La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) acordaron una estrategia conjunta para atender 46 tribunales de arbitramento activos. Las pretensiones alcanzan $16 billones, informaron ambas entidades tras una reunión de sus directivos.
La decisión resulta relevante por la cantidad de recursos públicos comprometidos. Estas controversias se derivan de los proyectos de infraestructura administrados por la ANI. De los procesos arbitrales vigentes, 25 son internacionales. Además, 21 corresponden al ámbito nacional.
La ANI registra, además, laudos ejecutoriados para pago a la Nación por $8 billones. Asimismo, tramita 18 solicitudes de amigable composición por $81.000 millones. Las cifras corresponden a categorías jurídicas diferentes. Fueron presentadas separadamente por la entidad.
La nueva hoja de ruta busca unificar la respuesta del Estado en las controversias abiertas. También pretende fortalecer la estructuración jurídica de los procesos. Igualmente, busca evaluar acuerdos directos con los concesionarios cuando esa alternativa resulte conveniente para los intereses públicos.
“Hoy estamos exponiendo la crítica situación de litigiosidad de la ANI”, afirmó Ricardo Ayerbe, presidente de la entidad. El encuentro fue sostenido con Germán Calderón España, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Según Ayerbe, la agencia tiene actualmente 46 tribunales de arbitramento activos. Las pretensiones económicas formuladas dentro de esos procesos ascienden a $16 billones. Esta cifra concentra el principal foco de la estrategia anunciada por las dos instituciones.
Del total, 25 arbitrajes tienen carácter internacional. Por otro lado, 21 se adelantan en Colombia. La Andje continuará acompañando la defensa jurídica de la ANI en las controversias de mayor impacto. Además, extenderá ese apoyo a nuevos casos vinculados con proyectos de infraestructura.
Su participación aportará experiencia en la representación del Estado ante tribunales arbitrales nacionales e internacionales. La coordinación pretende que las entidades mantengan una posición articulada. Esto frente a disputas contractuales que involucran proyectos y recursos públicos administrados por la ANI.
Los $16 billones corresponden a las pretensiones presentadas dentro de los procesos activos. Las pretensiones representan los valores reclamados dentro de los arbitrajes. Deberán ser resueltas por los respectivos tribunales conforme a los argumentos y pruebas presentados por las partes.
La estrategia institucional busca fortalecer la preparación jurídica de esos casos. Esto implica coordinar la actuación de ambas agencias. También busca ordenar la respuesta en las controversias. Igualmente, pretende aprovechar la experiencia de la Andje en procesos que pueden generar impactos económicos para la Nación.
El presidente de la ANI también informó que la entidad registra “solamente en laudos ejecutoriados para pago a la Nación” un monto de $8 billones. Un laudo es la decisión mediante la cual un tribunal arbitral resuelve una controversia sometida a su conocimiento. Al encontrarse ejecutoriado, el pronunciamiento alcanzó firmeza dentro del trámite correspondiente. Así lo indica la información presentada por la ANI.
La cifra de $8 billones no debe confundirse con los $16 billones reclamados en los 46 arbitrajes activos. Mientras el primer monto corresponde a laudos ejecutoriados para pago a la Nación, el segundo reúne pretensiones de procesos todavía en curso.
A ese panorama se suman 18 solicitudes de amigable composición por $81.000 millones. Este mecanismo permite que las partes sometan una diferencia contractual a terceros llamados amigables componedores. Estos están encargados de definir una solución dentro de los términos aplicables.
Las dos agencias contemplan estudiar propuestas de arreglo para los procesos arbitrales. También para las amigables composiciones actualmente en trámite. La posibilidad de acudir a acuerdos directos será analizada únicamente cuando resulte conveniente. Esto para proteger los recursos y los intereses estatales.
“Invitamos a la Agencia a que nos acompañe en la formulación de propuestas de arreglo para cada uno de estos procesos arbitrales y de amigable composición que están en trámite ante la ANI”, señaló Ayerbe al finalizar el encuentro institucional.
La formulación de acuerdos no supone que todos los procesos terminarán mediante una negociación. La hoja de ruta plantea explorar ese camino dependiendo de las características de cada controversia. Mientras tanto, continúa la defensa jurídica ante los tribunales correspondientes.
El encuentro entre Ayerbe y Calderón España concluyó con la definición de una hoja de ruta conjunta. El primer objetivo será unificar la estrategia en los litigios en curso. También coordinará la intervención de las dos entidades en casos de alta relevancia.
El segundo componente será reforzar la estructuración jurídica de los procesos. La medida busca mejorar la preparación de los argumentos. Igualmente, busca mejorar la actuación institucional frente a reclamaciones relacionadas con los proyectos de infraestructura. Estos se encuentran bajo responsabilidad de la ANI.
El tercer frente consiste en explorar mecanismos de arreglo directo con los concesionarios. Esto cuando sean jurídicamente viables y convenientes. Las agencias señalaron que este trabajo pretende proteger los recursos públicos. También busca ofrecer seguridad jurídica al programa nacional de infraestructura.
La Andje mantendrá el acompañamiento que ya presta a la ANI. Además, lo extenderá a nuevas controversias. Esa participación abarcará tanto tribunales nacionales como internacionales. Esto de acuerdo con las necesidades de representación identificadas por las entidades.
Por ahora, el punto de partida está compuesto por 46 arbitrajes activos. También por pretensiones por $16 billones. Además, laudos ejecutoriados para pago a la Nación por $8 billones. Finalmente, 18 solicitudes de amigable composición valoradas en $81.000 millones.
Con la nueva coordinación, la ANI y la Andje buscarán presentar una defensa articulada en los litigios de infraestructura. También evaluarán soluciones en los casos que lo permitan. Finalmente, buscarán reducir la exposición de los recursos públicos frente a controversias contractuales de elevado impacto económico.
