Un borrador de la Función Pública plantea reducir de 209 a 104 las entidades del Ejecutivo. Lo reveló Noticias RCN a finales de octubre de 2026.
El documento tiene 36 páginas y no es oficial. Está en revisión de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y no ha sido radicado en el Congreso. Lo que se conoce de su contenido viene de ese reporte.
Según ese reporte, se suprimirían, fusionarían o reorganizarían 105 entidades. Se fusionarían Cultura con Deporte, y Educación con Ciencia, Tecnología e Innovación. Los ministerios seguirían siendo 18.
Además se crearían dos ministerios. Uno sería el de Presidencia, Democracia, Convivencia y Gobernanza, con las funciones del Dapre. El otro sería el de Desarrollo Social, Inclusión, Ciudadanos y Familia, que recogería funciones del DPS y del ICBF.
Los seis departamentos administrativos quedarían en dos. Uno sería Planeación Nacional, Inversión y Desarrollo. El otro sería el de Información, Estadística y Evidencia Pública, que reemplazaría al DANE.
No hay una lista pública completa de las demás entidades afectadas. Los ministerios absorberían funciones de agencias, direcciones y superintendencias.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, había dicho que la meta era pasar de 18 a 13 ministerios. Esa reducción, en cambio, no aparece en el borrador. Reducir el Estado en 40 % fue una bandera de campaña de Abelardo de la Espriella.
Lo que sí está en el Congreso es el artículo 7 de la Ley de Rescate Económico, radicada el 29 de octubre como Proyecto de Ley 477 de 2026 en la Cámara.
Ese artículo pide facultades extraordinarias para el presidente durante seis meses. Con ellas podría suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos y otras entidades. También podría reasignar funciones, crear entidades y modificar plantas de personal, incluida la supresión de empleos.
El artículo 150 de la Constitución le da al Congreso la tarea de definir la estructura de la administración nacional. Puede delegarla al presidente de forma temporal, con mayoría absoluta de ambas cámaras y sobre materias precisas.
Hay un antecedente. En febrero de 2003, el gobierno de Álvaro Uribe usó facultades extraordinarias para reestructurar 465 entidades.
La representante Isabel Vera, del Pacto Histórico, calificó el artículo de «mico autoritario» en X. Dijo que el Gobierno busca crear, fusionar o suprimir entidades «a su antojo», saltándose al Congreso.
La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, defendió el mecanismo: «las facultades extraordinarias son el mecanismo indicado para lograr una reestructuración de alto alcance en el Estado». Recordó el precedente de 2003.
El Gobierno no se había pronunciado públicamente sobre el borrador al cierre de esta nota. Tampoco hay comunicado de la Presidencia ni de la Función Pública.
Las sesiones ordinarias del Congreso terminan el 16 de diciembre, y el Gobierno quiere aprobar la ley antes.
Fuentes: Noticias RCN, Isabel Vera (X), El Colombiano, El Espectador, Infobae.
