El pasado 18 de agosto se conoció un proyecto de ley que busca crear un Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST). Esta plataforma permitiría advertir a la población segundos antes de la llegada de las ondas más fuertes de un terremoto. La iniciativa fue presentada por la senadora María Lucía Villalba, del Nuevo Liberalismo. Esto ocurrió pocos días después del sismo de magnitud 7,4 que golpeó al país. Varias ciudades quedaron gravemente afectadas por este evento.
La propuesta plantea una alerta de alcance nacional que pueda llegar simultáneamente a celulares, radio y televisión. El objetivo es aprovechar el breve margen que puede existir entre la detección de un movimiento telúrico. También busca aprovechar el tiempo hasta la llegada de sus ondas más destructivas a otras regiones. De esta manera, la alerta podría dar tiempo para tomar medidas de protección. Esto ocurriría antes de que llegue el impacto más fuerte.
El proyecto establece que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) sea la entidad encargada de detectar los sismos. Esta institución determinaría cuándo debe activarse una alerta oficial. Una vez emitida, el mensaje sería distribuido de manera automática y simultánea. Los operadores de telecomunicaciones serían los encargados de esta distribución. El sistema funcionaría independientemente de la marca del celular. Tampoco importaría el operador móvil que tenga el usuario. Incluso funcionaría sin importar si el usuario cuenta con datos o saldo.
La iniciativa también contempla a los medios tradicionales de comunicación. Una alerta podría interrumpir la programación de radio y televisión. Esto permitiría transmitir instrucciones de emergencia en tiempo real. Mientras tanto, los teléfonos recibirían una notificación prioritaria. La propuesta busca así que la información llegue por diferentes canales. No dependería exclusivamente de que una persona tenga acceso a una aplicación. Tampoco requeriría que consulte voluntariamente una plataforma.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tendría a su cargo la coordinación de la operación del sistema. Además, se encargaría de las labores de pedagogía. También coordinaría la preparación ciudadana y respuesta comunitaria. El esquema requeriría, por tanto, que distintas entidades públicas y operadores privados trabajen bajo protocolos comunes. Esto sería necesario para activar y distribuir las alertas de manera efectiva.
Según la senadora Villalba, el envío, la recepción y el despliegue de las alertas no tendrían ningún costo. Esto aplicaría tanto para los ciudadanos como para el Estado. El proyecto propone que los operadores de telecomunicaciones integren sus redes al sistema nacional. También establece la participación obligatoria de los operadores de radio y televisión. Esta integración sería fundamental para el funcionamiento del sistema.
Ya existe una herramienta capaz de advertir sobre algunos movimientos telúricos. Es el sistema de alertas sísmicas de Android. Sin embargo, esta tecnología funciona a través de una plataforma privada. No constituye un mecanismo oficial coordinado por el Estado. El proyecto presentado por Villalba busca establecer una infraestructura pública con cobertura nacional. Contempla una participación articulada de diferentes redes.
Para que ese sistema pueda operar, el proyecto contempla una reglamentación técnica. En ella participarían el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. También estarían involucrados el SGC, la UNGRD y la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Inravisión y los operadores y concesionarios de radio, televisión y telecomunicaciones completarían el equipo.
Esa reglamentación tendría que establecer los estándares de interconexión entre el SGC y las redes móviles. Definiría los protocolos para la interrupción automática de radio y televisión. También establecería los umbrales técnicos necesarios para activar las alertas. Los cronogramas de adecuación tecnológica serían otro componente esencial. Además, incluiría pruebas piloto y simulacros nacionales. Estos permitirían evaluar el funcionamiento del sistema antes de su implementación definitiva.
La senadora enfocó esta nueva propuesta hacia la prevención como enseñanza de este desastre. “Ninguna ley devuelve lo que se perdió el 10 de agosto, pero sí decide lo que pueda pasar la próxima vez”, afirmó Villalba al presentar la iniciativa. Sus palabras reflejan la urgencia de contar con mecanismos preventivos.
El proyecto, sin embargo, apenas comienza su recorrido legislativo. Antes de convertirse en ley tendrá que superar cuatro debates en el Congreso. Posteriormente recibiría la sanción presidencial. Mientras tanto, el Gobierno y las entidades involucradas tendrían que definir los aspectos técnicos necesarios. Estos serían fundamentales para conectar la detección de los sismos con las redes. Estas redes distribuirían las alertas a toda la población.
La propuesta también recoge una preocupación que ya había planteado la Defensoría del Pueblo. Según esa entidad, cerca del 80 por ciento de la población colombiana está expuesta a amenazas sísmicas. Esto representa aproximadamente 45 millones de personas. Estas personas enfrentan amenazas sísmicas altas o intermedias. La cifra pone el foco sobre la necesidad de fortalecer la prevención. Esto debe ir más allá de las zonas directamente afectadas por el terremoto de agosto.
Además, se pretende que la alerta previa pueda llegar a la mayor cantidad posible de personas. No debería depender del tipo de teléfono que tenga cada ciudadano. Tampoco del operador o conexión disponible. Si supera el trámite legislativo y se implementa, Colombia tendría un sistema coordinado por entidades estatales. Este sistema detectaría los movimientos, definiría cuándo emitir una alerta. También la distribuiría por celulares, radio y televisión de manera simultánea.
