan vigilancia permanente.
Las restricciones afectan el trabajo diario de los comunicadores. Asimismo, enfrentan procesos judiciales diseñados para intimidarlos. Los voceros oficialistas no solo atacan a los medios independientes.
También vigilan constantemente lo publicado por medios nicaragüenses desde el exilio. Su estrategia consiste en desmentir cada contenido difundido. Esta táctica busca sembrar confusión entre la población.
De las 44 agresiones documentadas, los actores no estatales son responsables de 22 casos. Esto representa el 50 por ciento del total. Los agentes estatales cometieron 18 agresiones, equivalentes al 40 por ciento.
Los actores paraestatales participaron en 4 casos, es decir, el 10 por ciento restante. Los actores no estatales operan principalmente mediante cuentas bajo seudónimos. Utilizan lenguaje alineado con el discurso de voceros oficialistas.
También replican patrones característicos de los seguidores sandinistas. La estigmatización y la burla son recursos frecuentes en sus mensajes. La participación estatal mantiene un peso determinante en esta dinámica.
Además, incrementó la intensidad de los ataques durante el primer trimestre. El tono de las agresiones se elevó de forma progresiva. Esta escalada se mantiene de manera sostenida.
Las agresiones afectaron principalmente a personas físicas entre enero y marzo. En total, 35 de los 44 casos registrados corresponden a individuos. Esto equivale al 80 por ciento del total documentado.
Las personas jurídicas fueron víctimas en 9 casos. Esto representa el 20 por ciento de las agresiones. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cerró al menos 54 medios de comunicación.
Este proceso se extiende desde 2018 hasta la fecha actual. Cinco de estos medios fueron allanados por las autoridades. Sus propiedades fueron confiscadas por el Estado.
Entre los medios afectados se encuentran La Prensa y Confidencial. También figuran 100% Noticias y La Trinchera de la Noticia. Al menos 304 trabajadores de medios nicaragüenses abandonaron el país.
La mayoría de ellos son periodistas que huyeron por razones de seguridad. Otros fueron directamente desterrados desde abril de 2018. Nicaragua ocupa el penúltimo lugar entre 23 países evaluados.
El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025 realizó esta medición. La Sociedad Interamericana de Prensa difundió el informe en marzo. El país figura junto a Venezuela en la categoría de “sin libertad de expresión”.
Nicaragua se ubica en el puesto 22 de 23 en América y el Caribe. El informe reveló que obtuvo solo 18,22 puntos de 100 posibles. Se mantiene en la franja de ausencia de libertad de expresión.
Aunque el puntaje subió 11,71 puntos respecto al año anterior, la posición no cambió. El país se mantuvo en el lugar 22. Esto indica que persiste un entorno estatal desfavorable.
El ejercicio del periodismo enfrenta obstáculos sistemáticos. La libertad de prensa está severamente restringida. Principalmente, esto se debe a la influencia del Ejecutivo.
Daniel Ortega y Rosario Murillo encabezan este poder. En la dimensión “ciudadanía informada y libre de expresarse”, Nicaragua obtuvo 2,33 puntos sobre 30. En “actuación del Estado contra la violencia e impunidad contra periodistas y medios”, alcanzó 9,22 sobre 40.
En “control de medios y periodismo”, logró 6,67 sobre 30. Las dos últimas dimensiones están clasificadas como de “alta restricción”. El reporte advirtió que el Ejecutivo ejerce una influencia muy fuerte.
El Poder Judicial también afecta las condiciones de la libertad de expresión. Entre 2024 y 2025, Nicaragua avanzó hacia un “modelo totalitario bajo el régimen de Ortega y Murillo”. Este sistema eliminó sistemáticamente el periodismo independiente.
Las garantías democráticas también fueron suprimidas. Una reforma constitucional radical entró en vigor desde febrero de 2025. Esta normativa institucionalizó la censura de manera formal.
Aumentó la persecución de críticos del régimen. Incluso se implementó la privación de nacionalidad como castigo. El entorno digital ha sido objeto de severas restricciones.
Los bloqueos a plataformas y sitios web son frecuentes. La violencia contra periodistas se ha transformado en represión psicológica. Muchos comunicadores trabajan bajo vigilancia extrema.
Algunos ejercen su profesión desde la clandestinidad. Recurren a herramientas digitales para continuar informando. La libertad de expresión en Nicaragua atraviesa su nivel más crítico desde 1979.
Ese año cayó la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. La situación actual resulta de una combinación de terrorismo de Estado. También se suma un marco legal opresivo.
Las autoridades utilizan las leyes para perseguir a disidentes. Los periodistas independientes son considerados enemigos del régimen. El hostigamiento se extiende incluso fuera de las fronteras nicaragüenses.
Los medios en el exilio no están exentos de vigilancia. Las redes sociales se han convertido en campos de batalla. Los ataques digitales buscan desacreditar la labor periodística.
La estrategia oficial combina múltiples formas de presión. Por un lado, existe la persecución judicial directa. Por otro, se despliega una campaña de desprestigio en redes.
Los voceros oficialistas actúan de manera coordinada. Sus mensajes siguen patrones claramente identificables. La descalificación personal es una táctica recurrente.
También se ataca la credibilidad de las fuentes informativas. El régimen niega sistemáticamente cualquier denuncia de violaciones a derechos humanos. Califica las investigaciones periodísticas como “noticias falsas”.
