Golpe al crimen organizado: Desarticulan red de extorsión que operaba desde la cárcel El Barne
Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía logró desmantelar una sofisticada red criminal que operaba desde el centro penitenciario El Barne, ubicado en Cómbita, Boyacá.
Los cabecillas de la organización, conocidos con los alias de “El Negro” y “Panda”, dirigían desde su reclusión un lucrativo esquema de extorsión telefónica. A través de llamadas intimidatorias, la red criminal llegó a obtener ganancias mensuales superiores a los 1.200 millones de pesos.
Durante el operativo, las autoridades incautaron un arsenal tecnológico que incluía 105 teléfonos celulares, tres módems para conexión a internet y 53 tarjetas SIM. Además, se decomisaron 23 directorios con información de posibles víctimas de extorsión.
La red criminal había sofisticado sus métodos delictivos, llegando incluso a suplantar la identidad de grupos armados ilegales para incrementar el nivel de intimidación sobre sus víctimas. Esta táctica les permitía ejercer mayor presión psicológica durante las llamadas extorsivas.
El material probatorio decomisado incluye también 100 accesorios complementarios como cargadores y dispositivos manos libres. Las autoridades hallaron además 29 armas cortopunzantes dentro del centro penitenciario. El valor total de los elementos incautados supera los 500 millones de pesos.
Este operativo evidencia la persistencia de estructuras criminales que continúan delinquiendo desde los centros penitenciarios, aprovechando el acceso ilegal a dispositivos de comunicación. La incautación de los directorios extorsivos sugiere una operación sistemática y organizada.
Las autoridades destacan que esta acción representa un golpe significativo a las finanzas del crimen organizado, considerando el volumen de ingresos ilegales que generaba mensualmente la organización criminal a través de sus actividades extorsivas.
La operación pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las autoridades penitenciarias para controlar el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles, especialmente dispositivos electrónicos que facilitan la continuidad de actividades delictivas desde el interior de los centros de reclusión.
