El acceso a la vivienda en Colombia ha experimentado un cambio significativo en los últimos años, reflejando una serie de desafíos económicos y políticos que han afectado a miles de familias. Según el presidente de Camacol, los fallos en la política de vivienda han provocado un retroceso de una década. Este panorama se ve reflejado en las cifras del DANE, que muestran que actualmente hay más hogares viviendo en arriendo que aquellos que son propietarios de su vivienda. Hasta 2022, la mayoría de los colombianos tenía casa propia, pero esta tendencia ha cambiado, planteando interrogantes sobre las razones detrás de esta disminución en la compra de viviendas.
En 2024, el 40,4 % de los hogares vivía en arriendo o subarriendo, mientras que solo el 36 % tenía una casa propia totalmente pagada. Además, el porcentaje de aquellos que están pagando su vivienda ha caído al 3,5 %, una disminución sostenida desde 2019. Aunque el déficit habitacional ha disminuido, pasando del 32,8 % en 2019 al 26,8 % en 2024, sigue siendo preocupante que casi 27 de cada 100 hogares vivan en condiciones inadecuadas. Estas condiciones incluyen deficiencias estructurales, hacinamiento y materiales precarios en pisos y paredes
El gobierno de Gustavo Petro se propuso otorgar 50.000 subsidios de vivienda al año durante su mandato, con un total de 200.000 subsidios. Hasta diciembre del año pasado, se habían otorgado 124.047 subsidios, superando la meta anual con 50.218 subsidios en 2024. Sin embargo, la suspensión del programa ‘Mi Casa Ya’ debido a limitaciones fiscales ha tenido un impacto significativo. Este programa era crucial para facilitar la financiación de viviendas para los hogares de bajos ingresos, en colaboración con los subsidios de las cajas de compensación familiar.
El mercado de viviendas de interés social (VIS) ha sido particularmente afectado. Según Guillermo Herrera, presidente de Camacol, las ventas de vivienda nueva han disminuido. En el primer trimestre del año, se vendieron 34.000 unidades, 1.000 menos que en el mismo periodo de 2024. Comparado con 2022, cuando se vendieron 70.000 unidades entre enero y marzo, la caída es notable. Herrera señala que las ventas se han estabilizado en 150.000 unidades al año, un nivel similar al de 2012. Esto refleja un retroceso de más de una década debido a los fallos en la política de vivienda.
Además, los desistimientos de compra han aumentado, con 33.000 personas renunciando a la compra de vivienda en el último año, de las cuales 24.000 corresponden a unidades de interés social. Herrera atribuye esto a la falta de cumplimiento en la asignación de subsidios de ‘Mi Casa Ya’. A pesar de la falta de diálogo del gobierno sobre este tema, el sector necesita vías para reactivarse. Los cambios en la política pública han afectado a más de 70.000 hogares.
La oferta de subsidios de vivienda ha recaído principalmente en las cajas de compensación familiar, en un país donde la mayoría de los trabajadores son informales y no cotizan a estas prestaciones. Además, los precios de la vivienda nueva han aumentado debido al encarecimiento de materiales, mano de obra y baja oferta de unidades. En 2023, los costos de los apartamentos crecieron un 12 %, y en 2024 cerraron en un 9,2 %.
La inflación también ha jugado un papel crucial. Según el DANE, los costos de alojamiento y servicios públicos han aumentado un 6,29 %, lo que ha incrementado el costo del arriendo y otros gastos del hogar. Esto reduce las posibilidades de ahorro para adquirir una vivienda propia. Aunque las tasas de interés han disminuido, no lo han hecho al ritmo de la inflación, manteniéndose altas. El país aún no ha alcanzado su meta de inflación del 3 %, lo que hace que los créditos sigan siendo costosos.