El reto ahora será convertir esa propuesta en una infraestructura nacional operativa. Se requiere coordinación entre múltiples actores públicos y privados. También se necesita inversión en tecnología y capacitación. La implementación de protocolos claros será fundamental. Los simulacros permitirán identificar fallas antes de una emergencia real.
Los segundos que pueden separar la detección del sismo y la llegada de las ondas más fuertes son cruciales. Ese breve margen de tiempo puede salvar vidas. Permite que las personas se protejan adecuadamente. También posibilita que se activen protocolos de emergencia en infraestructuras críticas. Hospitales, escuelas y edificios públicos podrían beneficiarse enormemente.
La experiencia del terremoto del 10 de agosto mostró la vulnerabilidad del país. Muchas personas no tuvieron tiempo de reaccionar adecuadamente. La información llegó de manera fragmentada y desorganizada. Un sistema unificado y automático podría cambiar radicalmente esta situación. La diferencia entre recibir una alerta o no puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Los operadores de telecomunicaciones tendrían un papel fundamental en este sistema. Deberían garantizar que las alertas lleguen de manera inmediata. No podrían existir demoras ni filtros comerciales. La naturaleza de emergencia de estas comunicaciones requiere prioridad absoluta. Las redes deberían estar preparadas para manejar el volumen masivo de mensajes simultáneos.
Los medios de comunicación tradicionales también asumirían una responsabilidad importante. La interrupción automática de su programación sería necesaria. Esto podría generar costos operativos que deberían ser considerados. Sin embargo, el beneficio social justificaría ampliamente esta medida. La capacidad de alcanzar a personas que no tienen celulares es invaluable.
El componente educativo del sistema también merece atención especial. No basta con enviar alertas si la población no sabe cómo reaccionar. La UNGRD tendría que desarrollar campañas pedagógicas extensivas. Estas campañas enseñarían a las personas qué hacer al recibir una alerta. También explicarían las limitaciones del sistema y sus alcances reales.
Los simulacros nacionales serían esenciales para familiarizar a la población con el sistema. Permitirían identificar problemas técnicos antes de una emergencia real. También ayudarían a reducir el pánico que podría generarse con las alertas. La repetición y la práctica son fundamentales para que las respuestas se vuelvan automáticas.
La coordinación internacional podría enriquecer el proyecto colombiano. Países como México y Japón tienen experiencia extensa en sistemas de alerta sísmica. Sus lecciones aprendidas podrían acelerar la implementación en Colombia. También podrían evitarse errores que otros países ya cometieron. El intercambio de conocimiento técnico sería muy valioso.
El financiamiento del sistema es otro aspecto que requerirá atención cuidadosa. Aunque las alertas serían gratuitas para los usuarios, alguien debe costear la infraestructura. El Estado tendría que hacer inversiones importantes en tecnología. También en el fortalecimiento de las capacidades del SGC. Los operadores privados podrían requerir incentivos o compensaciones.
La privacidad y seguridad de los datos también deben ser consideradas. Un sistema que puede enviar mensajes masivos a todos los celulares tiene potencial de abuso. Deben existir salvaguardas robustas contra su uso indebido. Solo las autoridades designadas deberían poder activar las alertas. Los protocolos de verificación deben ser estrictos para evitar falsas alarmas.
Las falsas alarmas representan un riesgo significativo para cualquier sistema de alerta. Si ocurren con frecuencia, la población podría comenzar a ignorar las advertencias. Esto anularía completamente el propósito del sistema. Por eso, los umbrales técnicos para activar alertas deben ser cuidadosamente calibrados. Deben balancear la sensibilidad con la especificidad.
La infraestructura tecnológica del SGC necesitará fortalecimiento considerable. Debe poder detectar sismos con precisión y rapidez. También debe calcular rápidamente la magnitud y las áreas que serán afectadas. Los algoritmos de predicción deben ser constantemente actualizados. La red de sismógrafos debe expandirse y modernizarse.
El tiempo de respuesta del sistema será crítico para su efectividad. Desde la detección hasta la distribución de la alerta deben pasar solo segundos. Cada segundo cuenta cuando se trata de proteger vidas. Los sistemas automatizados serán preferibles a los procesos que requieren intervención humana. La velocidad debe ser la máxima prioridad en el diseño del sistema.
Las zonas rurales y remotas presentan desafíos particulares. Muchas no tienen cobertura celular confiable. Tampoco tienen acceso constante a radio o televisión. El sistema debe contemplar alternativas para estas poblaciones. Sirenas comunitarias o sistemas de altavoces podrían ser necesarios. La equidad en el acceso a las alertas es fundamental.
La población con discapacidades también debe ser considerada en el diseño. Las alertas visuales deben acompañar a las sonoras para personas sordas. Las alertas auditivas deben complementar a las visuales para personas ciegas. Los mensajes deben ser claros y comprensibles para personas con discapacidades cognitivas. La inclusión no puede ser una idea tardía.
El mantenimiento continuo del sistema será tan importante como su implementación inicial. La tecnología evoluciona rápidamente y el sistema debe actualizarse. Los protocolos deben revisarse periódicamente basándose en nuevos aprendizajes. El personal técnico requiere capacitación constante. Los presupuestos deben contemplar estos costos recurrentes.
La coordinación con otros sistemas de emergencia será necesaria. Las alertas sísmicas deben integrarse con los protocolos de evacuación. También con los sistemas de respuesta de bomberos y servicios médicos. La información debe fluir eficientemente entre todas las entidades. Esto permitirá una respuesta coordinada y efectiva.