Esta narrativa oficial busca confundir a la audiencia. Pretende sembrar dudas sobre la veracidad de la información. Los periodistas que permanecen en Nicaragua enfrentan dilemas éticos y prácticos.
Informar sobre ciertos temas puede significar la cárcel. La autocensura se ha convertido en una estrategia de supervivencia. Sin embargo, algunos comunicadores continúan arriesgándose.
Utilizan métodos cada vez más sofisticados para proteger su identidad. Las fuentes de información también temen represalias. Muchas personas evitan hablar con periodistas por miedo.
Este clima de terror afecta la calidad de la información disponible. El acceso a fuentes directas se ha vuelto extremadamente difícil. Los periodistas deben verificar datos con recursos limitados.
La situación se complica por la falta de transparencia gubernamental. Las instituciones públicas no responden solicitudes de información. Los datos oficiales son escasos o manipulados.
Los medios internacionales también enfrentan restricciones para trabajar en Nicaragua. Corresponsales extranjeros han sido expulsados del país. Otros simplemente no reciben permisos para ingresar.
Esta estrategia busca aislar informativamente al país. El régimen pretende controlar completamente la narrativa pública. La comunidad internacional ha expresado preocupación por esta situación.
Organizaciones de derechos humanos documentan sistemáticamente las violaciones. Sus informes evidencian un patrón de represión sostenida. Sin embargo, el régimen ignora estas denuncias.
Incluso ha expulsado a representantes de organismos internacionales. La Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias han sido forzadas a salir. Esta actitud refleja el creciente aislamiento del régimen.
Los periodistas en el exilio mantienen viva la información sobre Nicaragua. Desde distintos países, continúan investigando y publicando. Sus trabajos documentan la realidad que el régimen intenta ocultar.
Utilizan tecnología para proteger sus comunicaciones. También desarrollan redes de colaboración internacional. Estas alianzas permiten amplificar el alcance de sus investigaciones.
No obstante, el exilio presenta sus propios desafíos. La distancia dificulta el acceso a fuentes primarias. Los periodistas deben depender de contactos dentro del país.
Estos colaboradores internos asumen riesgos considerables. Compartir información puede tener consecuencias graves. A pesar de esto, muchos nicaragüenses continúan facilitando datos.
El compromiso con la verdad motiva a estos ciudadanos. Entienden que la información es fundamental para la democracia. Mientras tanto, el régimen perfecciona sus mecanismos de control.
Las reformas legales recientes amplían las facultades represivas del Estado. Nuevas leyes criminalizan prácticamente cualquier forma de disidencia. La definición de “traición a la patria” se ha vuelto extremadamente amplia.
Incluso criticar políticas públicas puede considerarse un delito. Esta ambigüedad legal genera incertidumbre y miedo. Los ciudadanos comunes evitan expresar opiniones políticas.
El espacio para el debate público se ha reducido drásticamente. Las universidades, tradicionalmente espacios de discusión, están bajo vigilancia. Estudiantes y profesores han sido perseguidos por sus ideas.
Varias instituciones educativas han sido cerradas o intervenidas. El control se extiende a todos los ámbitos de la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil han sido desmanteladas.
Más de 3,000 organizaciones perdieron su personería jurídica. Esta medida dejó sin recursos a numerosos proyectos sociales. También eliminó espacios de participación ciudadana.
El régimen considera cualquier organización independiente como una amenaza. La paranoia gubernamental ha alcanzado niveles sin precedentes. Incluso organizaciones religiosas han sido atacadas.
La Iglesia Católica enfrenta una persecución sistemática. Sacerdotes han sido encarcelados y expulsados del país. Templos han sido vandalizados por grupos afines al régimen.
Esta represión religiosa agrega otra dimensión a la crisis. Nicaragua se aleja cada vez más de los estándares democráticos. Los mecanismos de rendición de cuentas han sido eliminados.
El Poder Judicial carece de independencia real. Las decisiones judiciales responden a intereses políticos. Los juicios contra opositores carecen de garantías procesales.
Las sentencias están predeterminadas antes de iniciar los procesos. Esta situación genera impunidad para los abusos del poder. Mientras tanto, víctimas de violaciones a derechos humanos no tienen recurso.
La justicia se ha convertido en un instrumento de represión. Los abogados que defienden casos políticos también son perseguidos. Varios profesionales del derecho han tenido que exiliarse.
Ejercer la abogacía en casos sensibles implica riesgos personales. El colegio de abogados ha sido intervenido por el gobierno. Esta medida elimina la autonomía profesional.
El panorama para la libertad de expresión es desalentador. Sin embargo, la resistencia informativa continúa. Periodistas dentro y fuera de Nicaragua mantienen su compromiso.
Sus reportajes documentan la realidad cotidiana del país. Estas investigaciones serán fundamentales para la memoria histórica. También proporcionan evidencia para futuros procesos de justicia.
La comunidad internacional debe mantener la atención sobre Nicaragua. La presión diplomática puede contribuir a proteger a periodistas. Las sanciones económicas también tienen un papel disuasorio.
No obstante, el régimen ha demostrado resistencia a la presión externa. Su alianza con otros gobiernos autoritarios le proporciona respaldo. Esta red de apoyo mutuo complica los esfuerzos internacionales.
La situación requiere una estrategia integral y sostenida. Proteger a los periodistas debe ser una prioridad. Su trabajo es esencial para documentar y denunciar abusos.
Sin información libre, la rendición de cuentas es imposible. La democracia depende del acceso a información veraz. Por eso, defender la libertad de prensa es defender la democracia misma.
