Heiner Gaitán, con camisa blanca y saco oscuro, gesticulando en el set del reel de Instagram
Foto: captura del video de @heinergaitan_ en Instagram

El representante a la Cámara por Cundinamarca Heiner Gaitán, del Pacto Histórico, defendió las compras de predios que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) le hizo a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Lo hizo el 1 de noviembre en un reel de 83 segundos en su cuenta de Instagram, en el que responde a un cuestionamiento sobre esas compras.

En el video, Gaitán dice que la ANT le compra a la SAE, que es otra entidad pública. Según él, la SAE administra una cuenta del Estado llamada Frisco. Allí están los bienes que el Estado ha incautado a las mafias. Esos bienes tienen distinta situación jurídica: algunos tienen embargos y otros, dudas sobre sus dueños.

El congresista agrega que la ANT paga con recursos públicos y que «esos recursos van al Frisco». Por eso concluye que «no hay manos privadas» en el proceso de compra de tierras.

El tema viene de un informe de la Contraloría sobre la ANT, de la vigencia 2025. Según el organismo, la ANT pagó $979.003 millones por 537 predios de extinción de dominio. Los pagos salieron de dos contratos con la SAE, de $500.000 millones y $479.000 millones.

El hallazgo no habla de manos privadas. Señala que, al cierre de 2025, solo tres de esos predios estaban registrados a nombre de la Nación. También dice que los pagos atados a la escrituración y el registro se flexibilizaron durante los contratos.

La Contraloría advirtió riesgos como embargos, reclamaciones de terceros y procesos judiciales. Añadió que, sin registro, los predios no se pueden adjudicar a campesinos.

La ANT del gobierno anterior respondió que no actuó al margen de la norma. Dijo que se trata de predios de extinción de dominio y despojo, y que seguía en saneamiento y avalúos. La Contraloría replicó que la agencia no desvirtuó el hallazgo.

Que el dinero entre al Frisco es una afirmación de Gaitán. Lo que se conoce del informe de la Contraloría y de las respuestas de la ANT no precisa a qué cuenta entraron los pagos.

Felipe Harman, director de la ANT hasta el 7 de agosto, defendió el convenio en julio con una línea parecida. Dijo que es «una operación entre entidades públicas» y que «no hay recursos públicos en riesgo». Su respuesta a la denuncia más reciente de la agencia está en una nota anterior de El Centavo.

El segundo punto del reel es la titulación de tierras. Gaitán afirma que «sin una jurisdicción agraria, sin jueces agrarios, no hay quién titule». Dice que «hace unas semanas» la Corte Constitucional pidió al Consejo Superior de la Judicatura implementarla de forma gradual.

La decisión de la Corte sobre ese punto es del 22 de abril de 2026, en la sentencia C-099, hace algo más de seis meses. Ordenó adelantar las actuaciones preparatorias para que los despachos agrarios arranquen de forma gradual desde 2027. Mientras tanto, los jueces civiles siguen resolviendo estos procesos.

La ley ordinaria de la jurisdicción agraria se hundió el 20 de junio, al cierre de la legislatura. El gobierno de Gustavo Petro dijo entonces que volvería a presentarla.

En el texto del post, Gaitán afirma que el gobierno de Petro «gestionó 2.5 millones de hectáreas». Dice además que 1.878.000 «se encuentran tituladas». Las cifras coinciden con un comunicado de la ANT del 20 de diciembre de 2025, con un matiz en la primera.

En ese comunicado, la agencia habla de más de 2,5 millones de hectáreas «impactadas» y dice que, de ellas, 703.121 fueron «gestionadas». Sobre la segunda cifra, habla de la formalización de 1.878.711 hectáreas de propiedad rural.

El informe de empalme de la ANT, de julio de 2026, da otras medidas. Según ese informe, la formalización de pequeña y mediana propiedad llegó a 2.366.187 hectáreas, el 39 % de la meta. El Fondo de Tierras entregó 351.463 hectáreas, de las cuales 98.148 tenían registro pleno.

Gaitán cierra el post con una crítica al gobierno de Abelardo de la Espriella: «La política de Abelardo es la del atraso para el campo y los campesinos de Colombia». Su bancada se declaró en oposición a ese gobierno.

La actual directora de la ANT, Lina María Garrido, anunció el 17 de septiembre una auditoría forense. También anunció denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Habló de «muchas irregularidades en el tema de compra de tierras». Hasta ahora no hay imputaciones ni condenas contra nadie por estas compras.

Fuentes: Instagram de Heiner Gaitán, Contraloría General de la República, Agencia Nacional de Tierras, Corte Constitucional, Congreso Visible, El Tiempo, La FM, Infobae, Portafolio.

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